Memoria histórica. Detenidos-desaparecidos en Chile. Primera parte

por Raúl Auth Caviedes (Chile)

miércoles, 09 de junio de 2010

Las declaraciones del embajador Miguel Otero al diario Clarín de Argentina demuestran cuán necesario resulta en recordar la realidad de lo ocurrido en Chile durante la cruel dictadura de Pinochet. Es abismante escuchar a este destacado miembro de RN decir que ignora la participación de Estados Unidos en la desestabilización del gobierno de Allende, que ha sido tan extensamente documentada. También es increíble que, sobre las violaciones a los derechos humanos, exprese: “yo no creo sinceramente que haya sido un acto institucional... hay gente que abusa de la autoridad y se extralimita”. Es grave ver que esta inconcebible opinión tuviera el respaldo de Carlos Larraín y de Juan Antonio Coloma, presidentes de RN y la UDI, respectivamente. Más seria aún fue la manifestación de absoluta concordancia manifestada por el senador José García Ruminot. Indefinidas parecieron las declaraciones del canciller, Alfredo Moreno, al expresar: “No representa la postura del gobierno. Son opiniones personales que son respetables y que naturalmente respeto”. Como testigo directo de lo acontecido en Chile durante la tiranía de Pinochet considero indispensable tomar partido por la verdad. Por ello, presentaré una serie de artículos sobre un tema extremadamente lamentable y penoso: los detenidos-desaparecidos. Este es el primero de ellos. El encontrar los cuerpos de los detenidos-desaparecidos en una dictadura y descubrir los culpables para juzgarlos es un problema casi insoluble.. Esto es especialmente dificultoso cuando las tiranías terminan en una transición pactada, que subrepticiamente garantiza impunidad. En España, la unanimidad del Consejo General del Poder Judicial ha suspendido al juez Garzón por intentar ubicar los restos, después de trascurridos más de 34 años de la muerte de Franco. En Chile, en la mayoría de los casos, se desconoce el destino de los cadáveres, lo que constituiría un desprestigio para los partidarios de la dictadura. Pero, paradojalmente el partido político, nacido al amparo de Pinochet, es mayoritario por votación popular y el Presidente Piñera, elegido por una coalición de derecha, fue uno de los fervientes defensores del dictador cuando estuvo detenido en Londres. No cabe duda que la principal violación a los DDHH es asesinar y hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas. En Chile, antes del 11 de septiembre de 1973, los casos de desapariciones forzadas, realizadas por agentes del Estado, habían sido motivo de gran conmoción pública. Originó gran revuelo el caso el profesor Manuel Anabalón Aedo ocurrido en 1932, durante la breve dictadura de Carlos Dávila, que luego provocaría el asesinato del periodista Luis Mesa Bell por su denuncia del hecho. El impacto social de estos crímenes motivaron al presidente Arturo Alessandri Palma a cambiar la dependencia del Servicio de Investigaciones, desde Carabineros, al Ministerio del Interior Raíz de la uniformidad metodológica de la represión en América Latina. En 1962, el Secretario de Defensa del gobierno del presidente Kennedy, Robert McNamara, como una reacción a la estabilización de la revolución cubana, después del fracaso de la invasión de la Bahía Cochinos, estableció la teoría de Seguridad y Desarrollo extendida a la totalidad de los países latinoamericanos. Con esta maniobra se pretendía impartir una ideología común antimarxista y evitar que otra nación de la zona siguiera el ejemplo cubano. Surgió así la Alianza para el Progreso y el establecimiento de una política de concientización y entrenamiento en contrainsurgencia de los militares de América Latina. Tenía la ventaja de no requerir invasiones con sus propias fuerzas armadas, lo que despertaba animadversiones nacionalistas en su contra. En los hechos se instalaba una especie de protectorado castrense de los países hispanoamericanos bajo la tuición de Estados Unidos. Las palabras expresadas por McNamara, al iniciar este proyecto, fueron claras respecto a su objetivo: “Probablemente el mayor rendimiento de nuestras inversiones en ayuda militar proviene del adiestramiento de oficiales seleccionados y de especialistas claves en nuestras escuelas militares y sus centros de adiestramiento en Estados Unidos y ultramar (...) Son los líderes del futuro, los hombres que dispondrán de pericia y la impartirá a sus fuerzas armadas. No es necesario que uno se detenga a explicar el valor de contar con hombres en cargos directivos con conocimiento de primera línea de cómo los norteamericanos actúan y piensan. Para nosotros no tiene precio hacernos amigos de esos hombres (...) Tenemos un largo camino que recorrer para crear e instrumentar las contramedidas efectivas a la guerra revolucionaria”. En 1965, quizás aún no se cosechaban los frutos de tal preparación en los militares dominicanos por expertos estadounidenses. Así, en el mes de abril de ese año, se produjo una rebelión constitucionalista, encabezada por el coronel Francisco Caamaño que pretendía reponer en su cargo de Presidente en la República Dominicana al escritor y político de tendencia socialista Juan Bosch, que había sido derrocado en 1962 por un golpe militar, apoyado por Estados Unidos, a los siete meses de desempeñar la Primera Magistratura. Invocando evitar una nueva Cuba, Lyndon Johnson, calificando a Bosch de comunista, ordenó invadir el país con 20.000 marines. Las tropas estadounidenses permanecieron allí hasta preparar el acceso al poder de un hombre de su confianza, el oportunista y ubicuo político Joaquín Balaguer. En Brasil, en 1964, ya se habían logrado las condiciones para que los militares entrenados en Estados Unidos depusieran al popular Presidente izquierdista Joao Goulart, siguiendo la Doctrina Continental de Seguridad Nacional entendida como la eliminación radical de los marxistas. Allí los uniformados brasileros usaron los métodos de contrainsurgencia aprendidos tales como matar despiadadamente, torturar, hacer desaparecer, violar, reprimir violentamente a  cualquier individuo rotulado de comunista o afín a éstos. Fueron aún más lejos instalando, un centro de adiestramiento con asesores franceses experimentados en la guerra de liberación de Argelia. Después cosecharían plenos resultados en Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina, lo que explica la gran similitud de los procedimientos represivos utilizados en Brasil, cuyos militares servirían de eficientes asesores. Todos los golpes militares en esos países tendrían el mismo sello de deshumanización de terrorismo de Estado asimilado en la Escuela de las Américas.  Esto explica que no hubiese diferencias en la forma de represión y asesinato de personas calificadas de marxistas en países de larga tradición democrática y tolerancia a diversas ideologías como Uruguay y Chile, porque sus Fuerzas Armadas y policiales tenían la misma formación doctrinaria y adiestramiento en los centros norteamericanos de contrainsurgencia. El general, Martín Balza, fue el único Comandante en Jefe latinoamericano que pidió perdón por las atrocidades cometidas por sus compañeros de armas, por lo cual fue duramente denostado por Pinochet, calificándolo de traidor. Balza. comentaba que el golpe dado en Argentina en 1976, había sido muy diferente a los anteriores por la brutalidad ejercida. Esta desigualdad se debió a que la represión estuvo a cargo de eficientes alumnos de la Escuela de las Américas.  El éxito en implantar la ideología que los estadounidenses consideraban necesaria a sus intereses, se comprueba patentemente en una carta del coronel ® Benjamín Escobar Moreira publicada en la revista PEC de 26 de julio de 1968 que, en su parte final, decía: “Una cosa si puedo establecer perentoriamente. Que siendo un convencido y leal partidario de la democracia, estaré con Estados Unidos en su lucha contra la esclavitud y gustoso ofrendaré mi vida antes de aceptar la ignominia de la subyugación a las fuerzas imperialistas y regresivas del comunismo infamante”. De todas formas, Estados Unidos no descartó totalmente la invasión con sus propias fuerzas armadas. En octubre de 1983 la pequeña isla de Granada, de 90.000 habitantes, fue ocupada para detener la llamada “revolución del pueblo” encabezada por Maurice Bishop, muerto poco antes de la invasión. Ronald Reagan declaró “llegamos apenas a tiempo para evitar la ocupación de Granada por los cubanos”. En diciembre de 1989, George Bush padre, ordenó la operación “causa justa” para derrocar a Manuel Noriega, en base a la Doctrina de Seguridad Nacional.. Este corrupto dictador había sido agente pagado de la CIA y colaborador de los contra en Nicaragua, se le llamaba “el hombre de Washington en América Latina”. Pero había cometido el pecado de hacer cerrar la Escuela de las Américas y convertirse en una gran traficante de drogas hacia Estados Unidos. En esta acción murieron entre 3.000 y 5.000 panameños. Noriega fue apresado y condenado en USA, en donde recibió un trato preferencial. Ha sido liberado recientemente  y extraditado a Francia, pero la Justicia panameña reclama que retorne a su país para responder por sus crímenes Motivaciones para hacer desaparecer los cadáveres. La acción de eliminar los cuerpos de las víctimas es aberrante y impropia a un comportamiento civilizado. Históricamente ha sido la forma más agraviante de dañar a un adversario. La desaparición definitiva del cadáver implica el permanecer en el limbo histórico de las “no personas”, constituyendo el mayor ultraje que se puede infringir a un ser humano. Las razones de los asesinos pueden ser diversas: 1.- En la tradición judeocristiana, es considerado trascendental enterrar los fallecidos y honrar sus tumbas. En los griegos, eran muy importantes las honras fúnebres, pues creían que el alma de un cuerpo que no era enterrado estaba condenada a vagar por la tierra eternamente. La célebre tragedia de Sófocles, “Antígona” recalca su trascendencia. Dentro de estos valores sociales, el impedirlo implica incrementar el   dolor y la pesadumbre ocasionada por la defunción. El occiso, fuera de la muerte, sufre la afrenta de aparecer como una persona que nunca hubiese existido. El odio irracional, puede llevar a un individuo enajenado a provocar intencionadamente este inmenso daño psicológico a los familiares. Un escalofriante ejemplo es el caso del fiscal militar, Alfonso Podlech, quién, en Temuco, se negó a entregar el cadáver del jefe zonal del Servicio Nacional de Salud, doctor Hernán Henríquez. Este médico, consciente de no haber cometido delito alguno, al ser citado, se había prontamente presentado al regimiento respectivo, junto al dirigente de la FENATS, Alejandro Flores. Días más tarde se comunicó que ambos habían sido muertos en un intento de fuga y enterrados. A la viuda, Ruth Kries, Podlech se rehusó a entregar los restos de su marido, aduciendo rudamente: “los enemigos de la Patria no tienen derecho a tumba”.  A los militares chilenos no les importó la existencia del artículo 120, del Convenio de Ginebra que, de acuerdo a su honor, estaban comprometidas a respetar. Esta disposición, que debe ser acatada por todas las fuerzas armadas del mundo, establece: “las autoridades en cuyo poder se encuentren los prisioneros, se cuidarán de que los fallecidos en cautiverio, sean enterrados honorablemente, si es posible, con arreglo a los ritos de la religión a que pertenezcan y de que las sepulturas sean respetadas, decentemente mantenidas y marcadas de modo que puedan ser siempre reconocidas. Los prisioneros serán enterrados individualmente, salvo caso de fuerza mayor que imponga una tumba colectiva”. 2.- El hacer desaparecer el cuerpo de un occiso, es un recurso utilizado con frecuencia por el victimario, para escapar de ser condenado por el crimen. Es difícil configurar el delito, si el cuerpo de la víctima no aparece, no puede tenerse absoluta certeza de su muerte. Generalmente, los asesinatos considerados perfectos, lo han sido por haber tenido éxito en el ocultamiento o eliminación definitiva de los restos de sus víctimas.. Esto hace entendible que, años después, cuando se descubrieron los cadáveres en los hornos de Lonquén, Pinochet, con mentalidad de tinterillo, adquirida en sus frustrados estudios de leyes, dio la orden de hacerlos desaparecer definitivamente. Los militares se preocuparon de desterrar todos los restos posibles, para eliminarlos, incinerándolos, lanzándolos al mar o llevándolos a lugares inaccesibles, evitando así el hallazgo de más cuerpos. Demuestra que Pinochet tenía conciencia del delito y su pretensión de encubrirlo a toda costa. Confiaba en que el pacto de silencio de los uniformados nunca se rompería, pese al gran número de involucrados. Nunca se imaginó que, con su detención en Londres, al producirse la instalación de una mesa de diálogo para ayudar a su regreso, la muralla del silencio se derribaría al reconocer los militares una masiva eliminación de los cuerpos. 3.- El temor y el odio a las víctimas, por haber constituido una amenaza inminente a las propias vidas, puede conducir hacia conductas extremas, como el asesinato con extrema crueldad y el hacer desaparecer los cuerpos. El afán de venganza resulta incontenible, todo aparece justificado al presentarse como una anticipación a la acción mortal del adversario Este fenómeno ocurrió en Uruguay y Argentina con los movimientos guerrilleros a los cuales se les atribuyeron funestos planes que amenazaban la vida de la población. En Brasil, los militares dieron a conocer un supuesto plan en que los partidarios del presidente Goulart pretendían asesinar a militares y a partidarios de la derecha. En Chile, copiando la pauta brasileña, se inventó la existencia del plan Zeta. Se utilizó la estrategia de hacer aparecer al golpe militar como un acción preventiva que se había anticipado a los propósitos criminales de los marxistas. Mediante esta táctica, los represores no se sienten dañando a seres indefensos, sino a perversos individuos que pretendían matarlos a ellos. Se promovió la falsa disyuntiva: eran ellos o nosotros Con este objetivo, se falsificaron pruebas de un plan de aniquilamiento de opositores, tanto de militares como de civiles, supuestamente fraguado por la Unidad Popular. El diario El Mercurio participó gustosamente en la maquinación de la dictadura informando el 23 de septiembre de 1973:  “La abertura a dinamitazos de la caja fuerte de la subsecretaría del Interior dejó al descubierto el minucioso plan elaborado para que se cumpliera el 17 de septiembre, a fin de asesinar simultáneamente a los jefes de las Fuerzas Armadas, políticos de oposición, periodistas y profesionales que discrepaban con el gobierno depuesto” La mayoría del PDC creyó en  la existencia del plan Zeta, y colaboró a su difusión tanto en Chile como en el extranjero. El 17 de septiembre, Patricio Aylwin, declaró a la prensa: Chile estuvo al borde del “Golpe de Praga” que habría sido tremendamente sangriento, y las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse a ese riesgo inminente“. Siete días más tarde manifestó al diario NC News Service “La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una acción preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado, que con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de 10.000 extranjeros que había en este país, pretendía o habría consumado una dictadura comunista”. El ex presidente Frei Montalva fue aún mas lejos en estas apreciaciones en sus declaraciones a diario ABC y en su carta a Mariano Rumor. “Ya estaban armadas las masas de guerrillas y bien preparado el exterminio de los jefes del Ejército (...) el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del Ejército, un armamento para más de treinta mil hombres, y el Ejército chileno no pasa normalmente de esa cifra (...) Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros, cuyas vidas no son ciertamente tan importantes como la de Chile, pero son muchas vidas humanas y todas amenazadas perentoriamente eran pocos los pasos que quedaban por dar para instaurar en plenitud en Chile una dictadura totalitaria” Muchas torturas, muertes y desapariciones se debieron a este supuesto plan que se demostró fue una siniestra artimaña para justificar el golpe militar. La propia CIA registró su inexistencia en sus informes. El general Gustavo Leigh admitiría, después de ser expulsado de la Junta Militar, que él fue engañado por falsos documentos –hojas sueltas-  que le fueron presentados por  el vicealmirante Patricio Carvajal, durante una sesión de la Junta.  4.- Hay un motivo aún más tenebroso y amargo de recordar. La muerte ha sido realizada con tal saña, que los cuerpos presentan horrendas lesiones, impresentables para cualquier persona, especialmente para los familiares. Es el caso de los ejecutados por la “caravana de la muerte”, encabezada por el general Sergio Arellano Stark. La impactante entrevista dada a TVN por el general Joaquín Lagos, 25 de enero del 2001, da una muestra de esta monstruosidad:: “Me daba vergüenza verlos. Si estaban hechos pedazos. No eran cuerpos humanos. De manera que yo quería armarlos, por lo menos dejarlos en forma decente, más o menos (...) Si les sacaban los ojos con los corvos, les quebraban las mandíbulas, todo, les quebraban las piernas... al final les daban el golpe de gracia. Se ensañaron... En la forma que procedieron me sentí con dolor, con impotencia, con rabia”. . Realmente el general Lagos se quedó corto, pues la imagen era: ojos, narices u orejas arrancadas con corvos, múltiples huesos fracturados,  cráneos deshechos por heridas de bala, pedazos de cerebro esparcidos en el suelo, o heridas abdominales, con vísceras expuestas al exterior, era el espeluznante escenario. Este comandante de la Primera División del Ejército relató ante las cámaras que inicialmente no se atrevía a entregar los restos de estas personas tan cruelmente asesinadas, sólo lo hizo después de intentar ponerlos algo presentables con la ayuda de médicos, forzado por las manifestaciones de inmenso dolor y angustia de los familiares. La exposición del general Lagos Osorio ante TVN despertó gran conmoción pública y malestar e irritación entre los militares. Por esto, emitió una declaración en que puntualizaba la razón que le había llevado a entregar su testimonio: “Todo lo hice por mi honor de soldado y de hombre. Lo hice por el cariño que tengo a mi patria. Lo hice por la fe que tengo en Dios. Por la honorabilidad intachable de mi familia. Y más que nada, por respeto a tantas generaciones de jóvenes que durante mi carrera militar me correspondió el alto honor de educar. Hay que ser leal con ellos y preocuparse de nuestra juventud”. Ningún otro jefe militar de las zonas en donde ocurrieron estas masacres, cometidas por la comitiva del general Arellano, se atrevió a entregar los restos de los ajusticiados a los deudos. El coronel Ariosto Lapostol, hizo sepultar prontamente los cuerpos en una fosa común del cementerio de La Serena. El teniente coronel Oscar Haag, comandante del regimiento motorizado N° 1 de Copiapó, hizo extender los certificados de defunción y dispuso la sepultación inmediata de los cadáveres en una fosa común del cementerio de la ciudad, negando a los familiares la posibilidad de verlos. El coronel Rivera Desgroux, comandante en Calama, enfrentado a la circunstancia que los cuerpos estaban tan horriblemente masacrados, ofreció a las familias entregarlos un año después, pero con el propósito anticipado de no hacerlo, porque aún persistirían las terribles evidencias de la salvaje matanza. Los miembros de la comitiva de Arellano, dirigidos por Sergio Arredondo, predilecto de Pinochet, actuaron como una pandilla de psicóticos, carentes de todo control racional, poseídos de un frenesí de muerte en contra de seres humanos indefensos. Y esto sucedió en varias ciudades de Chile. Causa inconmensurable indignación el imaginar a las víctimas con sus cuerpos seriamente dañados, sometidos a una lenta y horrible agonía, suplicando a los militares que los mataran de una vez. Calificar este comportamiento como bestial, sería agraviar a las bestias que se comportan  motivadas por sus instintos, inconscientes del daño que provocan. El día 24 de octubre de 1973, cuando la horrenda noticia de las masacres perpetradas por la comitiva, daba la vuelta al mundo, el vicealmirante Ismael Huerta manifestaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “El gobierno de Chile no puede aceptar bajo pretexto alguno que se pretenda señalar que ha amparado ofensas al pudor y vejaciones. Nuestro gobierno rechaza de la manera más enérgica cualquier denuncia al respecto, la considera carente de fundamento y está en condiciones de afirmar categóricamente que desde el 11 de septiembre no ha habido ninguna actitud atentatoria a la dignidad humana. Cualquier atentado a los derechos esenciales del hombre es, a nuestro juicio, incompatible con la vida civilizada. Más aún, desde el primer instante el nuevo gobierno instruyó a los efectivos militares a que actuaran permanentemente en concordancia con los principios cristianos y humanistas que inspiraban e inspirarán la acción del nuevo gobierno de Chile y que hicieran cuanto fuera posible para salvaguardar los Derechos Humanos”. Fue una declaración de inaudito descaro y desvergüenza que ha quedado como un documento acusador de la dictadura de Pinochet ante la opinión mundial. Estas masacres no fueron una excepción, por el contrario, constituyeron casi la regla. Cualquier persona que se vio en la necesidad de visitar el Instituto Médico Legal en Santiago se encontraba con una situación dantesca que nunca olvidaría, como ocurrió con el autor de este artículo. Esto se subraya con la descripción de un dirigente democratacristiano de la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo que concurrió a identificar los cadáveres  de compañeros comunistas arrestados hacía varios días, a fines de septiembre de 1973, por efectivos del Ejército.. Su relato fue: “Nunca olvidaré sus rostros y cuerpos hechos pedazos. Estaban todos ellos apiñados en montones humanos, prácticamente irreconocibles. No eran solo los proyectiles de guerra, destrozando sus cuerpos y sus caras, era más que eso, era como si la furia en su máxima crueldad e irracionalidad se hubiera desencadenado sobre ellos despedazando todos sus miembros...” En esta forma se lo relató al ex diputado Andrés Aylwin (Simplemente lo que vi. 1973-1990). martes, 08 de junio de 2010 * Fuente : El Clarin