El financiamiento del plan de reconstrucción que deberá diseñar el gobierno de Sebastián Piñera ya comienza a instalarse en el centro del debate público, que no sólo se expresa en el parlamento sino al interior del propio gobierno y sus partidos aliados.
El financiamiento de un plan que por lo bajo le costará al fisco unos diez mil millones de dólares, y al país unos 30 mil millones- ya ha alineado a las tradicionales y poderosas fuerzas oficiantes del libre mercado, que observan las consecuencias de la catástrofe como una nueva oportunidad para entregarle sus soluciones al mismo mercado.
Otras voces, éstas procedentes de la Concertación, han levantado, tal vez más por oportunismo que por verdadera convicción, propuestas propias de un estado bienestar keynesiano, aquel que se hace cargo de forma activa y directa de las decisiones económicas y del curso que ha de seguir la economía.
Una tercera voz parece estar radicada y tal vez un poco aislada en el mismo ministro de Hacienda, el economista de Harvard Felipe Larraín, que a través de sus numerosas declaraciones mantiene una posición, si no intermedia, levemente alejada de la ortodoxia neoliberal. A los pocos días de asumir su cargo, y tras una reunión con los representantes de los principales grupos económicos del país, como los Matte, Luksic, Said, entre algunos otros, Larraín dijo que la reconstrucción podría, y enfatizó en la eventualidad de esta idea, financiarse en parte con un alza tributaria. A las pocas horas precisó aún más sus palabras para descartar que el aumento tributario tocaria a las personas o a las pymes. La mayor carga impositiva, esbozó, podría aportarla la venturosa e intocable gran minería. Leer màs
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