¿COMO PAGAR LA RECONSTRUCCIÓN? Por Héctor Vega*

 

¿COMO PAGAR LA RECONSTRUCCIÓN? Por Héctor Vega* Uno de los rubros que propone Piñera para la reconstrucción de Chile es el alza del impuesto a las utilidades de las empresas. Con ello calcula que ingresarán a las arcas fiscales 1260 millones de dólares que representan 39% del total de 3231 millones de dólares que el gobierno espera recaudar con el conjunto medidas propuestas. Según el plan el impuesto a las utilidades subirá de 17% a 20% en 2011, para bajar en 2012 a 18,5% y volver a 17% en 2013. De qué manera los mayores impuestos que propone Piñera se anulan, porque lo que obtiene con una mano lo devuelve con la otra En realidad se trata de un financiamiento inocuo, o neutro, pues según la Ley del impuesto a la renta [DL Nº 824, publicado el 27 de diciembre de 1974. Ley actualizada el 19 de junio de 2001 y el 2 de mayo de 2008, según Ley 20263] dicho impuesto es sólo retención y crédito. Esto es, en virtud de un pago provisional mensual [PPM] durante el año tributario respectivo, dicho impuesto ingresa por algunos meses a las arcas fiscales y luego se descuenta en el momento que los socios de la empresa o accionistas pagan el Impuesto Global Complementario, o impuesto a las personas con la tasa marginal del 40% [desde 0 a 40%]. Desde el año 1974 las empresas no pagan impuesto, quienes pagan son las personas; ¡en consecuencia si no se aumenta el Impuesto Global Complementario, no hay incremento de impuestos! Agreguemos a esto que los inversionistas o empresas extranjeras en Chile por repatriación de utilidades caen en el régimen general del 35% de impuesto, al cual descuentan el 17% con lo cual terminan pagando el 18%. Régimen que los favorece con relación a sus colegas chilenos que descuentan a la tasa marginal del Impuesto Global Complementario de 40% el 17%, con lo cual la obligación tributaria se establece en 23%. Consideremos además que las transnacionales del cobre gozan de un estatus impositivo privilegiado mediante el cual remiten intereses por créditos externos [intereses que pagan un impuesto del 4%], monto diez veces mayor que las remesas de utilidades [Véase año comercial 2002].[1] Con ello transforman el 17% de impuesto a la renta en un 4%. Su justificación es legal pues las remesas por intereses y otras remuneraciones pagadas al exterior son consideradas como Gasto Tributario de las transnacionales operando en Chile. Con ello, amparadas en la legislación vigente, disminuyen su renta imponible y por consiguiente su tributación. Sin terminar con este régimen impositivo la propuesta del gobierno no pasa de ser un volador de luces. Dejar en su concepción de retención y crédito el impuesto a la renta es un fraude a la credibilidad de la opinión pública. El impacto de las franquicias tributarias, el llamado Gasto Tributario, muestra de qué manera el Estado deja de percibir 8.207 millones de dólares, lo que equivale a 24% de todo lo que se recauda y representa 3,96% del PIB. Sólo por concepto de Impuesto a la Renta las franquicias tributarias representaron en 2009, 6.677 millones de dólares, esto es, 3,23% del PIB [Véase Informe de Finanzas Públicas, Ministerio de Hacienda. Dirección de Presupuestos, 2009]. Las franquicias anulan el pago del impuesto a las utilidades. Nótese que estas mismas franquicias neutralizarán 281 millones de dólares que el plan Piñera prevé recaudar del alza de las contribuciones. Sin una revisión fundamental de la legislación impositiva, una vez más las grandes fortunas de este país, y las transnacionales, habrán burlado la igualdad ante la ley y en este caso preciso, las llamadas de solidaridad que el país exige escuchar. Mediante un Impuesto a la Renta bis se pretende burlar el precio que el Estado de Chile debiera cobrar por la explotación de un recurso natural que se va y nunca más vuelve En relación al mal llamado royalty [4% a 5% del resultado operacional], que en realidad es un Impuesto a la Renta bis y que en su régimen de invariabilidad afectaba a la Gran Minería hasta el año 2020; con la propuesta se propone una invariabilidad tributaria hasta el año 2028. Nueva fórmula que deja a la buena voluntad de las empresas transnacionales tributar en el rango de 3,5% a 9% según el resultado de la minera. Sólo el mayor precio del cobre podría garantizar en el futuro, alguna recaudación adicional al fisco pues antes de iniciarse el ciclo alto en el precio [2] las transnacionales del cobre domiciliadas en Chile, mediante el cobro de “precios de transferencia” [exportación] a sus filiales, fijaban precios menores, y adicionalmente declaraban costos altos, con lo cual presentaban, alegremente, cero utilidades. En esas circunstancias poco importaba que el régimen de invariabilidad fuera de 42% o que el impuesto se fijara en 35%, si al final del ejercicio declaraban cero utilidades. El royalty es un precio –no un impuesto– por el derecho a explotar el mineral, cuyo dominio por mandato constitucional, es del Estado, es decir pertenece a todos los chilenos. El Estado ejerce sobre las reservas minerales un dominio exclusivo, absoluto, inextinguible e imprescriptible [Art. 19 nº 24 inciso 6 de la Constitución Política del Estado]. La Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras [LOCCM o Ley Minera 18097, promulgada el 21 de enero de 1982] establece de manera inconstitucional el régimen de la concesión plena, donde esta pasa a ser título y modo de transferir el dominio. En virtud de esta verdadera capitis diminutio el régimen de Pinochet [por la mano de su ministro de Minería, José Piñera] enajenó el dominio del Estado a favor de las transnacionales. Si se restablece el imperio de la Constitución el concesionario debe ser considerado, al igual que en el derecho anglosajón, un arrendatario [lessee], esto es, un mero tenedor [tenant], y en esa calidad lo que se le concede es el arriendo del yacimiento [mining lease]. Según el Código Civil chileno [Art. 1915], “el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado” [el subrayado es mío - HV]. En consecuencia, corresponde al gobierno Piñera acatar la disposición constitucional, restablecer el imperio del derecho, y de esa manera eliminar la actual ficción de royalty que en realidad es un Impuesto a la Renta bis. Una propuesta tributaria Los anuncios del gobierno tendrán algún grado de credibilidad si se eliminara el impuesto-crédito. Sin embargo, existe otra solución en la lógica de un alza del impuesto a la renta de 20%, efectiva y permanente. Nuestra propuesta consiste en que las empresas deben tributar efectivamente 20% sobre sus utilidades devengadas, dejando radicada la tributación total de la actividad empresarial en la empresa y no en las personas como ocurre en la actualidad. Conjuntamente con ello proponemos que el impuesto a las personas tenga una tasa marginal del 20% [desde 0 a 20%], bajándola del 40% actual, afectando a todas las rentas que se perciban, con excepción de las que provienen de la actividad empresarial. Con lo cual no solamente los pagos serán efectivos sino que además se igualará la situación de todos los contribuyentes cualquiera que sea su actividad y origen de las rentas. Sin reformas fundamentales al sistema tributario chileno, como las ya expuestas –eliminación del Impuesto a la Renta crédito del impuesto personal y tributación de 20% radicada en las empresas, tasa marginal de 20% del Impuesto Global Complementario, eliminación de franquicias tributarias injustificadas– la reconstrucción y el crecimiento de la economía, dependerá, al igual que lo fue la protección social del gobierno Bachelet, del precio del cobre, sometido a las fluctuaciones del precio del mercado internacional; y agréguese en este caso de la buena voluntad de las transnacionales –caso único en la historia de la Humanidad de un “impuesto voluntario”– y de impuestos regresivos [IVA entre otros], que nuevamente deberá pagar el conjunto de la población trabajadora. * Héctor Vega es Director de Fortín Mapocho.com. Profesor del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Universidad ARCIS. Notas [1] Conclusión del estudio “Cobre tributación de las grandes empresas mineras” por Dante Restaino Di Benedetto en Royalty. Regalía o Renta Minera. Jorge Lavandero Illanes. Impresos y Ediciones Lafken. Santiago, Chile. 2003. El estudio se basa en Informe del Tesorero General de la República, presentado ante la Comisión Especial Encargada del Estudio de la Tributación de las Empresas Mineras” del Senado, bajo la presidencia del Senador Jorge Lavandero. El informe presenta en forma global y detallada por formulario y tipo de impuesto lo recaudado durante el año comercial 2002. El Informe incluye todo tipo de pagos, en los cuales se incluyen impuestos de retención, Impuesto a la Renta y devoluciones solicitadas. En el análisis de Dante Restaino ante la Comisión del Senado se señala que “el año 2002 las remesas por intereses de créditos externos fueron diez veces mayores que las remesas de utilidades. Las remesas por intereses por créditos externos fueron de US$ 363 millones 386.886 afectos al 4% y las remesas de utilidades fueron de US$ 36 millones 570.980 afectas al 35%. Si la remesa de intereses se afectara con un 35%, el país habría recibido una mayor recaudación de US$ 112 millones 650.000”. El mismo estudio agrega que “el total de las remesas por intereses y otras remuneraciones pagadas al exterior por US$ 394 millones 37.491, es gasto tributario para las empresas en Chile, lo que disminuye su renta imponible y la tributación respectiva” Finalmente se concluye que, “la constitución de las grandes empresas como sociedades de responsabilidad limitada a cambio de sociedad anónima han producido una menor recaudación de US$ 108 millones. Op. cit. ps. 161-168. [2] El período 2003-2008 cubre el ciclo del precio alto del cobre en los mercados internacionales, para seguir a la baja en 2009, reiniciándose aparentemente el 2010 un nuevo ciclo al alza. Según información del Banco Central los envíos del mes de febrero alcanzaron la suma de US$ 2.741,3 millones, frente a los US$ 1.427,8 del mismo mes de 2009. El precio promedio mensual a febrero de este año fue de US$ 3,10 por libra, precio que casi duplica los US$ 1,61 por libra del mismo mes del año pasado. Las proyecciones de la Comisión Chilena del Cobre [Cochilco] elevan la producción a 5,7 millones de toneladas, esto es, 7,3% superior a la producción de 2009. El valor de las exportaciones se estima para este año a US$ 36.500 millones lo que representa un aumento de alrededor de 36% con relación al año anterior. 19/04/10

Día Mundial contra la Tortura: Comisión Ética denuncia que en Chile se reprime a quienes exigen cambios

El informe 2010 de la Comisión Ética Contra la Tortura “a Chile en sus 200 años”, entregado el 23 de junio en la oficina de partes de La Moneda, sostiene que la represión –tortura incluida– se está utilizando en el país contra aquellos que exigen cambios, especialmente  contra trabajadores, estudiantes y el pueblo mapuche que se activan contra un sistema sociopolítico que “excluye del acceso a bienes y servicios fundamentales a gran parte de la población y se ha impuesto y mantenido recurriendo a la represión estatal”. Por su parte, la ONU hizo un llamado para que los estados ratifiquen y cumplan sus obligaciones en virtud del Convenio Internacional contra la Tortura.

El informe de la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), que apunta a problemas que tienen que ver especialmente con el uso de la tortura y tratos inhumanos crueles y degradantes, y con la denuncia de la impunidad en contra de los torturadores, se entrega cada año como parte de la conmemoración del Día Internacional Contra la Tortura, el 26 de junio.

LA LEY ANTITERRORISTA

En el caso de los mapuche, denuncia la aplicación de la ley 18.314 de 1984, conocida como Ley Antiterrorista, la utilización de la tortura en las detenciones, tratos inhumanos a menores y miembros de comunidades, y la vigencia de la impunidad por los asesinatos de mapuche de ayer y hoy.  Al momento de la entrega de este informe, se recuerda que un comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío, fue asesinado por la espalda por un carabinero del Gope.

Hay 57 presos políticos mapuche procesados o sentenciados por ley antiterrorista, contraviniendo las recomendaciones de Roberto Stavenhagen, Relator Especial de la ONU para la situación de los pueblos indígenas, que en 2003 señaló que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”.

A ello se suma el Informe de Amnistía Internacional, al afirmar que al continuar aplicándose la Ley Antiterrorista, se está incumpliendo “tanto las promesas formuladas anteriormente por el gobierno respecto de no hacer uso de estas leyes, como las recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos”.

La Ley Antiterrorista, señalan,  viola las garantías procesales y el debido proceso establecido en normas internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que subraya la importancia de tener derecho al debido proceso.  Permite la existencia de “testigos sin rostro”, que pueden acusar e inculpar sin identificarse, violando así el derecho a un juicio justo y siguiendo bajo la vigencia del concepto de “enemigo interno”, emanado de la Ideología de la Seguridad Nacional.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Además, recuerda el informe, han sido acusados y perseguidos periodistas extranjeros y artistas visuales nacionales. El caso de Elena Varela, recientemente absuelta de todo cargo por la justicia, es un ejemplo patético, pues ha debido soportar seis años de persecución injusta, acusaciones falsas y detenciones arbitrarias, antes de ser sobreseída, y su material de trabajo no le ha sido devuelto.

Similar situación ha afectado, entre otros, a Azel Luzarraga, escritor y músico vasco, detenido el 31 de diciembre de 2009 por la Ley Antiterrorista, bajo la acusación de colocación de bombas.  En febrero de 2010 se decretó su arresto domiciliario y el arraigo nacional.

LA VIDA HUMANA Y LAS CÁRCELES

Asegura la comisión que parecieran olvidadas por las autoridades las recomendaciones al Estado chileno por el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), sobre el cumplimiento de compromisos contraídos al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, algunas de las cuales se refieren a las deficientes condiciones al interior de las cárceles. Ello a la luz de lo que sucedió para el terremoto, cuando al menos  tres reos murieron por efecto de los disparos de gendarmes que aplicaron la ley de fuga en un momento de catástrofe, y otro reo, Horacio Núñez,  murió quemado por el incendio provocado por los presos, al ser aplastado por un muro y encontrarse encadenado en su cama.

Las tres víctimas de los  gendarmes son Luis Guillermo López Valenzuela (26 años); Jonathan Andrés Aguirre Aguirre (21 años); y Rodolfo Leal Medina (32 años) y el informe documenta que el ministro de Justicia de la época, Carlos Maldonado, manifestó al respecto que la situación descrita constituiría “un triunfo” para la mantención del orden, sin detenerse en el valor de la vida de un ser humano.

Respecto de quienes sufrieron prisión política y tortura durante la dictadura, la Comisión llama a superar la exclusión de la calidad de víctimas del terrorismo de Estado de los detenidos en manifestaciones públicas; los que fueron torturados fuera de los recintos oficiales de detención; los extranjeros; los chilenos torturados en el exterior en el marco de la Operación Cóndor y quienes fueron objeto de detención por menos de cinco días.

Agregan que la pensión mensual otorgada a las víctimas vulnera el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura, donde se reconoce para las víctimas “el derecho a una indemnización justa y adecuada”; no ha habido reparaciones jurídicas y morales para los afectados; tampoco ha habido medidas educativas y de prevención de la tortura; e insisten en que debe derogarse la cláusula que impide a los tribunales tener acceso a las imputaciones concretas de los delitos denunciados ante la Comisión Valech.

La CECT reitera, ante los 200 años de vida de la República, la proposición de reabrir indefinidamente la acreditación de las víctimas chilenas o extranjeras por violaciones a los derechos humanos cometidos en territorio nacional o en el exterior por agentes represivos del Estado chileno; aprobar una nueva ley de reparación que asuma las propuestas iniciales de la Comisión Valech, y eliminar legislativamente la cláusula que impide el acceso del Poder Judicial a las denuncias de tortura.

Se llama a la derogación de la Ley de auto Amnistía de la dictadura; juicio y castigo a los agentes del Estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos como son la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria de prisioneros, delitos imprescriptibles que no pueden ser objeto de amnistía alguna.

CONTENIDOS DEL INFORME

El informe 2010, de 70 páginas, incluye la Agenda de Derechos Humanos levantada por Amnistía Internacional y apoyada por una gran diversidad de organizaciones; un artículo sobre la Tortura y Legislación Internacional del abogado Roberto Garretón. A ello se agrega un estudio sobre la desigualdad del periodista Paul Walder, y una denuncia sobre la condición actual de los ex presos políticos, suscrita por Juan Rojas, ex preso político.

Pablo Ruiz escribe denunciando la continuidad de participación de uniformados chilenos que cursan estudios en la Escuela de las Américas, actualmente situada en Fort Benning, Estados Unidos, y Hervi Lara se refiere a un tema estrechamente relacionado: el Gope (fuerzas especiales de Carabineros) y la tortura.

Finalmente, en la parte gruesa del informe, Beatriz Brinkman escribe sobre los derechos del Pueblo Mapuche, y Lucía Sepúlveda aporta un registro documentado sobre Tortura y Prisión Política a luchadores sociales mapuche, que incluye el listado de casos de 96 presos políticos y procesados mapuche, de los cuales 57 personas cumplen prisión efectiva, y también 57 están siendo procesados o han sido condenadas por la legislación antiterrorista. En forma especial se alude al caso de la lonko Juana Calfunao, una de las fundadoras de la Comisión Ética, quien permanece en prisión por más de 3 años y a quien le ha sido negado el acceso a la libertad condicional.

También se detallan las escasas sentencias absolutorias y las querellas (pendientes) por tortura o tratos inhumanos presentadas a la justicia. Un análisis final se refiere a la estrategia ideada por los fiscales de re-formalización de los presos como una nueva modalidad que permite extender los plazos de detención sin juicio oral y complejizar las tareas de la defensa.

Hay testimonios de casos de tortura, y como anexo se entrega el   informe “Cronología y Descripción de Situaciones de Represión y Violencia Ejercidas por Instituciones Policiales del Estado de Chile contra Niños, Niñas y Adolescentes Mapuche (2001 – 2009)”, elaborado por la psicóloga Claudia Molina González y el organismo denominado Defensor Jurídico Social Autónomo Mapuche, ingresado al Comité de los Derechos del Niño en el 53° período de sesiones de Naciones Unidas en enero de 2010, en  Ginebra, Suiza.

La Comisión Ética Contra la Tortura es una entidad conformada en marzo de 2001 por organizaciones de derechos humanos y personalidades de reconocida solvencia moral, con la finalidad de que el Estado de Chile asumiera su responsabilidad respecto de los sobrevivientes de prisión política y tortura durante la dictadura militar. Entre otras, la integran Amnistía Internacional-Chile; el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch); el Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Chile (Conferre); el Servicio Paz y Justicia (Serpaj); el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras); la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), la Asociación Americana de Juristas (AAJ); el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsal); la Coordinación Nacional de Ex Presos Políticos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos; Comisión Ética contra la Tortura de Santiago, Temuco, Valparaíso, San Antonio, y un equipo de trabajo exterior integrado por personas que residen en Francia, Suiza, Canadá, Bélgica e Italia.

La CECT – Chile está afiliada a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra.

Descargue informe completo en formato pdf (412Kb)

ONU LLAMA A ESTADOS A RATIFICAR Y CUMPLIR LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA

En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó oficialmente, el 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo a las Victimas de la Tortura. La fecha es marcada todos los años por actos contra la tortura que son realizados en el mundo entero, con el fin de generar solidaridad con las víctimas y sus familiares y recordar que la práctica todavía persiste en algunos países, exige ser abolida.

“El día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura es una ocasión para destacar el derecho internacionalmente reconocido de todos los hombres y mujeres  a vivir libres de tortura. Es una oportunidad para reafirmar nuestra decisión colectiva de prohibir la tortura y todos los tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes”, alertó el secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki-moon.

Diez años antes de la proclamación de esta fecha, entró en vigor la ‘Convención Contra la Tortura y Otros tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes’ para intentar hacer frente a uno de los mayores abusos contra los Derechos Humanos. Hoy, más de 124 de los 189 miembros de las Naciones Unidas ya son signatarios de esta Convención, pero infelizmente esto no garantiza que la práctica de la tortura esté abolida en esos países.

En mensaje oficial escrito el día internacional, Ban Ki-moon reforzó que la prohibición de la tortura es absoluta e inequívoca, y, que “No puede ser justificada bajo ninguna circunstancia, ni en estado de guerra, ni en repuesta al terrorismo, la inestabilidad política o cualquier otra emergencia política”.

A pesar de la claridad de este mensaje, el secretario puntualiza que muchos estados siguen practicando o tolerando la tortura. Consciente de ello, Ban Ki-moon llamó a todos los estados que todavía no lo hicieron, a que ratifiquen y cumplan sus obligaciones en virtud de la Convención Contra la Tortura y las disposiciones del Protocolo Facultativo.

SITUACIONES QUE CARACTERIZAN LA TORTURA

Según el Arto 1 de la Convención contra la Tortura, la práctica es caracterizada como “Todo acto por el cual se inflija internacionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, informaciones o una confesión, de castigar por un acto que haya cometido, o sospeche que se cometió, o de intimidar o coaccionar a esa persona u otras, o por cualquier otra razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un servidor público u otra persona en ejercicio de funciones públicas a instigación suya, o con su consentimiento o aceptación”.

Por Lucía Sepúlveda Ruiz / Natasha Pitts

Fuentes: G-80/Adital

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Proyecto Ley de Obtentores: La batalla por los vegetales

Un registro más específico de propiedad intelectual sobre variedades vegetales y la actualización de los derechos de obtentores de semillas es la base del proyecto que derogará la actual ley sobre derechos de obtentores vegetales. La propuesta tiene enfrentadas a diversas organizaciones ambientalistas y empresas productoras de semillas por la posible apertura a la diversificación de los transgénicos en Chile y a la privatización de las semillas.

Desde enero de 2009 está en tramitación en el Congreso un proyecto de ley que actualiza las garantías jurídicas que poseen los productores de semillas y especies vegetales. También amplía sus derechos frente al registro de nuevas variedades. Este trámite se enmarca en la obligación que adquirió Chile al suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de adherirse al Convenio UPOV 91 que exige la regulación de los derechos del obtentor.

Los obtentores son todos quienes trabajen en el desarrollo de nuevas especies y variedades que radique un mejoramiento productivo. Para lo cual esta nueva ley les dará protección legal por medio de un registro de propiedad intelectual.

La actual ley Nº 19.342 del año 1994 sobre Regulación de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales, consagra el derecho y protección de las nuevas obtenciones (especies) vegetales, las cuales debido a su alto costo técnico y financiero, deben protegerse en un marco legal.

¿UN REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL O UNA PATENTE?

De acuerdo al proyecto original emanado en el mensaje presidencial del año 2008, la nueva normativa favorecerá el registro en Chile de nuevas especies vegetales creadas no sólo en nuestro país sino también en el extranjero. En este sentido, el nuevo escenario será favorable para el incremento de competitividad nacional.

Aquí es donde nacen las divergencias, ya que para las organizaciones de pequeños y medianos agricultores y ambientalistas, esto genera un escenario poco equitativo y, a su vez, abre las puertas para la privatización de las semillas. “Toda especie nativa que actualmente es parte de nuestro patrimonio y nuestra diversidad, podrá tener un dueño y ser, por tanto, propiedad intelectual de empresas nacionales o extranjeras. Para los efectos prácticos, el resultado es muy similar al generado por una patente”, sostiene María Elena Rozas, coordinadora regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL).

Pilar Chicago, abogada del Departamento de Patentes del Estudio Clarke Modet & Cº, sostiene que este proyecto no es un sistema de patentes. “Las plantas y/o vegetales no pueden patentarse”.

De acuerdo al proyecto, los agricultores tendrán a su disposición las semillas certificadas de las nuevas variedades y deberán comprarlas al precio de mercado y tendrán derecho a reembolsar parte de la cosecha en su propio predio. Según Belfor Portilla, miembro del Comité de propiedad intelectual de la Asociación Nacional de Productores de Semillas, Anpros, “los mecanismos de posibles subsidios para que el precio que paguen por la semilla certificada sea menor, obedecerá a políticas gubernamentales”.

María Elena Rozas, de RAP-AL, difiere de esa perspectiva, y sostiene que “el desmedro que enfrentarán los pequeños agricultores frente a los obtentores será abusivo y nos enfrentaremos a un aumento explosivo de los precios de las semillas y esto se traducirá en una merma para el desarrollo de la agricultura orgánica. A su vez, implicará un atentado contra las comunidades mapuche que por generaciones han protegido sus semillas y ahora cualquier persona que cuente con el resguardo de la ley, podrá registrarla como una variedad de una especie”.

UN CAMINO HACIA LOS TRANSGÉNICOS

Otra de las aprensiones de las organizaciones ambientalistas es la liberación que este proyecto pueda dar a los transgénicos.

De acuerdo a datos entregados por el Servicio Agrícola y Ganadero y RAP-AL, en Chile, durante la temporada 2008-2009 los cultivos de semillas transgénicas para exportación alcanzaron un total de 30.447,04 hectáreas, compuestas principalmente de maíz, soya y canola.

Al establecerse un registro de propiedad intelectual de las especies y semillas nuevas, también puede abrirse el camino a las variedades obtenidas por medio de la alteración genética, comúnmente llamados transgénicos.

Según Belfor Portilla, actualmente en Chile no se puede cultivar variedades transgénicas para el mercado interno; sólo para reexportación. “Su producción está sometida a rigurosos procedimientos de ingreso al país y aislación, establecidos por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, y si es aprobada la norma específica sobre variedades transgénicas para ser producidas en Chile, deberán someterse a las normas de propiedad intelectual que estén vigentes”.

Eso agrava aún más la situación, según María Elena Rozas, ya que esto permitiría un desarrollo explosivo de los cultivos transgénicos, lo cual va de la mano con el uso de plaguicidas y dejaría como consecuencia la contaminación de cultivos orgánicos.

Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Agricultura del Senado, con lo cual sólo bastan dos instancias para ser convertida en ley. Las organizaciones ambientalistas ya anunciaron que no darán tregua en esta batalla por la libre diversificación y patrimonio de las especies vegetales en Chile.

Por Claudia Pedreros Saá

El Ciudadano

Senador Navarro: “La invariabilidad del royalty es obscena y abusiva”

Senador Navarro: “La invariabilidad del royalty es obscena y abusiva”

Alejandro Navarro explicó por qué votó en contra de un artículo del proyecto sobre reconstrucción.

“Con un gusto amargo” por un debate “intransigente” por parte del gobierno y la oposición, terminó el senador del MAS Alejandro Navarro luego de la votación del proyecto de Ley de Reconstrucción que se votó ayer en la Cámara Alta, instancia que aprobó toda la moción, salvo el artículo que proponía la invariabilidad del royalty, enviándolo a Comisión Mixta.

Al respecto, Navarro dijo que votó en contra de esa medida por considerarla “obscena” porque señaló no estar de acuerdo “con garantizarles a las grandes mineras que no tendrán mayores impuestos hasta el año 2025 es abusivo. Es decir, cuatro gobiernos más que no podrían modificar el royalty, teniendo en cuenta que la proyección del crecimiento del consumo del cobre a partir del aumento de la demanda china y del precio del mismo, sobre los tres dólares la libra, hacen prever que si mantenemos una tasa impositiva como la que tenemos hoy más un aumento razonable, tendríamos más de 7 mil millones. Entonces, a las futuras generaciones, a los futuros gobiernos les están amarrando las manos sobre varios miles de millones que podrían cobrarse de las mineras, como lo que está ocurriendo en Australia”.

“La minera La Escondida-agregó- que son capitales australianos, ganó sólo en el primer trimestre de este año 1.025 millones de dólares y están teniendo utilidades que crecen en un 120% y en Australia el mismo grupo económico que controla escondida está teniendo que el congreso australiano le está poniendo un impuesto que aumenta a un 40% el royalty. En Chile el royalty es del 5%, por lo tanto, claramente es un royalty insuficiente que no es ni siquiera royalty, es un impuesto al servicio, por lo tanto hay un debate país que hacer, porque este país requiere que los más ricos, los poderosos pongan más dinero porque están teniendo hoy, año 2010, ganancias excesivas que no tienen en ningún otro lugar del mundo, y no se van a ir las mineras de Chile porque sigue siendo un buen negocio la minería”.

“Estoy disponible para votar a favor si se reduce a la mitad el tiempo de invariabilidad, es decir, no a los 8 años pedidos por el gobierno, si no 4, porque cualquier proyecto minero demora eso, entre 4 y 5 años, por tanto no es un impuesto sustantivo. Sin embargo, yo creo que hay otras fórmulas, a través del impuesto de primera categoría para poder aumentar unos 600 o 800 millones de dólares para las grandes empresas. El sector forestal y el pesquero tienen impuestos limitados y ha llegado la hora que todos los sectores productivos puedan también pagar impuestos y no solo la gente a través de IVA, que es el impuesto más regresivo, lo paga los pobres”.

Por otro lado, el legislador comentó que “sin ser pitoniso, la Concertación terminó votando a favor de todo el Proyecto, tal como yo lo dije hace un mes atrás. Por ello, creo que perdimos un tiempo precioso en haber buscado una fórmula alternativa a la propuesta del royalty y hoy tendríamos un proyecto terminado, no uno a medias en  comisión mixta. La intransigencia fue dura, y pienso que eso fue debido al proceso de aprendizaje de ambos: la derecha está aprendiendo a hacer gobierno, y la Concertación está en la tarea de aprender a ser oposición”.

Agregó que “hay un maximalismo total en torno a las apreciaciones del gobierno, pero también de la oposición que llevó al extremo el debate sobre impuesto de primera categoría, el impuesto de timbre y estampillas, para después de cuatro semanas votar todo absolutamente a favor sin cambiar ni una coma. Yo lo dije en el primer minuto, esta es una Ley de Reconstrucción y había que entenderla como tal; no era una reforma tributaria. Por lo que era un pésimo escenario de la Concertación criticarlo y rechazarlo todo antes de tiempo. Sin ese escenario vacío habríamos aprobado los artículos mucho antes y podríamos haber dejado el debate para los puntos en discordia, como la invariabilidad del royalty”.

El parlamentario comentó que “hay senadores muy avezados en torno a todo esto y yo lo dije, era un pésimo escenario, un mal terreno de batalla para la oposición esta ley de financiamiento, porque esta es una ley de financiamiento para la reconstrucción y no una reforma tributaria”.

“QUIERO UNA REFORMA TRIBUTARIA DE VERDAD”

El senador del MAS señaló que lo que Chile necesita es una reforma tributaria de verdad “que aborde cómo nuestro país financia su programa social y particularmente, le cobremos impuestos a los que más ganan, es decir a las grandes empresas, a los más ricos y por cierto esta no era la ocasión de debatirlo. La Concertación durante 20 años no lo hizo, por tanto pretender que en 15 días dar este debate ahora era una contradicción imposible”.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos a ver si tenemos una ley que permita recaudar ya sea con royalty o sin royalty, lo verá el próximo gobierno. Lo importante es recaudar los 700 millones que faltan y crecer económicamente y en eso vamos a seguir apoyando a este gobierno, al gobierno del presidente Piñera en materia de crecimiento para que dé empleo y en materia de recaudación tuvimos una diferencia, no solo responsabilidad de la oposición, hay a lo menos responsabilidad compartida, pero creo que vamos a tener ley de financiamiento en unos 10 días más a más tardar”.

El Ciudadano

 

"Will toxic rain destroy America."

Memoria histórica. Detenidos-desaparecidos en Chile. Primera parte

por Raúl Auth Caviedes (Chile)

miércoles, 09 de junio de 2010

Las declaraciones del embajador Miguel Otero al diario Clarín de Argentina demuestran cuán necesario resulta en recordar la realidad de lo ocurrido en Chile durante la cruel dictadura de Pinochet. Es abismante escuchar a este destacado miembro de RN decir que ignora la participación de Estados Unidos en la desestabilización del gobierno de Allende, que ha sido tan extensamente documentada. También es increíble que, sobre las violaciones a los derechos humanos, exprese: “yo no creo sinceramente que haya sido un acto institucional... hay gente que abusa de la autoridad y se extralimita”. Es grave ver que esta inconcebible opinión tuviera el respaldo de Carlos Larraín y de Juan Antonio Coloma, presidentes de RN y la UDI, respectivamente. Más seria aún fue la manifestación de absoluta concordancia manifestada por el senador José García Ruminot. Indefinidas parecieron las declaraciones del canciller, Alfredo Moreno, al expresar: “No representa la postura del gobierno. Son opiniones personales que son respetables y que naturalmente respeto”. Como testigo directo de lo acontecido en Chile durante la tiranía de Pinochet considero indispensable tomar partido por la verdad. Por ello, presentaré una serie de artículos sobre un tema extremadamente lamentable y penoso: los detenidos-desaparecidos. Este es el primero de ellos. El encontrar los cuerpos de los detenidos-desaparecidos en una dictadura y descubrir los culpables para juzgarlos es un problema casi insoluble.. Esto es especialmente dificultoso cuando las tiranías terminan en una transición pactada, que subrepticiamente garantiza impunidad. En España, la unanimidad del Consejo General del Poder Judicial ha suspendido al juez Garzón por intentar ubicar los restos, después de trascurridos más de 34 años de la muerte de Franco. En Chile, en la mayoría de los casos, se desconoce el destino de los cadáveres, lo que constituiría un desprestigio para los partidarios de la dictadura. Pero, paradojalmente el partido político, nacido al amparo de Pinochet, es mayoritario por votación popular y el Presidente Piñera, elegido por una coalición de derecha, fue uno de los fervientes defensores del dictador cuando estuvo detenido en Londres. No cabe duda que la principal violación a los DDHH es asesinar y hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas. En Chile, antes del 11 de septiembre de 1973, los casos de desapariciones forzadas, realizadas por agentes del Estado, habían sido motivo de gran conmoción pública. Originó gran revuelo el caso el profesor Manuel Anabalón Aedo ocurrido en 1932, durante la breve dictadura de Carlos Dávila, que luego provocaría el asesinato del periodista Luis Mesa Bell por su denuncia del hecho. El impacto social de estos crímenes motivaron al presidente Arturo Alessandri Palma a cambiar la dependencia del Servicio de Investigaciones, desde Carabineros, al Ministerio del Interior Raíz de la uniformidad metodológica de la represión en América Latina. En 1962, el Secretario de Defensa del gobierno del presidente Kennedy, Robert McNamara, como una reacción a la estabilización de la revolución cubana, después del fracaso de la invasión de la Bahía Cochinos, estableció la teoría de Seguridad y Desarrollo extendida a la totalidad de los países latinoamericanos. Con esta maniobra se pretendía impartir una ideología común antimarxista y evitar que otra nación de la zona siguiera el ejemplo cubano. Surgió así la Alianza para el Progreso y el establecimiento de una política de concientización y entrenamiento en contrainsurgencia de los militares de América Latina. Tenía la ventaja de no requerir invasiones con sus propias fuerzas armadas, lo que despertaba animadversiones nacionalistas en su contra. En los hechos se instalaba una especie de protectorado castrense de los países hispanoamericanos bajo la tuición de Estados Unidos. Las palabras expresadas por McNamara, al iniciar este proyecto, fueron claras respecto a su objetivo: “Probablemente el mayor rendimiento de nuestras inversiones en ayuda militar proviene del adiestramiento de oficiales seleccionados y de especialistas claves en nuestras escuelas militares y sus centros de adiestramiento en Estados Unidos y ultramar (...) Son los líderes del futuro, los hombres que dispondrán de pericia y la impartirá a sus fuerzas armadas. No es necesario que uno se detenga a explicar el valor de contar con hombres en cargos directivos con conocimiento de primera línea de cómo los norteamericanos actúan y piensan. Para nosotros no tiene precio hacernos amigos de esos hombres (...) Tenemos un largo camino que recorrer para crear e instrumentar las contramedidas efectivas a la guerra revolucionaria”. En 1965, quizás aún no se cosechaban los frutos de tal preparación en los militares dominicanos por expertos estadounidenses. Así, en el mes de abril de ese año, se produjo una rebelión constitucionalista, encabezada por el coronel Francisco Caamaño que pretendía reponer en su cargo de Presidente en la República Dominicana al escritor y político de tendencia socialista Juan Bosch, que había sido derrocado en 1962 por un golpe militar, apoyado por Estados Unidos, a los siete meses de desempeñar la Primera Magistratura. Invocando evitar una nueva Cuba, Lyndon Johnson, calificando a Bosch de comunista, ordenó invadir el país con 20.000 marines. Las tropas estadounidenses permanecieron allí hasta preparar el acceso al poder de un hombre de su confianza, el oportunista y ubicuo político Joaquín Balaguer. En Brasil, en 1964, ya se habían logrado las condiciones para que los militares entrenados en Estados Unidos depusieran al popular Presidente izquierdista Joao Goulart, siguiendo la Doctrina Continental de Seguridad Nacional entendida como la eliminación radical de los marxistas. Allí los uniformados brasileros usaron los métodos de contrainsurgencia aprendidos tales como matar despiadadamente, torturar, hacer desaparecer, violar, reprimir violentamente a  cualquier individuo rotulado de comunista o afín a éstos. Fueron aún más lejos instalando, un centro de adiestramiento con asesores franceses experimentados en la guerra de liberación de Argelia. Después cosecharían plenos resultados en Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina, lo que explica la gran similitud de los procedimientos represivos utilizados en Brasil, cuyos militares servirían de eficientes asesores. Todos los golpes militares en esos países tendrían el mismo sello de deshumanización de terrorismo de Estado asimilado en la Escuela de las Américas.  Esto explica que no hubiese diferencias en la forma de represión y asesinato de personas calificadas de marxistas en países de larga tradición democrática y tolerancia a diversas ideologías como Uruguay y Chile, porque sus Fuerzas Armadas y policiales tenían la misma formación doctrinaria y adiestramiento en los centros norteamericanos de contrainsurgencia. El general, Martín Balza, fue el único Comandante en Jefe latinoamericano que pidió perdón por las atrocidades cometidas por sus compañeros de armas, por lo cual fue duramente denostado por Pinochet, calificándolo de traidor. Balza. comentaba que el golpe dado en Argentina en 1976, había sido muy diferente a los anteriores por la brutalidad ejercida. Esta desigualdad se debió a que la represión estuvo a cargo de eficientes alumnos de la Escuela de las Américas.  El éxito en implantar la ideología que los estadounidenses consideraban necesaria a sus intereses, se comprueba patentemente en una carta del coronel ® Benjamín Escobar Moreira publicada en la revista PEC de 26 de julio de 1968 que, en su parte final, decía: “Una cosa si puedo establecer perentoriamente. Que siendo un convencido y leal partidario de la democracia, estaré con Estados Unidos en su lucha contra la esclavitud y gustoso ofrendaré mi vida antes de aceptar la ignominia de la subyugación a las fuerzas imperialistas y regresivas del comunismo infamante”. De todas formas, Estados Unidos no descartó totalmente la invasión con sus propias fuerzas armadas. En octubre de 1983 la pequeña isla de Granada, de 90.000 habitantes, fue ocupada para detener la llamada “revolución del pueblo” encabezada por Maurice Bishop, muerto poco antes de la invasión. Ronald Reagan declaró “llegamos apenas a tiempo para evitar la ocupación de Granada por los cubanos”. En diciembre de 1989, George Bush padre, ordenó la operación “causa justa” para derrocar a Manuel Noriega, en base a la Doctrina de Seguridad Nacional.. Este corrupto dictador había sido agente pagado de la CIA y colaborador de los contra en Nicaragua, se le llamaba “el hombre de Washington en América Latina”. Pero había cometido el pecado de hacer cerrar la Escuela de las Américas y convertirse en una gran traficante de drogas hacia Estados Unidos. En esta acción murieron entre 3.000 y 5.000 panameños. Noriega fue apresado y condenado en USA, en donde recibió un trato preferencial. Ha sido liberado recientemente  y extraditado a Francia, pero la Justicia panameña reclama que retorne a su país para responder por sus crímenes Motivaciones para hacer desaparecer los cadáveres. La acción de eliminar los cuerpos de las víctimas es aberrante y impropia a un comportamiento civilizado. Históricamente ha sido la forma más agraviante de dañar a un adversario. La desaparición definitiva del cadáver implica el permanecer en el limbo histórico de las “no personas”, constituyendo el mayor ultraje que se puede infringir a un ser humano. Las razones de los asesinos pueden ser diversas: 1.- En la tradición judeocristiana, es considerado trascendental enterrar los fallecidos y honrar sus tumbas. En los griegos, eran muy importantes las honras fúnebres, pues creían que el alma de un cuerpo que no era enterrado estaba condenada a vagar por la tierra eternamente. La célebre tragedia de Sófocles, “Antígona” recalca su trascendencia. Dentro de estos valores sociales, el impedirlo implica incrementar el   dolor y la pesadumbre ocasionada por la defunción. El occiso, fuera de la muerte, sufre la afrenta de aparecer como una persona que nunca hubiese existido. El odio irracional, puede llevar a un individuo enajenado a provocar intencionadamente este inmenso daño psicológico a los familiares. Un escalofriante ejemplo es el caso del fiscal militar, Alfonso Podlech, quién, en Temuco, se negó a entregar el cadáver del jefe zonal del Servicio Nacional de Salud, doctor Hernán Henríquez. Este médico, consciente de no haber cometido delito alguno, al ser citado, se había prontamente presentado al regimiento respectivo, junto al dirigente de la FENATS, Alejandro Flores. Días más tarde se comunicó que ambos habían sido muertos en un intento de fuga y enterrados. A la viuda, Ruth Kries, Podlech se rehusó a entregar los restos de su marido, aduciendo rudamente: “los enemigos de la Patria no tienen derecho a tumba”.  A los militares chilenos no les importó la existencia del artículo 120, del Convenio de Ginebra que, de acuerdo a su honor, estaban comprometidas a respetar. Esta disposición, que debe ser acatada por todas las fuerzas armadas del mundo, establece: “las autoridades en cuyo poder se encuentren los prisioneros, se cuidarán de que los fallecidos en cautiverio, sean enterrados honorablemente, si es posible, con arreglo a los ritos de la religión a que pertenezcan y de que las sepulturas sean respetadas, decentemente mantenidas y marcadas de modo que puedan ser siempre reconocidas. Los prisioneros serán enterrados individualmente, salvo caso de fuerza mayor que imponga una tumba colectiva”. 2.- El hacer desaparecer el cuerpo de un occiso, es un recurso utilizado con frecuencia por el victimario, para escapar de ser condenado por el crimen. Es difícil configurar el delito, si el cuerpo de la víctima no aparece, no puede tenerse absoluta certeza de su muerte. Generalmente, los asesinatos considerados perfectos, lo han sido por haber tenido éxito en el ocultamiento o eliminación definitiva de los restos de sus víctimas.. Esto hace entendible que, años después, cuando se descubrieron los cadáveres en los hornos de Lonquén, Pinochet, con mentalidad de tinterillo, adquirida en sus frustrados estudios de leyes, dio la orden de hacerlos desaparecer definitivamente. Los militares se preocuparon de desterrar todos los restos posibles, para eliminarlos, incinerándolos, lanzándolos al mar o llevándolos a lugares inaccesibles, evitando así el hallazgo de más cuerpos. Demuestra que Pinochet tenía conciencia del delito y su pretensión de encubrirlo a toda costa. Confiaba en que el pacto de silencio de los uniformados nunca se rompería, pese al gran número de involucrados. Nunca se imaginó que, con su detención en Londres, al producirse la instalación de una mesa de diálogo para ayudar a su regreso, la muralla del silencio se derribaría al reconocer los militares una masiva eliminación de los cuerpos. 3.- El temor y el odio a las víctimas, por haber constituido una amenaza inminente a las propias vidas, puede conducir hacia conductas extremas, como el asesinato con extrema crueldad y el hacer desaparecer los cuerpos. El afán de venganza resulta incontenible, todo aparece justificado al presentarse como una anticipación a la acción mortal del adversario Este fenómeno ocurrió en Uruguay y Argentina con los movimientos guerrilleros a los cuales se les atribuyeron funestos planes que amenazaban la vida de la población. En Brasil, los militares dieron a conocer un supuesto plan en que los partidarios del presidente Goulart pretendían asesinar a militares y a partidarios de la derecha. En Chile, copiando la pauta brasileña, se inventó la existencia del plan Zeta. Se utilizó la estrategia de hacer aparecer al golpe militar como un acción preventiva que se había anticipado a los propósitos criminales de los marxistas. Mediante esta táctica, los represores no se sienten dañando a seres indefensos, sino a perversos individuos que pretendían matarlos a ellos. Se promovió la falsa disyuntiva: eran ellos o nosotros Con este objetivo, se falsificaron pruebas de un plan de aniquilamiento de opositores, tanto de militares como de civiles, supuestamente fraguado por la Unidad Popular. El diario El Mercurio participó gustosamente en la maquinación de la dictadura informando el 23 de septiembre de 1973:  “La abertura a dinamitazos de la caja fuerte de la subsecretaría del Interior dejó al descubierto el minucioso plan elaborado para que se cumpliera el 17 de septiembre, a fin de asesinar simultáneamente a los jefes de las Fuerzas Armadas, políticos de oposición, periodistas y profesionales que discrepaban con el gobierno depuesto” La mayoría del PDC creyó en  la existencia del plan Zeta, y colaboró a su difusión tanto en Chile como en el extranjero. El 17 de septiembre, Patricio Aylwin, declaró a la prensa: Chile estuvo al borde del “Golpe de Praga” que habría sido tremendamente sangriento, y las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse a ese riesgo inminente“. Siete días más tarde manifestó al diario NC News Service “La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una acción preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado, que con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de 10.000 extranjeros que había en este país, pretendía o habría consumado una dictadura comunista”. El ex presidente Frei Montalva fue aún mas lejos en estas apreciaciones en sus declaraciones a diario ABC y en su carta a Mariano Rumor. “Ya estaban armadas las masas de guerrillas y bien preparado el exterminio de los jefes del Ejército (...) el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del Ejército, un armamento para más de treinta mil hombres, y el Ejército chileno no pasa normalmente de esa cifra (...) Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros, cuyas vidas no son ciertamente tan importantes como la de Chile, pero son muchas vidas humanas y todas amenazadas perentoriamente eran pocos los pasos que quedaban por dar para instaurar en plenitud en Chile una dictadura totalitaria” Muchas torturas, muertes y desapariciones se debieron a este supuesto plan que se demostró fue una siniestra artimaña para justificar el golpe militar. La propia CIA registró su inexistencia en sus informes. El general Gustavo Leigh admitiría, después de ser expulsado de la Junta Militar, que él fue engañado por falsos documentos –hojas sueltas-  que le fueron presentados por  el vicealmirante Patricio Carvajal, durante una sesión de la Junta.  4.- Hay un motivo aún más tenebroso y amargo de recordar. La muerte ha sido realizada con tal saña, que los cuerpos presentan horrendas lesiones, impresentables para cualquier persona, especialmente para los familiares. Es el caso de los ejecutados por la “caravana de la muerte”, encabezada por el general Sergio Arellano Stark. La impactante entrevista dada a TVN por el general Joaquín Lagos, 25 de enero del 2001, da una muestra de esta monstruosidad:: “Me daba vergüenza verlos. Si estaban hechos pedazos. No eran cuerpos humanos. De manera que yo quería armarlos, por lo menos dejarlos en forma decente, más o menos (...) Si les sacaban los ojos con los corvos, les quebraban las mandíbulas, todo, les quebraban las piernas... al final les daban el golpe de gracia. Se ensañaron... En la forma que procedieron me sentí con dolor, con impotencia, con rabia”. . Realmente el general Lagos se quedó corto, pues la imagen era: ojos, narices u orejas arrancadas con corvos, múltiples huesos fracturados,  cráneos deshechos por heridas de bala, pedazos de cerebro esparcidos en el suelo, o heridas abdominales, con vísceras expuestas al exterior, era el espeluznante escenario. Este comandante de la Primera División del Ejército relató ante las cámaras que inicialmente no se atrevía a entregar los restos de estas personas tan cruelmente asesinadas, sólo lo hizo después de intentar ponerlos algo presentables con la ayuda de médicos, forzado por las manifestaciones de inmenso dolor y angustia de los familiares. La exposición del general Lagos Osorio ante TVN despertó gran conmoción pública y malestar e irritación entre los militares. Por esto, emitió una declaración en que puntualizaba la razón que le había llevado a entregar su testimonio: “Todo lo hice por mi honor de soldado y de hombre. Lo hice por el cariño que tengo a mi patria. Lo hice por la fe que tengo en Dios. Por la honorabilidad intachable de mi familia. Y más que nada, por respeto a tantas generaciones de jóvenes que durante mi carrera militar me correspondió el alto honor de educar. Hay que ser leal con ellos y preocuparse de nuestra juventud”. Ningún otro jefe militar de las zonas en donde ocurrieron estas masacres, cometidas por la comitiva del general Arellano, se atrevió a entregar los restos de los ajusticiados a los deudos. El coronel Ariosto Lapostol, hizo sepultar prontamente los cuerpos en una fosa común del cementerio de La Serena. El teniente coronel Oscar Haag, comandante del regimiento motorizado N° 1 de Copiapó, hizo extender los certificados de defunción y dispuso la sepultación inmediata de los cadáveres en una fosa común del cementerio de la ciudad, negando a los familiares la posibilidad de verlos. El coronel Rivera Desgroux, comandante en Calama, enfrentado a la circunstancia que los cuerpos estaban tan horriblemente masacrados, ofreció a las familias entregarlos un año después, pero con el propósito anticipado de no hacerlo, porque aún persistirían las terribles evidencias de la salvaje matanza. Los miembros de la comitiva de Arellano, dirigidos por Sergio Arredondo, predilecto de Pinochet, actuaron como una pandilla de psicóticos, carentes de todo control racional, poseídos de un frenesí de muerte en contra de seres humanos indefensos. Y esto sucedió en varias ciudades de Chile. Causa inconmensurable indignación el imaginar a las víctimas con sus cuerpos seriamente dañados, sometidos a una lenta y horrible agonía, suplicando a los militares que los mataran de una vez. Calificar este comportamiento como bestial, sería agraviar a las bestias que se comportan  motivadas por sus instintos, inconscientes del daño que provocan. El día 24 de octubre de 1973, cuando la horrenda noticia de las masacres perpetradas por la comitiva, daba la vuelta al mundo, el vicealmirante Ismael Huerta manifestaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “El gobierno de Chile no puede aceptar bajo pretexto alguno que se pretenda señalar que ha amparado ofensas al pudor y vejaciones. Nuestro gobierno rechaza de la manera más enérgica cualquier denuncia al respecto, la considera carente de fundamento y está en condiciones de afirmar categóricamente que desde el 11 de septiembre no ha habido ninguna actitud atentatoria a la dignidad humana. Cualquier atentado a los derechos esenciales del hombre es, a nuestro juicio, incompatible con la vida civilizada. Más aún, desde el primer instante el nuevo gobierno instruyó a los efectivos militares a que actuaran permanentemente en concordancia con los principios cristianos y humanistas que inspiraban e inspirarán la acción del nuevo gobierno de Chile y que hicieran cuanto fuera posible para salvaguardar los Derechos Humanos”. Fue una declaración de inaudito descaro y desvergüenza que ha quedado como un documento acusador de la dictadura de Pinochet ante la opinión mundial. Estas masacres no fueron una excepción, por el contrario, constituyeron casi la regla. Cualquier persona que se vio en la necesidad de visitar el Instituto Médico Legal en Santiago se encontraba con una situación dantesca que nunca olvidaría, como ocurrió con el autor de este artículo. Esto se subraya con la descripción de un dirigente democratacristiano de la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo que concurrió a identificar los cadáveres  de compañeros comunistas arrestados hacía varios días, a fines de septiembre de 1973, por efectivos del Ejército.. Su relato fue: “Nunca olvidaré sus rostros y cuerpos hechos pedazos. Estaban todos ellos apiñados en montones humanos, prácticamente irreconocibles. No eran solo los proyectiles de guerra, destrozando sus cuerpos y sus caras, era más que eso, era como si la furia en su máxima crueldad e irracionalidad se hubiera desencadenado sobre ellos despedazando todos sus miembros...” En esta forma se lo relató al ex diputado Andrés Aylwin (Simplemente lo que vi. 1973-1990). martes, 08 de junio de 2010 * Fuente : El Clarin

Las provocaciones del Embajador de Piñera en Argentina

por Leopoldo Lavín Mujica (Canadá)

miércoles, 09 de junio de 2010

Con Piñera vuelve lo peor de la ola derechista. Después de las ofensas e infundios mal intencionados a diputados concertacionistas con el fin de acallarlos, vertidos en la cámara por el aparentemente circunspecto ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, de las declaraciones homofóbicas intolerantes empapadas en odio e ignorancia del RN Carlos Larraín contra la identidad homosexual, se agregan ahora las más políticamente provocadoras y directas de Miguel Otero, el Embajador chileno en Argentina.  Éste acaba de declarar a la prensa argentina que “la mayor parte de Chile no sintió la dictadura”, agregando enseguida que “antes usted no podía comprar nada importado, tenía que pagar lo que se producía en Chile, caro y malo. De la noche a la mañana usted empezó (con Pinochet) a encontrar lo que no había”.   En otras palabras, el “Embajador” que se supone representa los intereses de la República de Chile en un país vecino y hermano cuyos ciudadanos vivieron la misma brutalidad militar y violaciones a los derechos humanos y cívicos que nuestro país, es incapaz de ver diferencias fundamentales entre una Dictadura Militar y una democracia.  Si lo dice con tal desparpajo será porque la democracia del régimen postdictadura en su funcionamiento binominal, al igual que el modelo neoliberal, perfeccionado y ajustado por el concertacionismo, fueron diseñados por los estrategas civiles de la dictadura para excluir y despolitizar. Lo hicieron bajo el supuesto neoliberal que el consumo de mercancías, con el bombardeo publicitario televisivo y con la programación basura, compra las consciencias y jibariza el pensamiento crítico. Y bien sabemos que el objetivo de la institucionalidad electoral y de la Constitución actual es asegurar la alternancia entre las dos coaliciones que acordaron consensuar formas elitistas de dominación política para mantener intacto el modelo concentrador de la riqueza y explotador de la fuerza de trabajo de las mayorías asalariadas.  Las fuerzas socioeconómicas generadoras de brechas que no cesan de agrandarse emanan de estructuras (de clase y de producción capitalista) que son las que habría que deconstruir y transformar para edificar un país justo y solidario y resolver las taras y retrasos que se arrastran en el acceso desigual a la educación, la salud, la vivienda y la cultura. Pero aún así, y pese a la concepción oligárquica y restringida de la democracia que se instaló en Chile con la anuencia de los gobiernos de la Concertación, Latinoamérica había dejado atrás la apología explícita de las dictaduras militares.  Las declaraciones del Embajador de Piñera, Miguel Otero, pueden ser calificadas de propaganda del autoritarismo y de formas antidemocráticas de gobernar; de banalización de métodos policíacos represivos que no titubean en utilizar la violencia para llegar a sus fines y de defensa de la doctrina neoliberal que ve al mercado y a sus santuarios, los malls, como  logros civilizacionales al servicio del consumidor “soberano” (sin olvidar que este tipo de argumento es también utilizado por columnistas liberales).  Vemos como una estrategia comunicacional se esboza. Son conspicuos personeros de la guardia piñerista y miembros de la oligarquía política y económica quienes comienzan una campaña de agresión en contra de los valores humanistas y democráticos que cubre varios frentes en los cuales el Presidente se había mostrado algo cauteloso. Así reaparecen bajo forma discursiva y prejuiciosa los enclaves ideológicos conservadores y religiosos del Opus Dei y de la alianza derechista que agazapados detrás de Piñera dan sus primeros zarpazos. Lejos están lo valores del Humanismo Cristiano que  Piñera ha dicho profesar. Se creía haber logrado imponer en la sociedad chilena la tesis que los vencedores políticos civiles del golpe militar y de la llamada transición a la democracia habían aceptado la derrota ética política  infligida por el veredicto del derecho universal, de su evolución y por la condena de los pueblos sedientos de justicia social, solidaridad y libertades civiles plenas (el ataque artero de los jueces franquistas españoles en contra de Baltasar Garzón es otro elemento para reflexionar).   Sin embargo, este rosario de provocaciones de corte  ultraconservador y facistoide muestra que la Historia no es una marcha ineluctable hacia el Progreso y la Razón; que pueden haber recaídas abruptas. Se impone estar alertas, no bajar la guardia y resistir para luego preparar la ofensiva en pos de la defensa de los derechos democráticos, sociales y colectivos de igualdad, justicia social y solidaridad. - Leopoldo Lavín Mujica, B.A. en Philosophie et journalisme y M.A. en Communication publique de l’Université Laval, Québec, Canada.

“En Chile la atención de salud ya está privatizada”

Piñera apoyando a Pinochet

10 millones de dólares para un nuevo sistema de emergenciasEn el marco de las celebraciones

En un 5,9% aumentó el gasto militar en el mundo

En un 5,9% aumentó el gasto militar en el mundo

Según el informe anual del Instituto International de Estudios por la Paz de Estocolmo (Sipri), durante el año 2009 se gastaron 1,5 trillones de dólares en armamento en el mundo, siendo Estados Unidos, otra vez, el país con mayor gasto, representando el 43% del total.

De acuerdo a declaraciones de Sam Perlo-Freeman, director del Sipri, los países aumentaron el gasto en más de  un 50% respecto al año 2000, arrojando como argumento las intervenciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán, y el interés constante de los países en adquirir armamento de última generación.

Pero el dato más crudo es el alto aumento de las compras latinoamericanas, con más de 45 mil millones de dólares estadounidenses, de los cuales Brasil lidera la lista con una inversión por sobre los US$26 mil millones, un 16% más que en 2008. Le sigue Colombia, con 10 mil millones de dólares, mientras que Chile gastó US$5 mil millones.

Venezuela, por el contrario, redujo su gasto en más de un 25%, convirtiéndose en uno de los países líderes de la región en promover la reducción de armamento.

Para Perlo-Freeman, “muchos países incrementaron su gasto público en general en 2009 para impulsar la demanda y combatir la recesión. El gasto militar aumentó de forma semejante, aunque no formaba parte de los paquetes de estímulo económico”.

De acuerdo a los datos entregados por el mismo informe, Estados Unidos es el mayor vendedor de armamento, con un 30%; le siguen Rusia, con 23%, y Alemania con 11 por ciento. Mientras que los principales importadores de armas son China, con un 9%; India, 7%; Corea del Sur 5%, y Emiratos Árabes, con un 4%.

En otro ámbito, el Sipri calculó que existen alrededor de ocho mil cabezas nucleares operativas en el mundo, de éstas, más de dos mil están en alerta máxima y listas para ser activadas. Este armamento está concentrado en Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, India, Pakistán e Israel.

¿QUÉ ES EL SIPRI?

Fundado en 1966 con motivo de los 150 años de paz ininterrumpida en Suecia, el Instituto Internacional de Estudios por la Paz de Estocolmo, realiza estudios científicos sobre la cooperación y los conflictos en el mundo con el fin de contribuir a la cooperación de las condiciones necesarias para la resolución pacífica y el mantenimiento de la paz.

Por medio de sus estudios, el Sipri hace pública información sobre desarrollo armamentístico, gasto militar, producción y comercio de armas, el desarme de conflictos, su prevención y la seguridad internacional.

La principal fuente de financiación del Sipri procede del gobierno sueco. El Instituto también busca el apoyo económico en otras organizaciones y fundaciones independientes y trata de ampliar su programa de investigación.

Más información en: www.sipri.org

Por Claudia Pedreros Saá

El Ciudadano

Campaña Asamblea Constituyente

El arte del engaño en la política chilena

El engaño forma parte de la vida.
 

Uno debe acostumbrarse a vivir malamente con él.

En determinados momentos políticos, cuando las circunstancias lo exigen se recurre a este artilugio de manera brutal, se convierte entonces en arma blanca y negra, se hace uso del engaño por intereses mezquinos, finalmente para imponer lo que los engañadores quieren hacer creer en beneficio propio o del partido. Y claro el escenario político chileno está lleno de engañadores.

Vamos a recordar algunos engaños que son graves, palabras que salieron de quien era en esos momentos la presidenta de Chile y de tantos otros que andan flotando, incluso ya en vías de extinción. Existe en la creencia popular que los presidentes y los curas no son engañadores… no dicen nunca una mentira.

Un gran engaño.

Los Legionarios de Cristo por ejemplo, predicaron por años y años insistieron hasta la afonía y por los cuatro vientos, que Marcial Marcel era la bondad en persona, un santo, que su obra era sencillamente la obra de Dios. Fundó muchos seminarios, es verdad, pero le gustaba pasearse por sus dormitorios y poder elegir a quien maltratar, a su presa, como si de un criadero se tratara. Las denuncias de los agredidos nunca fueron escuchadas porque él tenía buenos amigos en el infierno.

Era un engaño, porque sus legionarios estaban conscientes y sabían de la condición de pederasta de tan alta dignidad infernal/eclesiástica, y que en algún momento se pensó en iniciar los trámites y papeleos para… hacerlo un santo.

Otro gran engaño.

Cuando se cumplieron los 20 años del triunfo del NO (alternativa contemplada en la Constitución de las FFAA), aquella batalla del NO gloriosa, fue una gesta notable, se sumaron voluntades y rabia y dolor. Michelle Bachelet dijo en su discurso recordatorio de esa fecha en el acto en el Estadio Nacional, cuando habló de Chile, que es un país que necesita más democracia, una nueva Constitución, y más participación.

Y allí estaba el engaño. No dijo cómo se iba a concretar su propuesta. Esta es una aspiración de millones de chilenos, de eso se trata un nuevo cuerpo constitucional, un instrumento que posibilite mayor partición donde se asegure de manera concreta el ingreso de todos a la sociedad. Una cosa es caminar por las calles, comprar el periódico o buscar los precios más bajos, pero otra cosa diferente es ser ciudadano, y claro en Chile no todos son ciudadanos con sus derechos consagrados.

Michell Bachelet algunos meses después de asumir como presidenta, llegó a insinuar que no descartaba llamar a una Asamblea o Consulta Nacional. Nunca dijo cuales serían los pasos para hacerla realidad, no dio fechas ni nombró una comisión ni apareció ninguna foto ni lo que se iba a consultar o a plebiscitar. Todo fue un engaño.

Otra película engañosa.

La senadora Soledad Alvear, que no es una recién llegada a la política chilena, sonó como presidenciable incluso, fue presidenta del Partido Demócrata Cristiano. En el Congreso Ideológico de su partido en el 2007, cuando llegó el momento sagrado de cerrar aquella jornada, al leerse las conclusiones las redactaron de la siguiente manera: “los demócratas cristianos creemos que llegó la hora de dotar a Chile de una nueva Constitución y que sea la carta de navegación que le permita a Chile ser una sociedad más desarrollada, más moderna e integrada”.

El año 2007 se escuchó decir en el Congreso del Partido Socialista, orgánica en la cual militó el presidente Salvador Allende, que si durante la dictadura militar fue posible la existencia del Grupo de los 24, perfectamente en el nuevo escenario político era indispensable conformar un grupo de sabios y notables para dar pasos concretos en la necesidad histórica, y poder avanzar en la elaboración de un nuevo tratado constitucional. Puro engaño.

El tema de la indispensable nueva institucionalidad es una exigencia muy justa de la izquierda chilena y de los sectores progresistas. Y es determinante porque de un nuevo proyecto constitucional pasa el país que se requiere reconstruir, el Chile que se necesita, un país democrático, en suma país llamado para dar respuestas a las demandas de un tercer milenio, sin excluidos, sin pobres, con más oportunidades.

Cuando hace algunos años el movimiento estudiantil rompió la pasividad y salió a la calle para demostrar lo precario del sistema educativo, modelo heredado de la dictadura y que la Concertación administraba en silencio con pingues beneficios para los mercaderes, allí se chocó frontalmente con el andamiaje escrito a puño por las Fuerzas Armadas, la Constitución. Y a eso hay que sumarle también el sistema provisional, la salud publica, todos los Tratados Internacionales para proteger y defender los Derechos Humanos. Todas aquellas demandas sociales impostergables quedan en punto cero frente a una Constitución excluyente y parchada.

Más engaño. Cuando la Concertación conoció los resultados de la primera vuelta en las últimas elecciones presidenciales y al candidato Eduardo Frei sus matemáticas no le cuadraban, sacó de nuevo a relucir el tema Constitución, llegó incluso a reunirse con un grupo de chilenos demócratas que le dejaron meridianamente claro, lo fundamental para un país que necesita un nuevo tinglado constitucional. Eduardo Frei no se comprometió a llamar a una Asamblea Constituyente, dijo que consideraba necesario hacer algunos cambios… algo es algo.

Y esto es también engaño… puro y duro.

(Para ser socialista)…”primero, tener inspiración marxista. Luego, tener una posición democrática sobre la organización interna del partido, no estar adscrito a ninguna internacional. Y finalmente, entender que no es un partido de una sola clase si bien representa los intereses de los trabajadores. El problema de fondo es que no hay compatibilidad posible entre el sistema económico que permita el surgimiento de esos grandes grupos y la existencia de un régimen democrático; simplemente son incomprensibles”

Ricardo Lagos Escobar, ex Presidente de Chile. (Revista Análisis diciembre 1983).

Chile necesita una Nueva Constitución y en el pedirla no hay engaño.

Por Pablo Varas

El Ciudadano

¡No a las privatizaciones!: marcha por la recuperación de nuestros recursos naturales

Zapatero expone en el Club Bilderberg ante críticas por resguardo policial de la reunión privada

El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, participó el viernes pasado como invitado en los debates del selecto Club Bilderberg, reunido en Sitges (Barcelona), una cita donde expuso sobre el panorama económico español, confirmó a Efe fuentes diplomáticas.

El Club reúne anualmente a algunas de las personas más influyentes del mundo y sus encuentros se celebran a puerta cerrada, sin informar a los medios de comunicación de sus exclusivos invitados ni del contenido de sus debates.

Zapatero asistió a las reuniones que este año se  organizó en un lujoso hotel de Sitges, en la que también participó la Reina doña Sofía, como ya hizo en la reunión de 2009, que tuvo lugar en la capital de su país natal, Atenas (Grecia), y también en ocasiones anteriores.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó en la rueda de prensa -posterior a la reunión del Consejo de Ministros-, que es tradición que los integrantes del Club inviten a participar en sus reuniones al jefe del Gobierno del país en el que las celebran.

Señaló que nunca trasciende de lo que se habla en esas reuniones, pero ha dicho que es seguro que Zapataero lo hará “de la crisis que vive el mundo en estos momentos” y del modo de afrontar los retos que hoy tienen planteadas todas las economías en un mundo globalizado.

Cabe recordar que un punto de suma urgencia en la agenda del grupo para este año es  recuperación económica en la zona euro. La crisis de deuda pública que estalló en Grecia y que amenaza a otras economías débiles como España, Portugal o Irlanda, y los recientes planes de recorte público aprobados,  hacen temer una nueva recaída en la recesión, con lo que la crisis europea adoptaría una forma en W.

Entre el resto de invitados están la Reina Beatriz de Holanda; el director de la Organización Mundial de Comercio(OMC), Pascal Lamy; el presidente del Banco Central de Europa(BCE), Jean Claude Trichet; el ex secretario de Defensa de EEUU Donald Rumsfeld, el veterano político norteamericano Henry Kissinger y el banquero David Rockefeller.

Desde España participaron:
Gustavo Cisneros, presidente del Grupo Cisnero(nacionalizado español)
Ignacio Polanco, presidente del Grupo PRISA
Juan Luis Cebrián, consejero delegado del grupo Prisa
José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona
Pedro Solbes, el ex ministro de Economía y ex comisario europeo
César Alierta, Presidente y consejero delegado de Telefónica
Ana Botín, presidente ejecutivo de Banesto
Jaime Carvajal Urquijo, director Gerente de Advent International
Bernardino León Gross, secretario General de la Oficina del Primer Ministro de España
Matías Rodríguez Inciarte, vicepresidente Ejecutivo, del Grupo Santander.
Vea la lista completa de participantes.

Quién financia la seguridad de la reunión

El Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-CCOO) denunció ayer el “gran despilfarro” que ha supuesto las medidas de seguridad para la reunión del Club Bilderberg,  que ha movilizado a centenares de agentes autonómicos catalanes.

En un comunicado, el SME expresó públicamente “su desacuerdo hacia lo que supone un injustificado despilfarro de dinero público destinado a preservar la seguridad de un acto privado”, sostuvo.

TRascendió que los que asistieron a protestar por la reunión, hicieron un llamado a la policía, tratando de transmitir el mensaje de que están amenazados por el programa elitista de la reunión igual que todos, debido a que la policía acosaba e incluso detenía a los fotógrafos y periodistas.

“Los reporteros gráficos están siendo acosados, seguidos por helicópteros y motocicletas de la policía en las colinas alrededor de la Dolce Sitges,” según informó Charlie Skelton, del diario inglés, The Guardian.

El periodista estadounidense Jim Tucker, el primero en avanzar el lugar y fecha del encuentro, aseguró que los gastos de seguridad, estimados en 600.000 euros en la cumbre de Sitges, según publicó también Público.es, “son siempre costeados por la organización del encuentro por adelantado”, señaló Tucker.

En el terreno político español, el diputado Gaspar Llamazares, de la coalición Izquierda Unida(IU),  prepara una pregunta parlamentaria para conocer el coste del operativo de estos días y la posición del Gobierno sobre la reunión de Sitges.

Francisco Luna

El Ciudadano

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Mutualidad criolla: Desde 1853 estrechando las manos de los trabajadores chilenos

Paradojas de la historia: ¡el mutualismo chileno había sido el precursor de las leyes sociales, y luego, esas mismas leyes se transformaban en una de las causas principales de su decadencia!

Coincidiendo hoy 17 de abril con el nacimiento del destacado mutualista libertario estadounidense Benjamín Tucker (1854), damos inicio a una serie de artículos sobre la práctica de la mutualidad y la teoría del mutualismo. Comenzamos con el extracto de un texto escrito por el historiador chileno Sergio Grez aparecido a comienzos de 1994 en la revista Mapocho.

La mutualidad chilena, pionera de esta forma de asociación en América del Sur, fue el germen del movimiento obrero y popular nacional, estando a la cabeza del esfuerzo unificador del mutualismo latinoamericano. Tanto por los beneficios materiales que ofrecía, como por el sentimiento de dignidad que imbuía a sus adherentes, el mutualismo llegó a ser –a comienzos del siglo XX- la principal forma de organización popular, teniendo a menudo el papel de promotor de las demandas sociales.

Pero, luego, las nuevas formas de organización popular –especialmente el sindicalismo-, y la puesta en práctica de las leyes sociales, lo condujeron a una larga crisis, obligándolo a una existencia bastante precaria. Hoy en día, dada la gran cantidad de trabajadores carentes de seguridad y previsión social, la mutualidad tiene la oportunidad histórica de volver a ser un actor importante en la construcción de un sector económico solidario.

LAS PRIMERAS SOCIEDADES MUTUALISTAS (1853-1858)

Aunque es posible detectar algunas tentativas abortadas de creación de sociedades similares antes de 1850, un elemento decisivo en la formación de las primeras mutuales chilenas durante la década de 1850, parece haber sido la influencia ideológica de los principales líderes de la Sociedad de la Igualdad: Santiago Arcos y Francisco Bilbao. Estos jóvenes, que habían vivido en Francia y abrazado las nuevas ideas de reforma social, predicaron, a su retorno a Chile, los principios de la revolución de 1848, logrando considerable resonancia entre sectores de obreros y artesanos urbanos.

Consumada la derrota liberal en 1851, la idea de crear sociedades mutualistas comenzó a germinar entre algunos grupos de obreros y artesanos urbanos: esas organizaciones debían ser políticamente neutras y agrupar a todos los trabajadores de ciertas especialidades tras el objetivo del socorro mutuo y, eventualmente, de la educación popular. Así, surgieron la Unión Tipográfica de Santiago, fundada el 18 de septiembre de 1853 por el peruano Victorino Laínez, y dos años más tarde, en mayo de 1855, la Sociedad Tipográfica de Valparaíso.

Estas primeras mutuales agrupaban a un sector de élite de los trabajadores manuales. Más que una situación económica ventajosa, un grado superior de instrucción –aunque fuese el simple hecho de saber leer y escribir- caracterizaba a los tipógrafos, situación que los ubicaba en una posición de avanzada en el contexto general de los trabajadores manuales.

1861-1879: LA PRIMERA ETAPTA DE EXPANSIÓN DEL MUTUALISMO: EL IMPULSO DE FERMÍN VIVACETA

Las primeras sociedades mutualistas fundadas después de la guerra civil (1859) fueron las “sociedades de artesanos”. Estas instituciones agrupaban a obreros y artesanos sin distinción de oficio, excluyendo a los peones y sirvientes domésticos.

La primera de esas sociedades fue la que surgió en Santiago a comienzos de 1862, por iniciativa de Fermín Vivaceta, la más relevante figura del mutualismo chileno. Esta sociedad –bautizada de Artesanos “La Unión”- se proponía instalar una caja de ahorro destinada a socorrer a los artesanos enfermos, incapacitados para el trabajo o ancianos –sin distinción de nacionalidad- y a sus familias en caso de fallecimiento del socio, además de impartir cursos vespertinos para los trabajadores.

Los años 1862-1879 representaron la primera etapa de difusión a gran escala de la idea mutualista. Durante esos años se crearon sociedades de artesanos en más de quince ciudades, fundándose en Santiago y Valparaíso mutuales de cigarreros, carroceros, sastres, zapateros y de herreros, y la primera mutual de “sectores medios”, la Sociedad de Socorros Mutuos entre Institutores e Institutrices de Valparaíso (1879).

Por esos años, las asociaciones de artesanos de Santiago, Valparaíso y Chillán fueron los motores de una prolongada campaña (alrededor de dos años), por intermedio de la cual los trabajadores increparon por primera vez, de manera coordinada, al poder político, criticando el modelo de desarrollo económico dominante.

1883-1890: EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO OBRERO Y LA GRAN DIFUSIÓN DEL MUTUALISMO

En 1885, la Sociedad de Artesanos “La Unión” de Santiago propuso la creación de una coordinación permanente de las sociedades obreras de todo Chile. Para lograr este objetivo, se realizó en la capital, el 20 y 21 de septiembre de ese año un “Congreso Obrero”, en el que participaron delegados de la mayoría de las sociedades de obreros y artesanos.

Las conclusiones del Congreso abarcaban una vasta gama de tópicos (sociales, económicos, reivindicativos), subrayando la voluntad de unificación del naciente movimiento obrero (se preveía la publicación de un periódico común). Las principales demandas de tipo económico eran las mismas que el movimiento mutualista había levantado desde sus inicios: protección de la industria nacional y establecimiento de cooperativas, mutuales y cajas de ahorro. La única reivindicación política también portaba el sello de la continuidad: la reforma del servicio en la Guardia Nacional sobre bases de estricta igualdad para todos los ciudadanos.

Este movimiento conoció, entonces, una nueva fase de expansión. La forma más novedosa de organización mutualista durante este período fue la representada por las primeras sociedades de socorros mutuos femeninas, fundadas a partir de 1887 por obreras costureras de Valparaíso y Santiago, pero abiertas a todas las trabajadoras. La fundación de mutuales femeninas tuvo como consecuencia indirecta, una mejor disposición de los trabajadores para aceptar que las mujeres jugaran un papel activo en las organizaciones populares.

A fines de la década 1881-1890, la red de organizaciones populares –mutuales, filarmónicas de obreros, cajas de ahorro, cooperativas, sociedades de “ilustración”, etc.-, cubría casi todas las ciudades del país. La multiplicación de las organizaciones obreras planteaba el problema de su coordinación a fin de acrecentar su eficacia. Los simples acuerdos de tipo bilateral o multilateral (pactos o alianzas), demostraron ser insuficientes frente a las exigencias (de socorro mutuo, de representación ante los poderes públicos, etc.), a las que debían responder estas agrupaciones.

A partir de 1887, se comenzaron a dar los primeros pasos para la creación de coordinaciones permanentes de las asociaciones populares. La primera (y la única iniciativa exitosa durante mucho tiempo) tuvo lugar en Valparaíso: fue la Liga de Sociedades Obreras, inaugurada el 5 de agosto de 1888.

Aunque accesible a una franja aún minoritaria de los sectores populares urbanos, gracias a los beneficios materiales que ofrecía, y por la dignidad que proyectaba a sus adherentes, el mutualismo se convirtió durante la segunda mitad del siglo XIX en el núcleo del movimiento popular, sobrepasando frecuentemente el cuadro de simple socorro mutuo: las principales iniciativas privadas de educación popular (escuelas vespertinas y conferencias populares) y una gran parte de las cooperativas fueron promovidas y apoyadas por las mutuales, que a veces asumieron además el papel de organizadoras de las demandas obreras frente a los patrones, prefigurando la acción de tipo sindical del siglo XX.

En el plano sanitario, las autoridades encontraron en estas instituciones un valioso colaborador en las campañas de prevención y combate de las epidemias que asolaban periódicamente al país.

1891-1924: LOS AÑOS DE PLENITUD

El mutualismo vivió entonces una situación contradictoria. Por un lado, siguió siendo la principal forma de organización popular. Sin embargo, para muchos activistas obreros, el mutualismo ya había cumplido su papel histórico.

En un comienzo, las fronteras entre el mutualismo y el sindicalismo eran bastante imprecisas. Así, por ejemplo, la primera central mutualista, el Congreso Social Obrero, fundado en 1900, se pronunció a favor de la lucha por la jornada de ocho horas; por la defensa del trabajo contra el capital; contra el sistema de ficha-salario; por la liberación de sindicalistas encarcelados, y llamó a la huelga general a comienzos de 1908 para protestar contra la masacre de Santa María de Iquique.

En algunas ciudades, a comienzos del siglo, las mutuales eran todavía el mejor instrumento para convocar a la movilización popular: así ocurrió en Santiago en octubre de 1905, con motivo de las manifestaciones contra la carestía de la vida (en especial del precio de la carne).

Además, es necesario señalar que la Federación Obrera de Chile (Foch), fundada en 1908, se autodefinió en su primer Congreso realizado en 1911, como una sociedad de socorros mutuos que buscaba establecer relaciones amistosas con los poderes públicos e intervenir, de manera igualmente amistosa, en los conflictos del trabajo. Sólo en 1917 la tendencia revolucionaria se impuso al interior de la Foch, reivindicando la lucha contra el sistema capitalista, la huelga como medio legítimo de acción y la instauración de un sistema socialista como objetivo final.

La separación entre sindicalismo y mutualismo era ya mucho más clara: desde 1919 la Foch y el Congreso Social Obrero simbolizaban esos dos caminos que se ofrecían al movimiento popular. Esto no impedía la unidad de acción –como fue el caso en 1919, en el marco de un amplio organismo unitario, la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (Aoan), creada a fin de luchar contra el hambre y la carestía de la vida-, ni tampoco el surgimiento de corrientes al interior de las mutuales que propugnaban una acción más cercana al sindicalismo.

EL IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN SOCIAL

Sólo en septiembre de 1924 –después de cuatro años de dilaciones parlamentarias, y bajo la presión del ejército-, fueron aprobados los proyectos de ley del presidente Alessandri Palma (base del futuro Código del Trabajo) por el Congreso Nacional. De esta manera, fueron votadas, entre otras, la ley 4.057, que otorgaba el derecho de sindicalización a los trabajadores y la ley 4.054, que creó el Seguro Obligatorio contra Enfermedades e Invalidez, financiado con aportes del Estado, de los patrones y de los trabajadores.

Esta ley otorgaba la posibilidad a los mutualistas de no cotizar en el seguro nacional, de continuar haciéndolo solamente en su mutual y de recibir, sin embargo, los mismos beneficios que los asegurados. En la práctica, eso fue imposible por varias razones: principalmente, por las numerosas exigencias burocráticas y materiales impuestas a los mutualistas para poder cumplir esas funciones de reemplazo del seguro estatal; luego, la imposibilidad real de las sociedades de socorros mutuos de entregar a sus miembros los beneficios previstos de la ley.

Por otra parte, el año 1928 se reglamentó, finalmente, la ley de sindicalización, la cual estableció que una de las tareas sociales prioritarias del sindicato debía ser la mutualidad en salud entre sus afiliados. De esta manera, la organización mutual obrera quedaba sumida dentro de la industria, sujeta a la legislación y control propio del sindicato formal.

El impacto sobre las sociedades mutualistas fue rudo. Aunque los beneficios sociales previstos por la nueva legislación no comenzaron a sentirse plenamente hasta los años treinta, una vez que terminó la crisis política que sacudió al país entre 1924 y 1932, la obligación de los trabajadores de cotizar en el Seguro Social, provocó una sangría muy dolorosa en las mutuales. Ante la imposibilidad de pagar dos cotizaciones –una a la Caja del Seguro, otra a la mutual- numerosos trabajadores comenzaron a desertar de las sociedades de socorros mutuos.

Paradojas de la historia: ¡el mutualismo chileno había sido el precursor de las leyes sociales, y luego, esas mismas leyes se transformaban en una de las causas principales de su decadencia!

LAS TENTATIVAS DE SUPERACIÓN DE LA CRISIS (1925-1990)

Los mutualistas afrontaron la crisis con una estrategia múltiple: Primero, trataron de reforzar y de ampliar el campo de sus actividades. Así, desde mediados de los años veinte, dieron especial atención a los problemas de vivienda de los sectores populares y privilegiaron los progresos comunitarios: cooperativas de consumo, bibliotecas, farmacias, pavimentación de calles. Algunas mutuales comenzaron incluso a construir poblaciones para sus adherentes.

Otra línea de trabajo contra su propia crisis fue la concreción de la unidad orgánica de las organizaciones mutualistas a nivel nacional. Desde comienzos de los años treinta se realizaron esfuerzos para crear una confederación que agrupara a todas las sociedades de socorros mutuos del país y que pudiera llenar el vacío dejado por el desaparecimiento del Congreso Social Obrero.

En 1936 fue fundada la Central Mutualista de Chile, pero a pesar de su nombre, se trataba, en realidad, de una coordinación puramente capitalina. Luego, en 1937 se creó un Consejo Mutualista Provisorio, y finalmente, en diciembre de 1939, la Confederación Mutualista de Chile, que agrupó a más de quinientas sociedades de socorros mutuos de todo el país.

La estrategia unitaria tuvo prolongaciones a nivel internacional. Desde mediados de los años treinta, la Confederación Mutualista de Chile tomó la iniciativa para consagrar la unidad de la mutualidad latinoamericana. El III Congreso Nacional Mutualista, realizado en marzo de 1944, acordó promover la formación de una Confederación Mutualista de América Latina. El I Congreso Latinoamericano de Mutualidades tuvo finalmente lugar en Santiago en septiembre de 1953 con delegados de siete países.

El tercer aspecto de la actividad mutualista fue la lucha por cambiar la legislación social para permitir la supervivencia de la mutualidad. Se trataba de obtener el derecho de cotizar solamente en las sociedades de socorros mutuos, pero recibiendo al mismo tiempo todos los beneficios del seguro obligatorio estatal. La petición no fue acogida por la Cámara de Diputados.

La reforma de la ley 4.054, promulgada finalmente en 1952, desvaneció las esperanzas del movimiento mutualista. Los representantes obreros ante el Consejo de la Caja del Seguro debían ser nombrados por los sindicatos, quedando excluidas las sociedades de socorros mutuos. Las protestas de los mutualistas y de algunos parlamentarios salidos de sus filas de nada sirvieron.

La promulgación de la ley 15.177 –denominada “Ley Mutualista”- en 1963, que otorgaba a la Confederación Mutualista de Chile el estatuto de corporación de derecho público, tampoco arregló las cosas. Inmediatamente después del voto de esta ley, estalló una larga crisis al interior de la Confederación: renuncias, acusaciones recíprocas, Federaciones intervenidas por ésta, sanciones contra ciertas mutuales, etc.

El golpe de Estado militar de 1973 con sus secuelas de represión generalizada contra el mundo popular, prohibiciones de todo tipo a los derechos de reunión, de asociación, de petición y de expresión, no hizo sino agravar la situación del mutualismo. El local de la Confederación fue allanado por los militares y quemados gran cantidad de sus libros y archivos. Poco tiempo después, el entonces presidente de la institución, un militante socialista, fue obligado a presentar su renuncia.

Extractos de La Trayectoria Histórica del Mutualismo en Chile (1853-1990). Apuntes para su Estudio. Sergio Grez T. Aparecido en Mapocho, revista de Humanidades y Ciencias Sociales, N° 35. Primer semestre de 1994. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Artículo publicado originalmente en el boletín La Hoja de las Organizaciones Económicas Populares N°99, septiembre-octubre 1994.

Fotografía: Fundación de la Sociedad de Socorros Mutuos “Igualdad y Trabajo”. Barrio Yungay. 6 de mayo de 1894. Fuente: www.memoriasdelsigloxx.cl

Conocido como el quinto hombre de la junta militar chilena: Kissinger no quiso detener la Operación Cóndor

Según documentos desclasificados recientemente, el Secretario de Estado Henry Kissinger (87) anuló una directiva (aprobada por el mismo) con la cual pudo haber detenido la oprobiosa Operación Cóndor.

En un cable, fechado el 16 de septiembre de 1976, Kissinger anulaba una orden previa a los embajadores a ponerse en contacto con las más altas autoridades militares para advertirles en contra de la campaña de asesinatos internacionales planeada en conjunto por las dictaduras militares de la región. Descubierto entre miles de documentos desclasificados, el cable fue dado a conocer el 10 de abril por la organización Archivos de la Seguridad Nacional, Nacional Security Archive, NSA.

Esta orden no sólo terminó con la presión política de Washington, por lo menos en contra de los descarados planes de eliminación física a la oposición política a las dictaduras, sino que reveló la profunda intromisión y el apoyo específico de Kissinger a las dictaduras militares. Además desenmascaró la mentira del asistente de Kissinger, William Rogers, quien dijo en el 2004 que su jefe “no tiene nada que ver” con el cable hecho público.

El 21 de septiembre de 1976, 120 horas después que Kissinger envió el cable cancelando la presión política en contra de asesinatos políticos, agentes chilenos, cubanos y estadounidenses asesinaron con una poderosa bomba al canciller del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier y a su ayudante Ronnii Moffitt en plena capital de Washington. Un acto terrorista en suelo estadounidense catalogado como el más grande después del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Leer màs

Celebrating 200 years of independence

19 April 1810 is understood as being the first step in Venezuela's independence from Spain. On that day the expanded municipal government of Caracas took power in the name of the king of Spain, deposing colonial officials. This started a movement, with other provinces recognising the new Caracas junta and forming their own one, and others continuing to recognise the Spanish authorities. Hence, a civil war began until Independence was formally declared on 11 July 1811.

China Offers Largest Credit to Venezuela

Merida, April 18th 2010 (Venezuelanalysis.com) – Yesterday government representatives from Venezuela and China signed seven agreements in Caracas, six energy based ones and one around petroleum. China also offered US$20 billion in financing, the largest offer it has made in the last fifty years.

Chinese president Hu Jintao’s planned visit to Venezuela was cancelled due to the recent tragic earthquake in China, but Jintao and Venezuelan President Hugo Chavez talked by telephone and Chavez also met for two hours with a delegation from China. leer qui