Así de concluyente es el informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, que incluye la denuncia del primer caso de un detenido desaparecido en democracia.
Uno de los casos que causa controversia el el de José Huenante, de 16 años, apresado por carabineros de Puerto Montt el 2005, de quien nunca más se volvió a saber.
“El informe da cuenta de un caso de un niño detenido desaparecido en democracia. José Huenante, un niño que en 2005 fue visto ser arrestado por una patrulla policial en Puerto Montt y desde entonces su paradero se desconoce. En marzo de 2009, casi cuatro años y medios después de la desaparición de José Huenante, entonces de 16 años, se formalizan a tres carabineros y son dados de baja por secuestro y sustracción de menores”, detalló el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Jorge Contesse.
Por parte del gobierno, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo declaró , “queremos señalar en forma muy tajante y categórica que nos parece completamente inexacto e inapropiado hablar de que en Chile haya un caso de detenido desaparecido y mucho menos parangonar con los crímenes que ocurrieron en el periodo de la dictadura”
Otro de los temas que abordó la investigación es el medio ambiental, para lo que tomó cinco casos representativos de conflictos ecológicos: Pascua Lama, Celco-Mehuín, planta de Metrogas en Peñalolén, termoeléctrica Los Robles e HidroAysén, para los que se concluyó que la forma en que se han desarrollado “ponen de manifiesto la práctica del uso de incentivos que terminan por fraccionar a las comunidades afectadas”.
El estudio se lleva a cabo desde el 2003, concluye que se mantienen las deficiencias varias materias de DDHH, mientras que en otros puntos se incrementan.
En el tema carcelario “Según Gendarmería de Chile, más de veintitrés centros (de un total de 101) albergan el doble de internos de lo que deberían, e incluso hay recintos donde la sobrepoblación alcanzaría casi el cuatrocientos por ciento”.
En cuanto a las condiciones carcelarias del país y las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad, el estudio señala que en los dos últimos años, “según cifras de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, la población penal alcanzó a 48.998 en 2008 y 53.482 en lo que iba de 2009 al cierre de este Informe” registrando un visible aumento, pero no así una mejora en las condiciones.
El ocultamiento de información por parte del Estado de Chile, guarda relación con que al momento que Chile tuvo que rendir cuentas a la comunidad internacional respecto a la materia “omitió información crítica relevante para estas evaluaciones”, declaró Contesse.
El Ciudadano
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