28. Juli 2010
Las inéditas cintas de Nixon sobre Chile y Allende: El lenguaje del imperio
Acaba de conocerse el contenido de las grabaciones secretas de las conversaciones sobre Chile entre el ex Presidente Richard Nixon y su consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger. Las cintas dan cuenta del grosero lenguaje con el que tramaban el derrocamiento de Salvador Allende, a quien trataban de “hijo de puta” y decían que querían “patear su trasero”. Aunque impreciso en las fechas, uno de los diálogos podría constituir el primer reconocimiento del rol de la CIA en el asesinato del general René Schneider. Leer
Hitler, Allende, Chávez y las “dictaduras modernas”
Hitler, Allende, Chávez y las “dictaduras modernas”
Los “progresistas” Fulvio Rossi y Sergio Bitar coinciden plenamente con José Piñera, Richard Nixon y Henry Kissinger en que es mejor abortar a un Hitler en potencia que correr el riesgo. Una suerte de guerra preventiva, basada en una hipótesis que a su vez se asienta sobre una historia falseada: La de la supuesta “debilidad” occidental frente al dictador alemán.
Nixon, el célebre presidente estadounidense que arrasó con todas las ciudades de Vietnam, opinaba que Allende era un futuro Hitler y por eso había que acabar con él, como efectivamente hizo. Tal y como lo reiteró Piñera (José) hace unos días, y en coincidencia con lo que Rossi y Bitar piensan del presidente venezolano Hugo Chávez, a quien condenan como protagonista de una “dictadura moderna” que pretende usurpar las libertades a través del voto popular.
El periodista norteamericano Peter Kornbluh ha ido pacientemente encontrando y revelando las grabaciones de las charlas privadas entre Nixon y Kissinger en los años ‘70, antes, durante y después del golpe de Estado en Chile. Ellas se pueden encontrar en la página Web del Ciper, el premiado Centro de Investigación e Información Periodística.
Es grueso el hilo que une aquellas conversaciones conspirativas con los argumentos antichavistas de hoy. Pensando positivamente, tal vez el propósito de Rossi y Bitar fuese el de pasar más o menos desapercibidos apoyando una declaración ritual que la añeja Internacional Socialista (que se autodefine “socialdemócrata”) les impuso durante un encuentro en la capital mundial de los grandes negociados financieros del capitalismo: Nueva York.
Si fue así, fueron ingenuos: Nada hay más noticioso hoy en día que gente de izquierda sumando fuerza a la campaña mundial para derribar a Chávez. Pero es poco realista pensar que Bitar sea ingenuo. Precisamente él, quien fuera el ministro más joven de Allende y prisionero político de Pinochet, aprendió en sus años de exilio en Venezuela que nada asegura mejor un buen pasar -personal y político- que abrazar las grandes causas de Estados Unidos.
En Caracas sabían de eso, especialmente los “socialdemócratas” locales, el partido Acción Democrática (AD), que se aseguró el acceso ilimitado a los pozos petroleros en los años ‘60 reprimiendo comunistas y sumándose a la campaña norteamericana contra Cuba con un moderado discurso de “centroizquierda”.
La amistad entre socialdemócratas y “adecos” databa de los años ‘50, cuando AD era un partido proletario, aliado de los comunistas en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Allende, por cierto, no fue nunca un gran amigo del legendario líder adeco, Rómulo Betancourt, quien pactó con Estados Unidos algo parecido a lo que se pactó en los años ‘80 para sacar a Pinochet: Asegurarse de que los comunistas, los socialistas de izquierda y sus aliados se mantuvieran lejos del poder para que no perturbaran el fortalecimiento de la economía de mercado.
Chávez parece ser tan futuro dictador como el “futuro esplendor” del himno nacional chileno: Sempiternamente futuro, nunca presente. Oportunidades no le han faltado para dar el tan temido golpe de mano, al derrotar los dos golpes de Estado maquinados contra él, en 2002 y 2003, y ganar elecciones con mayorías que ya se quisieran los presidentes chilenos ¿Por qué no lo ha hecho? Coincidiendo con Rossi y Bitar, el obediente senador DC Patricio Walker está empeñado en que Chile fiscalice las elecciones parlamentarias de septiembre en Venezuela: Chile, el país del binominal, el de la Constitución pinochetista, el menos democrático de América Latina.
Roberto Pizarro, ex ministro de Planificación y actual rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, dijo a la cadena TeleSUR que Rossi y Bitar están contribuyendo a la “soledad” de Chile en América Latina, empeñada en la integración.
El ex presidente del PS y ex candidato presidencial, Jorge Arrate, afirmó junto a otros intelectuales que se unió al PS en su juventud atraído por la propuesta de una Federación de Repúblicas Latinoamericanas. Fulvio Rossi no sabe nada de eso, ni le interesa.
Paradójicamente, el entusiasmo de Rossi y Bitar por acabar con Chávez parece beneficiar a la verdadera izquierda. Gente que no necesariamente simpatiza con Chávez, manifiesta públicamente su rechazo al circo de la Internacional Socialista contra el presidente venezolano. ¿Por qué? Porque tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe.
Por Alejandro Kirk
Politika N°2, primera quincena julio 2010
El Ciudadano N°83
Los “progresistas” Fulvio Rossi y Sergio Bitar coinciden plenamente con José Piñera, Richard Nixon y Henry Kissinger en que es mejor abortar a un Hitler en potencia que correr el riesgo. Una suerte de guerra preventiva, basada en una hipótesis que a su vez se asienta sobre una historia falseada: La de la supuesta “debilidad” occidental frente al dictador alemán.
Nixon, el célebre presidente estadounidense que arrasó con todas las ciudades de Vietnam, opinaba que Allende era un futuro Hitler y por eso había que acabar con él, como efectivamente hizo. Tal y como lo reiteró Piñera (José) hace unos días, y en coincidencia con lo que Rossi y Bitar piensan del presidente venezolano Hugo Chávez, a quien condenan como protagonista de una “dictadura moderna” que pretende usurpar las libertades a través del voto popular.
El periodista norteamericano Peter Kornbluh ha ido pacientemente encontrando y revelando las grabaciones de las charlas privadas entre Nixon y Kissinger en los años ‘70, antes, durante y después del golpe de Estado en Chile. Ellas se pueden encontrar en la página Web del Ciper, el premiado Centro de Investigación e Información Periodística.
Es grueso el hilo que une aquellas conversaciones conspirativas con los argumentos antichavistas de hoy. Pensando positivamente, tal vez el propósito de Rossi y Bitar fuese el de pasar más o menos desapercibidos apoyando una declaración ritual que la añeja Internacional Socialista (que se autodefine “socialdemócrata”) les impuso durante un encuentro en la capital mundial de los grandes negociados financieros del capitalismo: Nueva York.
Si fue así, fueron ingenuos: Nada hay más noticioso hoy en día que gente de izquierda sumando fuerza a la campaña mundial para derribar a Chávez. Pero es poco realista pensar que Bitar sea ingenuo. Precisamente él, quien fuera el ministro más joven de Allende y prisionero político de Pinochet, aprendió en sus años de exilio en Venezuela que nada asegura mejor un buen pasar -personal y político- que abrazar las grandes causas de Estados Unidos.
En Caracas sabían de eso, especialmente los “socialdemócratas” locales, el partido Acción Democrática (AD), que se aseguró el acceso ilimitado a los pozos petroleros en los años ‘60 reprimiendo comunistas y sumándose a la campaña norteamericana contra Cuba con un moderado discurso de “centroizquierda”.
La amistad entre socialdemócratas y “adecos” databa de los años ‘50, cuando AD era un partido proletario, aliado de los comunistas en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Allende, por cierto, no fue nunca un gran amigo del legendario líder adeco, Rómulo Betancourt, quien pactó con Estados Unidos algo parecido a lo que se pactó en los años ‘80 para sacar a Pinochet: Asegurarse de que los comunistas, los socialistas de izquierda y sus aliados se mantuvieran lejos del poder para que no perturbaran el fortalecimiento de la economía de mercado.
Chávez parece ser tan futuro dictador como el “futuro esplendor” del himno nacional chileno: Sempiternamente futuro, nunca presente. Oportunidades no le han faltado para dar el tan temido golpe de mano, al derrotar los dos golpes de Estado maquinados contra él, en 2002 y 2003, y ganar elecciones con mayorías que ya se quisieran los presidentes chilenos ¿Por qué no lo ha hecho? Coincidiendo con Rossi y Bitar, el obediente senador DC Patricio Walker está empeñado en que Chile fiscalice las elecciones parlamentarias de septiembre en Venezuela: Chile, el país del binominal, el de la Constitución pinochetista, el menos democrático de América Latina.
Roberto Pizarro, ex ministro de Planificación y actual rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, dijo a la cadena TeleSUR que Rossi y Bitar están contribuyendo a la “soledad” de Chile en América Latina, empeñada en la integración.
El ex presidente del PS y ex candidato presidencial, Jorge Arrate, afirmó junto a otros intelectuales que se unió al PS en su juventud atraído por la propuesta de una Federación de Repúblicas Latinoamericanas. Fulvio Rossi no sabe nada de eso, ni le interesa.
Paradójicamente, el entusiasmo de Rossi y Bitar por acabar con Chávez parece beneficiar a la verdadera izquierda. Gente que no necesariamente simpatiza con Chávez, manifiesta públicamente su rechazo al circo de la Internacional Socialista contra el presidente venezolano. ¿Por qué? Porque tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe.
Por Alejandro Kirk
Politika N°2, primera quincena julio 2010
El Ciudadano N°83
26. Juli 2010
El doble engaño del Royalty
La principal riqueza de Chile, el cobre, está siendo extraída por grandes empresas privadas que casi no tributan. La Ley 20.026 -el Royalty* de Lagos Escobar- fue un gran engaño: Supuso más beneficios para esas mineras. Ahora, el presidente Sebastián Piñera quiere hacer lo mismo y utiliza como anzuelo el Plan de Reconstrucción Nacional.
El proyecto “de aumento al royalty minero”, promovido por el Gobierno de Sebastián Piñera, es un engaño mayúsculo. Supone un pequeño aumento, por dos años, del pago que hacen las transnacionales por lucrar con los recursos mineros de Chile. A cambio de esto, se propone entregarles una invariabilidad tributaria hasta el año 2025, cuando casi todos los yacimientos estén agotados.
El economista y presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, tradujo en cifras el problema. Sostuvo que “el proyecto de Piñera plantea aumentar moderadamente el royalty durante los años 2011 y 2012, a lo sumo, en 700 millones de dólares en esos dos años. Pero como ese aumento no se les puede aplicar a las mineras, por la invariabilidad tributaria que les otorga la Ley 20.026 (“el royalty de Lagos”), dicho incremento se haría efectivo sólo si las mismas empresas mineras acepten voluntariamente ese muy moderado aumento del royalty”.
Para motivarlas a aceptar esto, el “royalty de Piñera” contempla un regalo para las mineras: La prórroga, por ocho años más, de ese congelamiento del porcentaje de los impuestos. “Esto es un escándalo”, fundamenta Alcayaga: “A cambio de estos 700 millones de dólares, se les permite a las grandes mineras un ahorro en el pago de royalty en ningún caso inferior a los 2 mil 500 millones de dólares anuales a partir del año 2018”.
Para justificar la premura con que se pretende aprobar este proyecto, Piñera sostiene que los principales beneficiados serán los damnificados por el terremoto y maremoto del 27 de febrero. En consecuencia, serían ellos los perjudicados en caso de no aprobarse.
Para conseguir su objetivo, el Gobierno de derecha entró en el terreno de las amenazas. El ministro de Economía, Juan Fontaine, sostuvo –el martes 29 de junio, en el Congreso Nacional- que de no aprobarse el royalty y la invariabilidad tributaria a las mineras, el Ejecutivo dispondrá la venta de la participación que aún tiene el Estado en empresas sanitarias.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por su parte, dijo que de no aprobarse el royalty en el trámite de la Comisión Mixta, se acudirá al uso del Fondo de Estabilización Económica Social (Fees); a la venta de activos prescindibles, y a la emisión de deuda externa e interna. E incluso, el jueves 1 de julio agregó que no se opone “a la idea de abrir una pequeña parte de la propiedad de la minera estatal Codelco a la bolsa”.
El 23 de junio, el Senado rechazó por 17 votos contra 15, el Plan de Reconstrucción, en lo referido al royalty y la invariabilidad tributaria. Sin embargo, los diputados, por 59 votos a 58, rechazaron –el 1 de julio- las modificaciones hechas por la Cámara Alta. Por ello, el proyecto deberá ir a debate en Comisión Mixta.
Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) votaron contra las modificaciones hechas por el Senado. Lo mismo hicieron los independientes Miodrag Marinovic (Magallanes) y Pedro Velásquez (Coquimbo). En favor de las modificaciones –y por tanto en contra del royalty y la invariabilidad- estuvieron los diputados de la Concertación, más la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda y el diputado por Antofagasta, Pedro Araya, ambos del Partido Regionalista de los Independientes (PRI).
EL SAQUEO DEL COBRE CHILENO
En junio de 1990, por medio de la Ley 18.985, de reforma tributaria, se suprimió en la práctica la tributación de las mineras extranjeras. Dicha reforma estableció que las grandes mineras sólo debían pagar por las ganancias (renta efectiva) y no por las ventas totales (renta presunta) como era hasta ese momento. Desde entonces, comenzaron a declarar pérdidas con el fin de no pagar.
Esta reforma tributaria se hizo apenas asumido el poder Patricio Aylwin, como primer mandatario de la Concertación de Partidos por la Democracia. Ocurrió tras un acuerdo logrado entre ese conglomerado y la derechista Democracia y Progreso (RN-UDI), donde el entonces senador Sebastián Piñera fue negociador por RN. La prensa y los partidos políticos subrayaron de aquella reforma otros aspectos, como el alza del IVA de 16% a 18%. La rebaja de impuesto a las mineras pasó completamente inadvertida para la opinión pública.
A sabiendas que en Chile no se cobraba ni royalty, ni tributos por el mineral extraído, los proyectos mineros se multiplicaron. La producción de cobre pasó de 1,6 millones de toneladas en 1990 a más de 4,5 millones de toneladas el 2000. Como resultado de esta inmensa sobreoferta originada en Chile –primer productor mundial- el precio del metal rojo cayó de 1,5 dólares la libra en 1989, a sólo 0,6 dólares en 1999.
Las pérdidas para Chile por la baja del precio del cobre y la consecuente disminución de los ingresos, por las exportaciones en el período 1996-2000, son aproximadamente US$ 16.000 millones, según se establece en el estudio La sobreproducción mundial de cobre creada desde nuestro país y la crisis de la economía chilena: agotamiento relativo del modelo, preparado en 2001 por los economistas Orlando Caputo, Hugo Fazio y Manuel Riesco.
A tanto llegó el abuso de las mineras, que en 2002 estalló el escándalo. Fue a raíz de la venta hecha por Exxon Minerals Inc. de la mina Disputada de Las Condes a la australiana Anglo American. La transacción fue por 1.300 millones de dólares. Exxon sólo había pagado por Disputada 92 millones de dólares cuando la compró a Enami en 1978. Y en ese periodo de 24 años, en que explotó el yacimiento, nunca pagó un dólar de impuestos. Siempre declaró pérdidas. Exxon tampoco pagó los más de 300 millones de dólares que le correspondía cancelar por la venta de la mina. Se acogió a beneficios tributarios reservados sólo para empresas extranjeras.
Después, surgió la pregunta lógica: ¿Cómo podía ser que una empresa que por tantos años tuvo pérdidas pudiera alcanzar tan alto precio de venta? ¿Es posible que Chile, una nación independiente y digna, se permitiera este nivel de atropello?
Tras las denuncias hechas por el entonces senador, Jorge Lavandero, se pudo conocer los subterfugios usados por Exxon para obtener números rojos en su explotación de Disputada. El principal: Vender su producción a filiales suyas ubicadas en el extranjero, a precios más bajos que los internacionales (precios de transferencia). También pagar tasas muy altas de intereses por préstamos realizados por filiales de Exxon situadas en Bahamas y Bermudas (paraísos tributarios). De esta manera dejaban las pérdidas en Chile, llevándose las ganancias al extranjero.
Aunque Exxon se salió con la suya, la polémica generada derivó en que el Senado acordara, el 8 de marzo de 2003, la creación de una Comisión Especial para el Estudio de la Tributación de las Empresas de la Gran Minería Privada. Se designó como presidente al senador Lavandero.
El 16 de junio de 2004, Lavandero presentaba el informe de la Comisión ante el pleno del Senado y en presencia del entonces ministro de Minería, Alfonso Dulanto. La principal conclusión: 45 de las 47 grandes empresas mineras que operan en Chile nunca han pagado ni un dólar de impuestos. Sólo dos empresas: Mantos Blancos y La Escondida, tributaban. Pero muy poco. Las demás usaban (y usan) las mismas triquiñuelas que Exxon con el fin de no pagar tributos.
Recomendación urgente de la Comisión fue instaurar un royalty a la minería. También se planteó la necesidad de construir una Política Nacional para el Cobre y la Minería; la necesidad de dar valor agregado a la producción de cobre; así como acabar con el DL 600, que data de 1974, y que da grandes e injustificados beneficios tributarios a la inversión extranjera.
Fue de esta manera que el royalty se convirtió en una demanda nacional. Es por eso que, tanto Lagos como Piñera, han llamado “royalty” a proyectos que suponen más rebajas que alzas de tributos: Para ganar –por añadidura- apoyo a sus medidas.
LA TRAICIÓN DE LAGOS
En mayo de 2005, en circunstancias que Lavandero –principal impulsor del royalty- había sido anulado políticamente, fruto de una confabulación en su contra, el presidente Lagos consiguió aprobar la Ley 20.026 conocida como “Royalty 2”. Claro que no fue lo que se esperaba. Ni mucho menos.
Julián Alcayaga aseveró que esta ley fue un “doble engaño” a la opinión pública. “El primer engaño deriva del hecho que no se aprobó un royalty -o regalía minera- sino un simple impuesto específico a la minería. El segundo engaño es más desconocido, puesto que esta ley en vez de aumentar los impuestos les rebajó la tributación a las mineras”.
Fue el propio Jorge Lavandero quien explicó lo ocurrido con el Royalty 2: “Lagos engañó a todo el país al decir que lo había aprobado, y eso es una falsedad: Lo que hizo fue bajarle los impuestos a las multinacionales extranjeras (…) Éstas tenían que pagar un 42% de impuestos, y de acuerdo al Decreto Ley 600… no lo pagaban… pero cualquier gobierno se lo podía exigir. Y qué hizo el entonces presidente Lagos: Lo bajó al 35% y le puso un impuesto de 4%, disfrazado de royalty, con lo que les dejó pagando un 3% menos que antes. Y lo que es más grave, les dio a estas empresas invariabilidad tributaria hasta el año 2017, lo que implica que hasta entonces, Chile no podrá subirles los impuestos”.
El proyecto original enviado por el gobierno de Lagos al Congreso no contenía esa invariabilidad. Sin embargo, en el último trámite legislativo en el Senado, se le introdujo.
Alcayaga, quien fue asesor de Lavandero y como tal pudo conocer el desarrollo de esta Ley de Royalty 2, relató cómo fue la operación realizada por el presidente Lagos y su ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, para introducir este aspecto -que claramente daña el interés nacional- al proyecto de Royalty: “Cuando pasó al Senado, los democratacristianos, liderados por Adolfo Zaldivar, se negaron a apoyar el proyecto si no se excluía del impuesto específico a la mediana minería nacional”.
Continúa Alcayaga: “A comienzos de mayo de 2005, el Gobierno aceptó la petición de la Democracia Cristiana y reingresó el proyecto al Senado con esas modificaciones. Como faltaban pocos días para el 21 de mayo, y con el pretexto de que era necesario que el Presidente Lagos incluyera este ‘gran proyecto’ en su cuenta anual, se le dio extrema urgencia para aprobar los cambios en ambas Cámaras. La premura implicaba que sólo se procedería a votar las modificaciones sin ningún tipo de discusión. Así, pasó inadvertido que el Ejecutivo (y el lobby del cobre) incluyó una nueva invariabilidad tributaria por 15 años para la gran minería (hasta el 2020). Contribuyó también el hecho que esta modificación se redactó en forma muy anodina e imperceptible”.
HACE FALTA VOLUNTAD POLÍTICA PARA REMEDIAR TODO
A pesar de lo anterior, según Alcayaga, existen maneras de aumentar el aporte de las mineras al país. Una forma es aumentar el impuesto a la renta de 35% a 40%, como era hasta 1987: “Nada impide que vuelva a ese porcentaje, dice el economista. Y agrega: “como este es un impuesto general, si se aumenta, todos los extranjeros que tienen inversiones en Chile deberían pagarlo, ya sean mineras, AFP, bancos, comunicaciones, seguros, etc”.
El economista considera que, en esta época de reconstrucción, “no existe ninguna razón para que los empresarios extranjeros se nieguen a pagar un 40% de impuesto a la renta, puesto que esa es la tasa marginal que deben pagar todos los empresarios chilenos”.
Por otra parte, la Constitución chilena permite, según se establece en el artículo 19, Nº 20, Inciso Nº 4, que a las mineras se les asigne un tributo regional, que en el caso del cobre, podría ir en beneficio de la zona norte. Este artículo dice: “La ley podrá autorizar que determinados tributos (…) que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados (por las autoridades regionales o comunales) para el financiamiento de obras de desarrollo”.
Alcayaga estima que “las mineras no pueden oponerse a ninguno de estos dos tributos, porque ellos nunca han sido parte de alguna invariabilidad tributaria”.
Pero, según este economista, para la recuperación de nuestra principal riqueza existe otra alternativa: La renacionalización. Explica que la Constitución de 1980, en su disposición tercera transitoria, dejó vigente la disposición 17ª transitoria de la Constitución de 1925, que es la reforma constitucional para la nacionalización del cobre. “En consecuencia, las empresas de la gran minería pueden ser nacionalizadas por un simple decreto presidencial”, sostiene. Es decir que sólo se requiere de voluntad política.
Según el economista Manuel Riesco, la gran minería del cobre se ha llevado del país, en los últimos tres años, 60 mil millones de dólares. Esto representa casi 100 veces más que lo que pretende recaudar Piñera con su proyecto de royalty.
*Una regalía o royalty es el pago que se efectúa al titular de derechos de autor, patentes, marcas o know-how a cambio del derecho a usarlos o explotarlos, o que debe realizarse al Estado por el uso o extracción de ciertos recursos naturales, habitualmente no renovables.
ROYALTY
Con el proyecto del Gobierno de Piñera se recibirían 700 millones de dólares de beneficio en los años 2011 y 2012, por un lado. Y se dejarían de percibir alrededor de 2 mil 500 millones de dólares anuales, hasta el año 2025, por concepto de impuestos que dejarían de pagar las grandes mineras, a partir del año 2018. Es decir, más de 17 mil 500 millones de dólares.
Por Francisco Marín
El Ciudadano N°83, primera quincena julio 2010
El proyecto “de aumento al royalty minero”, promovido por el Gobierno de Sebastián Piñera, es un engaño mayúsculo. Supone un pequeño aumento, por dos años, del pago que hacen las transnacionales por lucrar con los recursos mineros de Chile. A cambio de esto, se propone entregarles una invariabilidad tributaria hasta el año 2025, cuando casi todos los yacimientos estén agotados.
El economista y presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, tradujo en cifras el problema. Sostuvo que “el proyecto de Piñera plantea aumentar moderadamente el royalty durante los años 2011 y 2012, a lo sumo, en 700 millones de dólares en esos dos años. Pero como ese aumento no se les puede aplicar a las mineras, por la invariabilidad tributaria que les otorga la Ley 20.026 (“el royalty de Lagos”), dicho incremento se haría efectivo sólo si las mismas empresas mineras acepten voluntariamente ese muy moderado aumento del royalty”.
Para motivarlas a aceptar esto, el “royalty de Piñera” contempla un regalo para las mineras: La prórroga, por ocho años más, de ese congelamiento del porcentaje de los impuestos. “Esto es un escándalo”, fundamenta Alcayaga: “A cambio de estos 700 millones de dólares, se les permite a las grandes mineras un ahorro en el pago de royalty en ningún caso inferior a los 2 mil 500 millones de dólares anuales a partir del año 2018”.
Para justificar la premura con que se pretende aprobar este proyecto, Piñera sostiene que los principales beneficiados serán los damnificados por el terremoto y maremoto del 27 de febrero. En consecuencia, serían ellos los perjudicados en caso de no aprobarse.
Para conseguir su objetivo, el Gobierno de derecha entró en el terreno de las amenazas. El ministro de Economía, Juan Fontaine, sostuvo –el martes 29 de junio, en el Congreso Nacional- que de no aprobarse el royalty y la invariabilidad tributaria a las mineras, el Ejecutivo dispondrá la venta de la participación que aún tiene el Estado en empresas sanitarias.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por su parte, dijo que de no aprobarse el royalty en el trámite de la Comisión Mixta, se acudirá al uso del Fondo de Estabilización Económica Social (Fees); a la venta de activos prescindibles, y a la emisión de deuda externa e interna. E incluso, el jueves 1 de julio agregó que no se opone “a la idea de abrir una pequeña parte de la propiedad de la minera estatal Codelco a la bolsa”.
El 23 de junio, el Senado rechazó por 17 votos contra 15, el Plan de Reconstrucción, en lo referido al royalty y la invariabilidad tributaria. Sin embargo, los diputados, por 59 votos a 58, rechazaron –el 1 de julio- las modificaciones hechas por la Cámara Alta. Por ello, el proyecto deberá ir a debate en Comisión Mixta.
Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) votaron contra las modificaciones hechas por el Senado. Lo mismo hicieron los independientes Miodrag Marinovic (Magallanes) y Pedro Velásquez (Coquimbo). En favor de las modificaciones –y por tanto en contra del royalty y la invariabilidad- estuvieron los diputados de la Concertación, más la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda y el diputado por Antofagasta, Pedro Araya, ambos del Partido Regionalista de los Independientes (PRI).
EL SAQUEO DEL COBRE CHILENO
En junio de 1990, por medio de la Ley 18.985, de reforma tributaria, se suprimió en la práctica la tributación de las mineras extranjeras. Dicha reforma estableció que las grandes mineras sólo debían pagar por las ganancias (renta efectiva) y no por las ventas totales (renta presunta) como era hasta ese momento. Desde entonces, comenzaron a declarar pérdidas con el fin de no pagar.
Esta reforma tributaria se hizo apenas asumido el poder Patricio Aylwin, como primer mandatario de la Concertación de Partidos por la Democracia. Ocurrió tras un acuerdo logrado entre ese conglomerado y la derechista Democracia y Progreso (RN-UDI), donde el entonces senador Sebastián Piñera fue negociador por RN. La prensa y los partidos políticos subrayaron de aquella reforma otros aspectos, como el alza del IVA de 16% a 18%. La rebaja de impuesto a las mineras pasó completamente inadvertida para la opinión pública.
A sabiendas que en Chile no se cobraba ni royalty, ni tributos por el mineral extraído, los proyectos mineros se multiplicaron. La producción de cobre pasó de 1,6 millones de toneladas en 1990 a más de 4,5 millones de toneladas el 2000. Como resultado de esta inmensa sobreoferta originada en Chile –primer productor mundial- el precio del metal rojo cayó de 1,5 dólares la libra en 1989, a sólo 0,6 dólares en 1999.
Las pérdidas para Chile por la baja del precio del cobre y la consecuente disminución de los ingresos, por las exportaciones en el período 1996-2000, son aproximadamente US$ 16.000 millones, según se establece en el estudio La sobreproducción mundial de cobre creada desde nuestro país y la crisis de la economía chilena: agotamiento relativo del modelo, preparado en 2001 por los economistas Orlando Caputo, Hugo Fazio y Manuel Riesco.
A tanto llegó el abuso de las mineras, que en 2002 estalló el escándalo. Fue a raíz de la venta hecha por Exxon Minerals Inc. de la mina Disputada de Las Condes a la australiana Anglo American. La transacción fue por 1.300 millones de dólares. Exxon sólo había pagado por Disputada 92 millones de dólares cuando la compró a Enami en 1978. Y en ese periodo de 24 años, en que explotó el yacimiento, nunca pagó un dólar de impuestos. Siempre declaró pérdidas. Exxon tampoco pagó los más de 300 millones de dólares que le correspondía cancelar por la venta de la mina. Se acogió a beneficios tributarios reservados sólo para empresas extranjeras.
Después, surgió la pregunta lógica: ¿Cómo podía ser que una empresa que por tantos años tuvo pérdidas pudiera alcanzar tan alto precio de venta? ¿Es posible que Chile, una nación independiente y digna, se permitiera este nivel de atropello?
Tras las denuncias hechas por el entonces senador, Jorge Lavandero, se pudo conocer los subterfugios usados por Exxon para obtener números rojos en su explotación de Disputada. El principal: Vender su producción a filiales suyas ubicadas en el extranjero, a precios más bajos que los internacionales (precios de transferencia). También pagar tasas muy altas de intereses por préstamos realizados por filiales de Exxon situadas en Bahamas y Bermudas (paraísos tributarios). De esta manera dejaban las pérdidas en Chile, llevándose las ganancias al extranjero.
Aunque Exxon se salió con la suya, la polémica generada derivó en que el Senado acordara, el 8 de marzo de 2003, la creación de una Comisión Especial para el Estudio de la Tributación de las Empresas de la Gran Minería Privada. Se designó como presidente al senador Lavandero.
El 16 de junio de 2004, Lavandero presentaba el informe de la Comisión ante el pleno del Senado y en presencia del entonces ministro de Minería, Alfonso Dulanto. La principal conclusión: 45 de las 47 grandes empresas mineras que operan en Chile nunca han pagado ni un dólar de impuestos. Sólo dos empresas: Mantos Blancos y La Escondida, tributaban. Pero muy poco. Las demás usaban (y usan) las mismas triquiñuelas que Exxon con el fin de no pagar tributos.
Recomendación urgente de la Comisión fue instaurar un royalty a la minería. También se planteó la necesidad de construir una Política Nacional para el Cobre y la Minería; la necesidad de dar valor agregado a la producción de cobre; así como acabar con el DL 600, que data de 1974, y que da grandes e injustificados beneficios tributarios a la inversión extranjera.
Fue de esta manera que el royalty se convirtió en una demanda nacional. Es por eso que, tanto Lagos como Piñera, han llamado “royalty” a proyectos que suponen más rebajas que alzas de tributos: Para ganar –por añadidura- apoyo a sus medidas.
LA TRAICIÓN DE LAGOS
En mayo de 2005, en circunstancias que Lavandero –principal impulsor del royalty- había sido anulado políticamente, fruto de una confabulación en su contra, el presidente Lagos consiguió aprobar la Ley 20.026 conocida como “Royalty 2”. Claro que no fue lo que se esperaba. Ni mucho menos.
Julián Alcayaga aseveró que esta ley fue un “doble engaño” a la opinión pública. “El primer engaño deriva del hecho que no se aprobó un royalty -o regalía minera- sino un simple impuesto específico a la minería. El segundo engaño es más desconocido, puesto que esta ley en vez de aumentar los impuestos les rebajó la tributación a las mineras”.
Fue el propio Jorge Lavandero quien explicó lo ocurrido con el Royalty 2: “Lagos engañó a todo el país al decir que lo había aprobado, y eso es una falsedad: Lo que hizo fue bajarle los impuestos a las multinacionales extranjeras (…) Éstas tenían que pagar un 42% de impuestos, y de acuerdo al Decreto Ley 600… no lo pagaban… pero cualquier gobierno se lo podía exigir. Y qué hizo el entonces presidente Lagos: Lo bajó al 35% y le puso un impuesto de 4%, disfrazado de royalty, con lo que les dejó pagando un 3% menos que antes. Y lo que es más grave, les dio a estas empresas invariabilidad tributaria hasta el año 2017, lo que implica que hasta entonces, Chile no podrá subirles los impuestos”.
El proyecto original enviado por el gobierno de Lagos al Congreso no contenía esa invariabilidad. Sin embargo, en el último trámite legislativo en el Senado, se le introdujo.
Alcayaga, quien fue asesor de Lavandero y como tal pudo conocer el desarrollo de esta Ley de Royalty 2, relató cómo fue la operación realizada por el presidente Lagos y su ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, para introducir este aspecto -que claramente daña el interés nacional- al proyecto de Royalty: “Cuando pasó al Senado, los democratacristianos, liderados por Adolfo Zaldivar, se negaron a apoyar el proyecto si no se excluía del impuesto específico a la mediana minería nacional”.
Continúa Alcayaga: “A comienzos de mayo de 2005, el Gobierno aceptó la petición de la Democracia Cristiana y reingresó el proyecto al Senado con esas modificaciones. Como faltaban pocos días para el 21 de mayo, y con el pretexto de que era necesario que el Presidente Lagos incluyera este ‘gran proyecto’ en su cuenta anual, se le dio extrema urgencia para aprobar los cambios en ambas Cámaras. La premura implicaba que sólo se procedería a votar las modificaciones sin ningún tipo de discusión. Así, pasó inadvertido que el Ejecutivo (y el lobby del cobre) incluyó una nueva invariabilidad tributaria por 15 años para la gran minería (hasta el 2020). Contribuyó también el hecho que esta modificación se redactó en forma muy anodina e imperceptible”.
HACE FALTA VOLUNTAD POLÍTICA PARA REMEDIAR TODO
A pesar de lo anterior, según Alcayaga, existen maneras de aumentar el aporte de las mineras al país. Una forma es aumentar el impuesto a la renta de 35% a 40%, como era hasta 1987: “Nada impide que vuelva a ese porcentaje, dice el economista. Y agrega: “como este es un impuesto general, si se aumenta, todos los extranjeros que tienen inversiones en Chile deberían pagarlo, ya sean mineras, AFP, bancos, comunicaciones, seguros, etc”.
El economista considera que, en esta época de reconstrucción, “no existe ninguna razón para que los empresarios extranjeros se nieguen a pagar un 40% de impuesto a la renta, puesto que esa es la tasa marginal que deben pagar todos los empresarios chilenos”.
Por otra parte, la Constitución chilena permite, según se establece en el artículo 19, Nº 20, Inciso Nº 4, que a las mineras se les asigne un tributo regional, que en el caso del cobre, podría ir en beneficio de la zona norte. Este artículo dice: “La ley podrá autorizar que determinados tributos (…) que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados (por las autoridades regionales o comunales) para el financiamiento de obras de desarrollo”.
Alcayaga estima que “las mineras no pueden oponerse a ninguno de estos dos tributos, porque ellos nunca han sido parte de alguna invariabilidad tributaria”.
Pero, según este economista, para la recuperación de nuestra principal riqueza existe otra alternativa: La renacionalización. Explica que la Constitución de 1980, en su disposición tercera transitoria, dejó vigente la disposición 17ª transitoria de la Constitución de 1925, que es la reforma constitucional para la nacionalización del cobre. “En consecuencia, las empresas de la gran minería pueden ser nacionalizadas por un simple decreto presidencial”, sostiene. Es decir que sólo se requiere de voluntad política.
Según el economista Manuel Riesco, la gran minería del cobre se ha llevado del país, en los últimos tres años, 60 mil millones de dólares. Esto representa casi 100 veces más que lo que pretende recaudar Piñera con su proyecto de royalty.
*Una regalía o royalty es el pago que se efectúa al titular de derechos de autor, patentes, marcas o know-how a cambio del derecho a usarlos o explotarlos, o que debe realizarse al Estado por el uso o extracción de ciertos recursos naturales, habitualmente no renovables.
ROYALTY
Con el proyecto del Gobierno de Piñera se recibirían 700 millones de dólares de beneficio en los años 2011 y 2012, por un lado. Y se dejarían de percibir alrededor de 2 mil 500 millones de dólares anuales, hasta el año 2025, por concepto de impuestos que dejarían de pagar las grandes mineras, a partir del año 2018. Es decir, más de 17 mil 500 millones de dólares.
Por Francisco Marín
El Ciudadano N°83, primera quincena julio 2010
20. Juli 2010
Senadores DC, PS y RN unidos, cuestionan democracia venezolana
El Senado chileno anunció, el 13 de julio pasado, que velaría por la transparencia del proceso eleccionario de Venezuela, tras aprobar una iniciativa conjunta de senadores y senadoras de la Concertación y la Alianza, que fue aprobada con 15 votos a favor, 3 en contra y una abstención.
En el texto aprobado, los senadores solicitan a los organismos internacionales, específicamente a la ONU, OEA, UIP y el Parlatino, “adoptar una actitud más vigilante con el cumplimiento de normas básicas por parte del Gobierno Venezolano que aseguren la integridad y la transparencia del próximo proceso electoral”.
El anuncio generó fuertes reacciones por parte del presidente de ese país, Hugo Chávez, quien desestimó por completo la declaración de los senadores chilenos, negándoles el ingreso de los parlamentarios a Caracas: “A Venezuela no entrarán (…). ¿Qué es lo que se creen ellos? Es una ridiculez, no sean ridículos”, objetó .
También desde la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, se hizo una declaración en que se señalaba que una moción respaldada por un grupo de senadores, “herederos del sanguinario dictador Augusto Pinochet”, carece de autoridad moral para cuestionar la legalidad y la transparencia de la democracia venezolana, señalaron. Más, si cuestionan una institución como el Consejo Nacional Electoral, que es el llamado a garantizar estos procesos en ese país.
José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), al ser consultado por la agencia AFP, de noticias, manifestó que “invitar a quien se quiera es una prerrogativa de cada país. No conozco ninguna norma internacional que permita que un país vaya a otro a observar una elección”, explicó, e informó que su entidad tampoco acudirá puesto que desde Venezuela no lo han pedido. “No hemos sido invitados y no nos corresponde asistir”, aclaró.
ACUERDO DE LA OPOSICIÓN Y EL OFICIALISMO CHILENO
Los senadores y senadoras que presentaron el proyecto fueron los demócrata cristianos Patricio Walker, Soledad Alvear, Ximena Rincón, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, en conjunto con Andrés Allamand, de Renovación Nacionaly Fulvio Rossi del Partido Socialista, quienes pidieron, además, “el envío de senadores de nuestra Corporación como Observadores Electorales a las elecciones venezolanas del día 26 de septiembre del presente año, para contribuir a asegurar el adecuado desarrollo de dicho proceso electoral”.
Los legisladores dicen en el texto que piden esta veeduría considerando que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado una serie de situaciones anómalas, como la persecución judicial de líderes opositores y periodistas, en un contexto de grave falta de autonomía e independencia del Poder Judicial de ese país, lo que representa un seno obstáculo para garantizar la adecuada participación política en el próximo proceso electoral”.
Trascendió que dos de los legisladores que presentaron el proyecto de acuerdo al Senado, Andrés Allamand (RN) y Patricio Walker (DC), asistieron a Caracas en junio pasado a un encuentro organizado por la derecha opositora de ese país: “Parlamentarios del Mundo por la Democracia”, en que adscribieron un acuerdo en que se comprometen a “apoyar a las organizaciones civiles y políticas para prevenir la entronización de la dictadura” en Venezuela, calificando de tal al Gobierno de Hugo Chávez.
En la misma ocasión, firmaron otro acuerdo por apoyar el reconocimiento del gobierno de Porfirio Lobo, actual presidente de Honduras, quien asumiera el poder luego de unas elecciones realizadas después del golpe de Estado que afectó a ese país en junio pasado, con la intención de reconocerlo en las entidades internacionales.
APOYARON EL ACUERDO
Por Renovación Nacional (RN): Andrés Allamand, Francisco Chahuán, Carlos Ignacio Kushel y Baldo Prokurica.
Por la Unión Demócrata Independiente (UDI): Hernán Larraín, Pablo Longueira, Jovino Novoa.
Por la Democracia Cristiana: Los hermanos Patricio e Ignacio Walker, y Andrés Zaldívar.
Por el Partido Socialista: Isabel Allende (No votó Fulvio Rossi, presidente del partido, pero lo apoyó con sus declaraciones posteriormente).
Rechazaron el acuerdo, el dirigente del MAS: Alejandro Navarro, y los PPD, Jaime Quintana y Eugenio Tuma.
Se abstuvo el Radical, José Antonio Gómez.
Por César Baeza Hidalgo
El Ciudadano
TeleSur
En el texto aprobado, los senadores solicitan a los organismos internacionales, específicamente a la ONU, OEA, UIP y el Parlatino, “adoptar una actitud más vigilante con el cumplimiento de normas básicas por parte del Gobierno Venezolano que aseguren la integridad y la transparencia del próximo proceso electoral”.
El anuncio generó fuertes reacciones por parte del presidente de ese país, Hugo Chávez, quien desestimó por completo la declaración de los senadores chilenos, negándoles el ingreso de los parlamentarios a Caracas: “A Venezuela no entrarán (…). ¿Qué es lo que se creen ellos? Es una ridiculez, no sean ridículos”, objetó .
También desde la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, se hizo una declaración en que se señalaba que una moción respaldada por un grupo de senadores, “herederos del sanguinario dictador Augusto Pinochet”, carece de autoridad moral para cuestionar la legalidad y la transparencia de la democracia venezolana, señalaron. Más, si cuestionan una institución como el Consejo Nacional Electoral, que es el llamado a garantizar estos procesos en ese país.
José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), al ser consultado por la agencia AFP, de noticias, manifestó que “invitar a quien se quiera es una prerrogativa de cada país. No conozco ninguna norma internacional que permita que un país vaya a otro a observar una elección”, explicó, e informó que su entidad tampoco acudirá puesto que desde Venezuela no lo han pedido. “No hemos sido invitados y no nos corresponde asistir”, aclaró.
ACUERDO DE LA OPOSICIÓN Y EL OFICIALISMO CHILENO
Los senadores y senadoras que presentaron el proyecto fueron los demócrata cristianos Patricio Walker, Soledad Alvear, Ximena Rincón, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, en conjunto con Andrés Allamand, de Renovación Nacionaly Fulvio Rossi del Partido Socialista, quienes pidieron, además, “el envío de senadores de nuestra Corporación como Observadores Electorales a las elecciones venezolanas del día 26 de septiembre del presente año, para contribuir a asegurar el adecuado desarrollo de dicho proceso electoral”.
Los legisladores dicen en el texto que piden esta veeduría considerando que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado una serie de situaciones anómalas, como la persecución judicial de líderes opositores y periodistas, en un contexto de grave falta de autonomía e independencia del Poder Judicial de ese país, lo que representa un seno obstáculo para garantizar la adecuada participación política en el próximo proceso electoral”.
Trascendió que dos de los legisladores que presentaron el proyecto de acuerdo al Senado, Andrés Allamand (RN) y Patricio Walker (DC), asistieron a Caracas en junio pasado a un encuentro organizado por la derecha opositora de ese país: “Parlamentarios del Mundo por la Democracia”, en que adscribieron un acuerdo en que se comprometen a “apoyar a las organizaciones civiles y políticas para prevenir la entronización de la dictadura” en Venezuela, calificando de tal al Gobierno de Hugo Chávez.
En la misma ocasión, firmaron otro acuerdo por apoyar el reconocimiento del gobierno de Porfirio Lobo, actual presidente de Honduras, quien asumiera el poder luego de unas elecciones realizadas después del golpe de Estado que afectó a ese país en junio pasado, con la intención de reconocerlo en las entidades internacionales.
APOYARON EL ACUERDO
Por Renovación Nacional (RN): Andrés Allamand, Francisco Chahuán, Carlos Ignacio Kushel y Baldo Prokurica.
Por la Unión Demócrata Independiente (UDI): Hernán Larraín, Pablo Longueira, Jovino Novoa.
Por la Democracia Cristiana: Los hermanos Patricio e Ignacio Walker, y Andrés Zaldívar.
Por el Partido Socialista: Isabel Allende (No votó Fulvio Rossi, presidente del partido, pero lo apoyó con sus declaraciones posteriormente).
Rechazaron el acuerdo, el dirigente del MAS: Alejandro Navarro, y los PPD, Jaime Quintana y Eugenio Tuma.
Se abstuvo el Radical, José Antonio Gómez.
Por César Baeza Hidalgo
El Ciudadano
TeleSur
28. Juni 2010
Fesuc: “Si el Estado no reinvierte utilidades en Codelco será privatizada o se la hará morir lentamente”
El Presidente de la Fesuc (Federación de Supervisores y Profesionales de Codelco), Ricardo Calderón, realizó una exposición a la Comisión de Minería del Senado donde manifestó su inquietud por el rechazo del Ejecutivo al plan de inversiones propuesto por el directorio de la empresa para el 2010. Además, aclaró que en Chile lo que se cobra es un impuesto específico y no un royalty, que es el pago que se efectúa al titular de un derecho, el Estado en este caso, a cambio de usar o explotar o extraer recursos naturales no renovables.
Durante 45 minutos se reunió el directorio de la Federación de Supervisores y Profesionales de Codelco (Fesuc), encabezado por su presidente Ricardo Calderón, con la Comisión de Minería del Senado, oportunidad en que expresaron su preocupación por la decisión del gobierno de no reinvertir parte de los excedentes de la compañía este año sino obligarle a realizar las inversiones que necesita a través de endeudamiento.
En la oportunidad, Calderón hizo una exposición detallada a los parlamentarios acerca de la enorme cantidad de recursos que Codelco ha entregado al fisco y, a su vez como “el Estado durante la historia de la compañía le ha negado los recursos mínimos necesarios para invertir y desarrollarse.”
El dirigente dio cuenta a los parlamentarios acerca de la propuesta que el Directorio de la cuprífera estatal entregó a los ministerios de Hacienda y Minería, que contemplaba capitalizar 378 millones de dólares, iniciativa rechazada por el Ejecutivo.
El presidente de Fesuc enfatizó que “el endeudamiento tiene límites y si no se capitalizan recursos por 15 mil millones de dólares en los próximos años, el peligro es que posteriormente Codelco se privatice o se la haga morir lentamente y con ello Chile pierda la posibilidad de seguir recibiendo esta importante renta”.
Basado en cifras oficiales, en su reporte Calderón señaló que el dinero fresco entregado al Estado “significa el doble de lo que todas las empresas mineras privadas han pagado en impuestos en los últimos 36 años, lo cual equivale a 62 mil millones de dólares hasta el 2007, lo cual demuestra que la nacionalización fue una muy buena decisión para Chile”.
“Sólo los excedentes de este quinquenio, estimados a partir del primer cuatrimestre de este año llegarían a 38 mil millones de dólares”, aseguró el líder de los más de 2.300 supervisores y profesionales de Codelco afiliados a Fesuc.
“EN CHILE LO QUE SE COBRA ES UN IMPUESTO ESPECÍFICO Y NO UN ROYALTY”
En segundo término Calderón planteó a los senadores que en Chile “se debe transparentar y sincerar el debate respecto al mal llamado “royalty”, pues en Chile, México y Perú no existe, pero sí en Estados Unidos, Canadá Noruega y Australia y en el resto de los países del mundo”.
“Lo que tenemos en nuestro país es un impuesto específico a la minería y como referencia en Australia en estos momentos hay una discusión acerca de si aumentar o no los gravámenes e impuestos a un 57 por ciento”, aseguró.
Luego agregó que “una regalía o royalty es el pago que se efectúa al titular de un derecho, el Estado en este caso, a cambio de usar o explotar o extraer recursos naturales no renovables, en Chile lo que se cobra es un impuesto específico y no un royalty”.
“Según el artículo 24 de la Constitución Política de Chile, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y los privados tienen sólo derechos de concesión de exploración o explotación”, apuntó Calderón.
En la actualidad el Impuesto Específico a la Minería, según la ley aprobada por el Congreso el año 2005, durante el Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, es de un 5%.
Por Carlos Antonio Vergara
El Ciudadano
Julián Alcayaga: “La renacionalización del cobre debe ser la base del programa del PS”
El próximo domingo 4 de julio se realizan elecciones internas en el Partido Socialista de Chile (PS), en la que compiten cuatro listas. Sin embargo, los medios de comunicación solo han destacado dos listas: una encabezada por el diputado Osvaldo Andrade y el senador Fulvio Rossi, y otra lista que encabezan Álvaro Elizalde y el diputado Marcelo Díaz.
Las otras dos listas, que se sitúan en la izquierda del PS, ni siquiera son mencionadas. Se trata de la lista “D” Recuperación, participación, socialismo, en la que destacan dirigentes como Adolfo Lara, Alfonso Guerra o Cecilia Suárez; y la lista más izquierdista, la “B”, llamada Frente Allendista, de la que forma parte el economista y presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre Julián Alcayaga.
Para que sus importantes posturas también pudieran ser conocidas, El Ciudadano conversó con él.
Julián, usted ha sido tenaz crítico de la política minera de la Concertación. Sin embargo, aparece ahora participando en una elección de un partido que conforma esta coalición ¿Puede explicarnos esa aparente contradicción?
Desde 1962 milito en el PS y, efectivamente, desde 1993 he atacado por todos los medios a mi alcance la entreguista política minera de los gobiernos de la Concertación. Pero ello no impide que yo continúe siendo socialista.
He criticado a estos gobiernos precisamente porque me he mantenido fiel a los principios, a la ética y a la cultura socialista, y en virtud de esos principios después del golpe de Estado, trabajé en la reorganización del PS clandestino, aunque duré muy poco porque fui detenido en febrero de 1974 y condenado a 10 años de prisión, desde donde me enviaron a Francia, en septiembre de 1976.
Yo ya he sido anteriormente candidato al Comité Central del PS, pero no he sido elegido, por dos razones principales: Primero, los sectores que dominan en el PS hicieron desaparecer una gran cantidad de los votos que yo obtuve, así como de los otros candidatos de nuestra lista de izquierda que lideraba la querida compañera Carmen Lazo. Además, estos sectores, mediante el acarreo de “militantes de papel”, es decir que aparecen solo para las elecciones, logran dejar afuera a los verdaderos militantes.
Pero estas elecciones no tienen por qué ser diferentes a las anteriores…
Existe una gran diferencia. La Concertación ya no está en el poder y el acarreo ya no se puede producir en la misma proporción, porque los “militantes de papel”, que se inscribieron en el Partido solo para tener una pega, ya la han perdido o tienen miedo de perderla y, por lo tanto, ya no se les puede obligar a ir a votar, sobre todo cuando existe el rumor que desde el gobierno y la derecha van a vigilar los lugares de votación, a fin descubrir a los operadores políticos. Los verdaderos militantes no tienen esos temores.
¿Cuál es su programa?
Se necesitarían varias páginas para describirlo, pero básteme decir que mi objetivo principal es que en el Programa del PS vuelva a figurar como elemento esencial la Renacionalización del Cobre, y que el próximo candidato presidencial del PS o que apoye el PS, tenga la Renacionalización como punto primordial de su programa de gobierno.
Por Francisco Marín
El Ciudadano
Uno de los rubros que propone Piñera para la reconstrucción de Chile es el alza del impuesto a las utilidades de las empresas. Con ello calcula que ingresarán a las arcas fiscales 1260 millones de dólares que representan 39% del total de 3231 millones de dólares que el gobierno espera recaudar con el conjunto medidas propuestas. Según el plan el impuesto a las utilidades subirá de 17% a 20% en 2011, para bajar en 2012 a 18,5% y volver a 17% en 2013.
De qué manera los mayores impuestos que propone Piñera se anulan, porque lo que obtiene con una mano lo devuelve con la otra
En realidad se trata de un financiamiento inocuo, o neutro, pues según la Ley del impuesto a la renta [DL Nº 824, publicado el 27 de diciembre de 1974. Ley actualizada el 19 de junio de 2001 y el 2 de mayo de 2008, según Ley 20263] dicho impuesto es sólo retención y crédito. Esto es, en virtud de un pago provisional mensual [PPM] durante el año tributario respectivo, dicho impuesto ingresa por algunos meses a las arcas fiscales y luego se descuenta en el momento que los socios de la empresa o accionistas pagan el Impuesto Global Complementario, o impuesto a las personas con la tasa marginal del 40% [desde 0 a 40%]. Desde el año 1974 las empresas no pagan impuesto, quienes pagan son las personas; ¡en consecuencia si no se aumenta el Impuesto Global Complementario, no hay incremento de impuestos!
Agreguemos a esto que los inversionistas o empresas extranjeras en Chile por repatriación de utilidades caen en el régimen general del 35% de impuesto, al cual descuentan el 17% con lo cual terminan pagando el 18%. Régimen que los favorece con relación a sus colegas chilenos que descuentan a la tasa marginal del Impuesto Global Complementario de 40% el 17%, con lo cual la obligación tributaria se establece en 23%.
Consideremos además que las transnacionales del cobre gozan de un estatus impositivo privilegiado mediante el cual remiten intereses por créditos externos [intereses que pagan un impuesto del 4%], monto diez veces mayor que las remesas de utilidades [Véase año comercial 2002].[1] Con ello transforman el 17% de impuesto a la renta en un 4%. Su justificación es legal pues las remesas por intereses y otras remuneraciones pagadas al exterior son consideradas como Gasto Tributario de las transnacionales operando en Chile. Con ello, amparadas en la legislación vigente, disminuyen su renta imponible y por consiguiente su tributación. Sin terminar con este régimen impositivo la propuesta del gobierno no pasa de ser un volador de luces. Dejar en su concepción de retención y crédito el impuesto a la renta es un fraude a la credibilidad de la opinión pública.
El impacto de las franquicias tributarias, el llamado Gasto Tributario, muestra de qué manera el Estado deja de percibir 8.207 millones de dólares, lo que equivale a 24% de todo lo que se recauda y representa 3,96% del PIB. Sólo por concepto de Impuesto a la Renta las franquicias tributarias representaron en 2009, 6.677 millones de dólares, esto es, 3,23% del PIB [Véase Informe de Finanzas Públicas, Ministerio de Hacienda. Dirección de Presupuestos, 2009]. Las franquicias anulan el pago del impuesto a las utilidades. Nótese que estas mismas franquicias neutralizarán 281 millones de dólares que el plan Piñera prevé recaudar del alza de las contribuciones. Sin una revisión fundamental de la legislación impositiva, una vez más las grandes fortunas de este país, y las transnacionales, habrán burlado la igualdad ante la ley y en este caso preciso, las llamadas de solidaridad que el país exige escuchar.
Mediante un Impuesto a la Renta bis se pretende burlar el precio que el Estado de Chile debiera cobrar por la explotación de un recurso natural que se va y nunca más vuelve
En relación al mal llamado royalty [4% a 5% del resultado operacional], que en realidad es un Impuesto a la Renta bis y que en su régimen de invariabilidad afectaba a la Gran Minería hasta el año 2020; con la propuesta se propone una invariabilidad tributaria hasta el año 2028. Nueva fórmula que deja a la buena voluntad de las empresas transnacionales tributar en el rango de 3,5% a 9% según el resultado de la minera. Sólo el mayor precio del cobre podría garantizar en el futuro, alguna recaudación adicional al fisco pues antes de iniciarse el ciclo alto en el precio [2] las transnacionales del cobre domiciliadas en Chile, mediante el cobro de “precios de transferencia” [exportación] a sus filiales, fijaban precios menores, y adicionalmente declaraban costos altos, con lo cual presentaban, alegremente, cero utilidades. En esas circunstancias poco importaba que el régimen de invariabilidad fuera de 42% o que el impuesto se fijara en 35%, si al final del ejercicio declaraban cero utilidades.
El royalty es un precio –no un impuesto– por el derecho a explotar el mineral, cuyo dominio por mandato constitucional, es del Estado, es decir pertenece a todos los chilenos. El Estado ejerce sobre las reservas minerales un dominio exclusivo, absoluto, inextinguible e imprescriptible [Art. 19 nº 24 inciso 6 de la Constitución Política del Estado].
La Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras [LOCCM o Ley Minera 18097, promulgada el 21 de enero de 1982] establece de manera inconstitucional el régimen de la concesión plena, donde esta pasa a ser título y modo de transferir el dominio. En virtud de esta verdadera capitis diminutio el régimen de Pinochet [por la mano de su ministro de Minería, José Piñera] enajenó el dominio del Estado a favor de las transnacionales.
Si se restablece el imperio de la Constitución el concesionario debe ser considerado, al igual que en el derecho anglosajón, un arrendatario [lessee], esto es, un mero tenedor [tenant], y en esa calidad lo que se le concede es el arriendo del yacimiento [mining lease]. Según el Código Civil chileno [Art. 1915], “el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado” [el subrayado es mío - HV]. En consecuencia, corresponde al gobierno Piñera acatar la disposición constitucional, restablecer el imperio del derecho, y de esa manera eliminar la actual ficción de royalty que en realidad es un Impuesto a la Renta bis.
Una propuesta tributaria
Los anuncios del gobierno tendrán algún grado de credibilidad si se eliminara el impuesto-crédito. Sin embargo, existe otra solución en la lógica de un alza del impuesto a la renta de 20%, efectiva y permanente. Nuestra propuesta consiste en que las empresas deben tributar efectivamente 20% sobre sus utilidades devengadas, dejando radicada la tributación total de la actividad empresarial en la empresa y no en las personas como ocurre en la actualidad. Conjuntamente con ello proponemos que el impuesto a las personas tenga una tasa marginal del 20% [desde 0 a 20%], bajándola del 40% actual, afectando a todas las rentas que se perciban, con excepción de las que provienen de la actividad empresarial. Con lo cual no solamente los pagos serán efectivos sino que además se igualará la situación de todos los contribuyentes cualquiera que sea su actividad y origen de las rentas.
Sin reformas fundamentales al sistema tributario chileno, como las ya expuestas –eliminación del Impuesto a la Renta crédito del impuesto personal y tributación de 20% radicada en las empresas, tasa marginal de 20% del Impuesto Global Complementario, eliminación de franquicias tributarias injustificadas– la reconstrucción y el crecimiento de la economía, dependerá, al igual que lo fue la protección social del gobierno Bachelet, del precio del cobre, sometido a las fluctuaciones del precio del mercado internacional; y agréguese en este caso de la buena voluntad de las transnacionales –caso único en la historia de la Humanidad de un “impuesto voluntario”– y de impuestos regresivos [IVA entre otros], que nuevamente deberá pagar el conjunto de la población trabajadora.
* Héctor Vega es Director de Fortín Mapocho.com. Profesor del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Universidad ARCIS.
Notas
[1] Conclusión del estudio “Cobre tributación de las grandes empresas mineras” por Dante Restaino Di Benedetto en Royalty. Regalía o Renta Minera. Jorge Lavandero Illanes. Impresos y Ediciones Lafken. Santiago, Chile. 2003. El estudio se basa en Informe del Tesorero General de la República, presentado ante la Comisión Especial Encargada del Estudio de la Tributación de las Empresas Mineras” del Senado, bajo la presidencia del Senador Jorge Lavandero. El informe presenta en forma global y detallada por formulario y tipo de impuesto lo recaudado durante el año comercial 2002. El Informe incluye todo tipo de pagos, en los cuales se incluyen impuestos de retención, Impuesto a la Renta y devoluciones solicitadas. En el análisis de Dante Restaino ante la Comisión del Senado se señala que “el año 2002 las remesas por intereses de créditos externos fueron diez veces mayores que las remesas de utilidades. Las remesas por intereses por créditos externos fueron de US$ 363 millones 386.886 afectos al 4% y las remesas de utilidades fueron de US$ 36 millones 570.980 afectas al 35%. Si la remesa de intereses se afectara con un 35%, el país habría recibido una mayor recaudación de US$ 112 millones 650.000”. El mismo estudio agrega que “el total de las remesas por intereses y otras remuneraciones pagadas al exterior por US$ 394 millones 37.491, es gasto tributario para las empresas en Chile, lo que disminuye su renta imponible y la tributación respectiva” Finalmente se concluye que, “la constitución de las grandes empresas como sociedades de responsabilidad limitada a cambio de sociedad anónima han producido una menor recaudación de US$ 108 millones. Op. cit. ps. 161-168.
[2] El período 2003-2008 cubre el ciclo del precio alto del cobre en los mercados internacionales, para seguir a la baja en 2009, reiniciándose aparentemente el 2010 un nuevo ciclo al alza. Según información del Banco Central los envíos del mes de febrero alcanzaron la suma de US$ 2.741,3 millones, frente a los US$ 1.427,8 del mismo mes de 2009. El precio promedio mensual a febrero de este año fue de US$ 3,10 por libra, precio que casi duplica los US$ 1,61 por libra del mismo mes del año pasado. Las proyecciones de la Comisión Chilena del Cobre [Cochilco] elevan la producción a 5,7 millones de toneladas, esto es, 7,3% superior a la producción de 2009. El valor de las exportaciones se estima para este año a US$ 36.500 millones lo que representa un aumento de alrededor de 36% con relación al año anterior.
19/04/10
Hector Vega
SEREC
Durante 45 minutos se reunió el directorio de la Federación de Supervisores y Profesionales de Codelco (Fesuc), encabezado por su presidente Ricardo Calderón, con la Comisión de Minería del Senado, oportunidad en que expresaron su preocupación por la decisión del gobierno de no reinvertir parte de los excedentes de la compañía este año sino obligarle a realizar las inversiones que necesita a través de endeudamiento.
En la oportunidad, Calderón hizo una exposición detallada a los parlamentarios acerca de la enorme cantidad de recursos que Codelco ha entregado al fisco y, a su vez como “el Estado durante la historia de la compañía le ha negado los recursos mínimos necesarios para invertir y desarrollarse.”
El dirigente dio cuenta a los parlamentarios acerca de la propuesta que el Directorio de la cuprífera estatal entregó a los ministerios de Hacienda y Minería, que contemplaba capitalizar 378 millones de dólares, iniciativa rechazada por el Ejecutivo.
El presidente de Fesuc enfatizó que “el endeudamiento tiene límites y si no se capitalizan recursos por 15 mil millones de dólares en los próximos años, el peligro es que posteriormente Codelco se privatice o se la haga morir lentamente y con ello Chile pierda la posibilidad de seguir recibiendo esta importante renta”.
Basado en cifras oficiales, en su reporte Calderón señaló que el dinero fresco entregado al Estado “significa el doble de lo que todas las empresas mineras privadas han pagado en impuestos en los últimos 36 años, lo cual equivale a 62 mil millones de dólares hasta el 2007, lo cual demuestra que la nacionalización fue una muy buena decisión para Chile”.
“Sólo los excedentes de este quinquenio, estimados a partir del primer cuatrimestre de este año llegarían a 38 mil millones de dólares”, aseguró el líder de los más de 2.300 supervisores y profesionales de Codelco afiliados a Fesuc.
“EN CHILE LO QUE SE COBRA ES UN IMPUESTO ESPECÍFICO Y NO UN ROYALTY”
En segundo término Calderón planteó a los senadores que en Chile “se debe transparentar y sincerar el debate respecto al mal llamado “royalty”, pues en Chile, México y Perú no existe, pero sí en Estados Unidos, Canadá Noruega y Australia y en el resto de los países del mundo”.
“Lo que tenemos en nuestro país es un impuesto específico a la minería y como referencia en Australia en estos momentos hay una discusión acerca de si aumentar o no los gravámenes e impuestos a un 57 por ciento”, aseguró.
Luego agregó que “una regalía o royalty es el pago que se efectúa al titular de un derecho, el Estado en este caso, a cambio de usar o explotar o extraer recursos naturales no renovables, en Chile lo que se cobra es un impuesto específico y no un royalty”.
“Según el artículo 24 de la Constitución Política de Chile, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y los privados tienen sólo derechos de concesión de exploración o explotación”, apuntó Calderón.
En la actualidad el Impuesto Específico a la Minería, según la ley aprobada por el Congreso el año 2005, durante el Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, es de un 5%.
Por Carlos Antonio Vergara
El Ciudadano
Julián Alcayaga: “La renacionalización del cobre debe ser la base del programa del PS”
El próximo domingo 4 de julio se realizan elecciones internas en el Partido Socialista de Chile (PS), en la que compiten cuatro listas. Sin embargo, los medios de comunicación solo han destacado dos listas: una encabezada por el diputado Osvaldo Andrade y el senador Fulvio Rossi, y otra lista que encabezan Álvaro Elizalde y el diputado Marcelo Díaz.
Las otras dos listas, que se sitúan en la izquierda del PS, ni siquiera son mencionadas. Se trata de la lista “D” Recuperación, participación, socialismo, en la que destacan dirigentes como Adolfo Lara, Alfonso Guerra o Cecilia Suárez; y la lista más izquierdista, la “B”, llamada Frente Allendista, de la que forma parte el economista y presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre Julián Alcayaga.
Para que sus importantes posturas también pudieran ser conocidas, El Ciudadano conversó con él.
Julián, usted ha sido tenaz crítico de la política minera de la Concertación. Sin embargo, aparece ahora participando en una elección de un partido que conforma esta coalición ¿Puede explicarnos esa aparente contradicción?
Desde 1962 milito en el PS y, efectivamente, desde 1993 he atacado por todos los medios a mi alcance la entreguista política minera de los gobiernos de la Concertación. Pero ello no impide que yo continúe siendo socialista.
He criticado a estos gobiernos precisamente porque me he mantenido fiel a los principios, a la ética y a la cultura socialista, y en virtud de esos principios después del golpe de Estado, trabajé en la reorganización del PS clandestino, aunque duré muy poco porque fui detenido en febrero de 1974 y condenado a 10 años de prisión, desde donde me enviaron a Francia, en septiembre de 1976.
Yo ya he sido anteriormente candidato al Comité Central del PS, pero no he sido elegido, por dos razones principales: Primero, los sectores que dominan en el PS hicieron desaparecer una gran cantidad de los votos que yo obtuve, así como de los otros candidatos de nuestra lista de izquierda que lideraba la querida compañera Carmen Lazo. Además, estos sectores, mediante el acarreo de “militantes de papel”, es decir que aparecen solo para las elecciones, logran dejar afuera a los verdaderos militantes.
Pero estas elecciones no tienen por qué ser diferentes a las anteriores…
Existe una gran diferencia. La Concertación ya no está en el poder y el acarreo ya no se puede producir en la misma proporción, porque los “militantes de papel”, que se inscribieron en el Partido solo para tener una pega, ya la han perdido o tienen miedo de perderla y, por lo tanto, ya no se les puede obligar a ir a votar, sobre todo cuando existe el rumor que desde el gobierno y la derecha van a vigilar los lugares de votación, a fin descubrir a los operadores políticos. Los verdaderos militantes no tienen esos temores.
¿Cuál es su programa?
Se necesitarían varias páginas para describirlo, pero básteme decir que mi objetivo principal es que en el Programa del PS vuelva a figurar como elemento esencial la Renacionalización del Cobre, y que el próximo candidato presidencial del PS o que apoye el PS, tenga la Renacionalización como punto primordial de su programa de gobierno.
Por Francisco Marín
El Ciudadano
Uno de los rubros que propone Piñera para la reconstrucción de Chile es el alza del impuesto a las utilidades de las empresas. Con ello calcula que ingresarán a las arcas fiscales 1260 millones de dólares que representan 39% del total de 3231 millones de dólares que el gobierno espera recaudar con el conjunto medidas propuestas. Según el plan el impuesto a las utilidades subirá de 17% a 20% en 2011, para bajar en 2012 a 18,5% y volver a 17% en 2013.
De qué manera los mayores impuestos que propone Piñera se anulan, porque lo que obtiene con una mano lo devuelve con la otra
En realidad se trata de un financiamiento inocuo, o neutro, pues según la Ley del impuesto a la renta [DL Nº 824, publicado el 27 de diciembre de 1974. Ley actualizada el 19 de junio de 2001 y el 2 de mayo de 2008, según Ley 20263] dicho impuesto es sólo retención y crédito. Esto es, en virtud de un pago provisional mensual [PPM] durante el año tributario respectivo, dicho impuesto ingresa por algunos meses a las arcas fiscales y luego se descuenta en el momento que los socios de la empresa o accionistas pagan el Impuesto Global Complementario, o impuesto a las personas con la tasa marginal del 40% [desde 0 a 40%]. Desde el año 1974 las empresas no pagan impuesto, quienes pagan son las personas; ¡en consecuencia si no se aumenta el Impuesto Global Complementario, no hay incremento de impuestos!
Agreguemos a esto que los inversionistas o empresas extranjeras en Chile por repatriación de utilidades caen en el régimen general del 35% de impuesto, al cual descuentan el 17% con lo cual terminan pagando el 18%. Régimen que los favorece con relación a sus colegas chilenos que descuentan a la tasa marginal del Impuesto Global Complementario de 40% el 17%, con lo cual la obligación tributaria se establece en 23%.
Consideremos además que las transnacionales del cobre gozan de un estatus impositivo privilegiado mediante el cual remiten intereses por créditos externos [intereses que pagan un impuesto del 4%], monto diez veces mayor que las remesas de utilidades [Véase año comercial 2002].[1] Con ello transforman el 17% de impuesto a la renta en un 4%. Su justificación es legal pues las remesas por intereses y otras remuneraciones pagadas al exterior son consideradas como Gasto Tributario de las transnacionales operando en Chile. Con ello, amparadas en la legislación vigente, disminuyen su renta imponible y por consiguiente su tributación. Sin terminar con este régimen impositivo la propuesta del gobierno no pasa de ser un volador de luces. Dejar en su concepción de retención y crédito el impuesto a la renta es un fraude a la credibilidad de la opinión pública.
El impacto de las franquicias tributarias, el llamado Gasto Tributario, muestra de qué manera el Estado deja de percibir 8.207 millones de dólares, lo que equivale a 24% de todo lo que se recauda y representa 3,96% del PIB. Sólo por concepto de Impuesto a la Renta las franquicias tributarias representaron en 2009, 6.677 millones de dólares, esto es, 3,23% del PIB [Véase Informe de Finanzas Públicas, Ministerio de Hacienda. Dirección de Presupuestos, 2009]. Las franquicias anulan el pago del impuesto a las utilidades. Nótese que estas mismas franquicias neutralizarán 281 millones de dólares que el plan Piñera prevé recaudar del alza de las contribuciones. Sin una revisión fundamental de la legislación impositiva, una vez más las grandes fortunas de este país, y las transnacionales, habrán burlado la igualdad ante la ley y en este caso preciso, las llamadas de solidaridad que el país exige escuchar.
Mediante un Impuesto a la Renta bis se pretende burlar el precio que el Estado de Chile debiera cobrar por la explotación de un recurso natural que se va y nunca más vuelve
En relación al mal llamado royalty [4% a 5% del resultado operacional], que en realidad es un Impuesto a la Renta bis y que en su régimen de invariabilidad afectaba a la Gran Minería hasta el año 2020; con la propuesta se propone una invariabilidad tributaria hasta el año 2028. Nueva fórmula que deja a la buena voluntad de las empresas transnacionales tributar en el rango de 3,5% a 9% según el resultado de la minera. Sólo el mayor precio del cobre podría garantizar en el futuro, alguna recaudación adicional al fisco pues antes de iniciarse el ciclo alto en el precio [2] las transnacionales del cobre domiciliadas en Chile, mediante el cobro de “precios de transferencia” [exportación] a sus filiales, fijaban precios menores, y adicionalmente declaraban costos altos, con lo cual presentaban, alegremente, cero utilidades. En esas circunstancias poco importaba que el régimen de invariabilidad fuera de 42% o que el impuesto se fijara en 35%, si al final del ejercicio declaraban cero utilidades.
El royalty es un precio –no un impuesto– por el derecho a explotar el mineral, cuyo dominio por mandato constitucional, es del Estado, es decir pertenece a todos los chilenos. El Estado ejerce sobre las reservas minerales un dominio exclusivo, absoluto, inextinguible e imprescriptible [Art. 19 nº 24 inciso 6 de la Constitución Política del Estado].
La Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras [LOCCM o Ley Minera 18097, promulgada el 21 de enero de 1982] establece de manera inconstitucional el régimen de la concesión plena, donde esta pasa a ser título y modo de transferir el dominio. En virtud de esta verdadera capitis diminutio el régimen de Pinochet [por la mano de su ministro de Minería, José Piñera] enajenó el dominio del Estado a favor de las transnacionales.
Si se restablece el imperio de la Constitución el concesionario debe ser considerado, al igual que en el derecho anglosajón, un arrendatario [lessee], esto es, un mero tenedor [tenant], y en esa calidad lo que se le concede es el arriendo del yacimiento [mining lease]. Según el Código Civil chileno [Art. 1915], “el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado” [el subrayado es mío - HV]. En consecuencia, corresponde al gobierno Piñera acatar la disposición constitucional, restablecer el imperio del derecho, y de esa manera eliminar la actual ficción de royalty que en realidad es un Impuesto a la Renta bis.
Una propuesta tributaria
Los anuncios del gobierno tendrán algún grado de credibilidad si se eliminara el impuesto-crédito. Sin embargo, existe otra solución en la lógica de un alza del impuesto a la renta de 20%, efectiva y permanente. Nuestra propuesta consiste en que las empresas deben tributar efectivamente 20% sobre sus utilidades devengadas, dejando radicada la tributación total de la actividad empresarial en la empresa y no en las personas como ocurre en la actualidad. Conjuntamente con ello proponemos que el impuesto a las personas tenga una tasa marginal del 20% [desde 0 a 20%], bajándola del 40% actual, afectando a todas las rentas que se perciban, con excepción de las que provienen de la actividad empresarial. Con lo cual no solamente los pagos serán efectivos sino que además se igualará la situación de todos los contribuyentes cualquiera que sea su actividad y origen de las rentas.
Sin reformas fundamentales al sistema tributario chileno, como las ya expuestas –eliminación del Impuesto a la Renta crédito del impuesto personal y tributación de 20% radicada en las empresas, tasa marginal de 20% del Impuesto Global Complementario, eliminación de franquicias tributarias injustificadas– la reconstrucción y el crecimiento de la economía, dependerá, al igual que lo fue la protección social del gobierno Bachelet, del precio del cobre, sometido a las fluctuaciones del precio del mercado internacional; y agréguese en este caso de la buena voluntad de las transnacionales –caso único en la historia de la Humanidad de un “impuesto voluntario”– y de impuestos regresivos [IVA entre otros], que nuevamente deberá pagar el conjunto de la población trabajadora.
* Héctor Vega es Director de Fortín Mapocho.com. Profesor del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Universidad ARCIS.
Notas
[1] Conclusión del estudio “Cobre tributación de las grandes empresas mineras” por Dante Restaino Di Benedetto en Royalty. Regalía o Renta Minera. Jorge Lavandero Illanes. Impresos y Ediciones Lafken. Santiago, Chile. 2003. El estudio se basa en Informe del Tesorero General de la República, presentado ante la Comisión Especial Encargada del Estudio de la Tributación de las Empresas Mineras” del Senado, bajo la presidencia del Senador Jorge Lavandero. El informe presenta en forma global y detallada por formulario y tipo de impuesto lo recaudado durante el año comercial 2002. El Informe incluye todo tipo de pagos, en los cuales se incluyen impuestos de retención, Impuesto a la Renta y devoluciones solicitadas. En el análisis de Dante Restaino ante la Comisión del Senado se señala que “el año 2002 las remesas por intereses de créditos externos fueron diez veces mayores que las remesas de utilidades. Las remesas por intereses por créditos externos fueron de US$ 363 millones 386.886 afectos al 4% y las remesas de utilidades fueron de US$ 36 millones 570.980 afectas al 35%. Si la remesa de intereses se afectara con un 35%, el país habría recibido una mayor recaudación de US$ 112 millones 650.000”. El mismo estudio agrega que “el total de las remesas por intereses y otras remuneraciones pagadas al exterior por US$ 394 millones 37.491, es gasto tributario para las empresas en Chile, lo que disminuye su renta imponible y la tributación respectiva” Finalmente se concluye que, “la constitución de las grandes empresas como sociedades de responsabilidad limitada a cambio de sociedad anónima han producido una menor recaudación de US$ 108 millones. Op. cit. ps. 161-168.
[2] El período 2003-2008 cubre el ciclo del precio alto del cobre en los mercados internacionales, para seguir a la baja en 2009, reiniciándose aparentemente el 2010 un nuevo ciclo al alza. Según información del Banco Central los envíos del mes de febrero alcanzaron la suma de US$ 2.741,3 millones, frente a los US$ 1.427,8 del mismo mes de 2009. El precio promedio mensual a febrero de este año fue de US$ 3,10 por libra, precio que casi duplica los US$ 1,61 por libra del mismo mes del año pasado. Las proyecciones de la Comisión Chilena del Cobre [Cochilco] elevan la producción a 5,7 millones de toneladas, esto es, 7,3% superior a la producción de 2009. El valor de las exportaciones se estima para este año a US$ 36.500 millones lo que representa un aumento de alrededor de 36% con relación al año anterior.
19/04/10
Hector Vega
SEREC
¿COMO PAGAR LA RECONSTRUCCIÓN? Por Héctor Vega*
Día Mundial contra la Tortura: Comisión Ética denuncia que en Chile se reprime a quienes exigen cambios
El informe 2010 de la Comisión Ética Contra la Tortura “a Chile en sus 200 años”, entregado el 23 de junio en la oficina de partes de La Moneda, sostiene que la represión –tortura incluida– se está utilizando en el país contra aquellos que exigen cambios, especialmente contra trabajadores, estudiantes y el pueblo mapuche que se activan contra un sistema sociopolítico que “excluye del acceso a bienes y servicios fundamentales a gran parte de la población y se ha impuesto y mantenido recurriendo a la represión estatal”. Por su parte, la ONU hizo un llamado para que los estados ratifiquen y cumplan sus obligaciones en virtud del Convenio Internacional contra la Tortura.
El informe 2010, de 70 páginas, incluye la Agenda de Derechos Humanos levantada por Amnistía Internacional y apoyada por una gran diversidad de organizaciones; un artículo sobre la Tortura y Legislación Internacional del abogado Roberto Garretón. A ello se agrega un estudio sobre la desigualdad del periodista Paul Walder, y una denuncia sobre la condición actual de los ex presos políticos, suscrita por Juan Rojas, ex preso político.
El informe de la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), que apunta a problemas que tienen que ver especialmente con el uso de la tortura y tratos inhumanos crueles y degradantes, y con la denuncia de la impunidad en contra de los torturadores, se entrega cada año como parte de la conmemoración del Día Internacional Contra la Tortura, el 26 de junio.
LA LEY ANTITERRORISTA
En el caso de los mapuche, denuncia la aplicación de la ley 18.314 de 1984, conocida como Ley Antiterrorista, la utilización de la tortura en las detenciones, tratos inhumanos a menores y miembros de comunidades, y la vigencia de la impunidad por los asesinatos de mapuche de ayer y hoy. Al momento de la entrega de este informe, se recuerda que un comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío, fue asesinado por la espalda por un carabinero del Gope.
Hay 57 presos políticos mapuche procesados o sentenciados por ley antiterrorista, contraviniendo las recomendaciones de Roberto Stavenhagen, Relator Especial de la ONU para la situación de los pueblos indígenas, que en 2003 señaló que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”.
A ello se suma el Informe de Amnistía Internacional, al afirmar que al continuar aplicándose la Ley Antiterrorista, se está incumpliendo “tanto las promesas formuladas anteriormente por el gobierno respecto de no hacer uso de estas leyes, como las recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos”.
La Ley Antiterrorista, señalan, viola las garantías procesales y el debido proceso establecido en normas internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que subraya la importancia de tener derecho al debido proceso. Permite la existencia de “testigos sin rostro”, que pueden acusar e inculpar sin identificarse, violando así el derecho a un juicio justo y siguiendo bajo la vigencia del concepto de “enemigo interno”, emanado de la Ideología de la Seguridad Nacional.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Además, recuerda el informe, han sido acusados y perseguidos periodistas extranjeros y artistas visuales nacionales. El caso de Elena Varela, recientemente absuelta de todo cargo por la justicia, es un ejemplo patético, pues ha debido soportar seis años de persecución injusta, acusaciones falsas y detenciones arbitrarias, antes de ser sobreseída, y su material de trabajo no le ha sido devuelto.
Similar situación ha afectado, entre otros, a Azel Luzarraga, escritor y músico vasco, detenido el 31 de diciembre de 2009 por la Ley Antiterrorista, bajo la acusación de colocación de bombas. En febrero de 2010 se decretó su arresto domiciliario y el arraigo nacional.
LA VIDA HUMANA Y LAS CÁRCELES
Asegura la comisión que parecieran olvidadas por las autoridades las recomendaciones al Estado chileno por el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), sobre el cumplimiento de compromisos contraídos al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, algunas de las cuales se refieren a las deficientes condiciones al interior de las cárceles. Ello a la luz de lo que sucedió para el terremoto, cuando al menos tres reos murieron por efecto de los disparos de gendarmes que aplicaron la ley de fuga en un momento de catástrofe, y otro reo, Horacio Núñez, murió quemado por el incendio provocado por los presos, al ser aplastado por un muro y encontrarse encadenado en su cama.
Las tres víctimas de los gendarmes son Luis Guillermo López Valenzuela (26 años); Jonathan Andrés Aguirre Aguirre (21 años); y Rodolfo Leal Medina (32 años) y el informe documenta que el ministro de Justicia de la época, Carlos Maldonado, manifestó al respecto que la situación descrita constituiría “un triunfo” para la mantención del orden, sin detenerse en el valor de la vida de un ser humano.
Respecto de quienes sufrieron prisión política y tortura durante la dictadura, la Comisión llama a superar la exclusión de la calidad de víctimas del terrorismo de Estado de los detenidos en manifestaciones públicas; los que fueron torturados fuera de los recintos oficiales de detención; los extranjeros; los chilenos torturados en el exterior en el marco de la Operación Cóndor y quienes fueron objeto de detención por menos de cinco días.
Agregan que la pensión mensual otorgada a las víctimas vulnera el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura, donde se reconoce para las víctimas “el derecho a una indemnización justa y adecuada”; no ha habido reparaciones jurídicas y morales para los afectados; tampoco ha habido medidas educativas y de prevención de la tortura; e insisten en que debe derogarse la cláusula que impide a los tribunales tener acceso a las imputaciones concretas de los delitos denunciados ante la Comisión Valech.
La CECT reitera, ante los 200 años de vida de la República, la proposición de reabrir indefinidamente la acreditación de las víctimas chilenas o extranjeras por violaciones a los derechos humanos cometidos en territorio nacional o en el exterior por agentes represivos del Estado chileno; aprobar una nueva ley de reparación que asuma las propuestas iniciales de la Comisión Valech, y eliminar legislativamente la cláusula que impide el acceso del Poder Judicial a las denuncias de tortura.
Se llama a la derogación de la Ley de auto Amnistía de la dictadura; juicio y castigo a los agentes del Estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos como son la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria de prisioneros, delitos imprescriptibles que no pueden ser objeto de amnistía alguna.
CONTENIDOS DEL INFORME
El informe 2010, de 70 páginas, incluye la Agenda de Derechos Humanos levantada por Amnistía Internacional y apoyada por una gran diversidad de organizaciones; un artículo sobre la Tortura y Legislación Internacional del abogado Roberto Garretón. A ello se agrega un estudio sobre la desigualdad del periodista Paul Walder, y una denuncia sobre la condición actual de los ex presos políticos, suscrita por Juan Rojas, ex preso político.Pablo Ruiz escribe denunciando la continuidad de participación de uniformados chilenos que cursan estudios en la Escuela de las Américas, actualmente situada en Fort Benning, Estados Unidos, y Hervi Lara se refiere a un tema estrechamente relacionado: el Gope (fuerzas especiales de Carabineros) y la tortura.
Finalmente, en la parte gruesa del informe, Beatriz Brinkman escribe sobre los derechos del Pueblo Mapuche, y Lucía Sepúlveda aporta un registro documentado sobre Tortura y Prisión Política a luchadores sociales mapuche, que incluye el listado de casos de 96 presos políticos y procesados mapuche, de los cuales 57 personas cumplen prisión efectiva, y también 57 están siendo procesados o han sido condenadas por la legislación antiterrorista. En forma especial se alude al caso de la lonko Juana Calfunao, una de las fundadoras de la Comisión Ética, quien permanece en prisión por más de 3 años y a quien le ha sido negado el acceso a la libertad condicional.
También se detallan las escasas sentencias absolutorias y las querellas (pendientes) por tortura o tratos inhumanos presentadas a la justicia. Un análisis final se refiere a la estrategia ideada por los fiscales de re-formalización de los presos como una nueva modalidad que permite extender los plazos de detención sin juicio oral y complejizar las tareas de la defensa.
Hay testimonios de casos de tortura, y como anexo se entrega el informe “Cronología y Descripción de Situaciones de Represión y Violencia Ejercidas por Instituciones Policiales del Estado de Chile contra Niños, Niñas y Adolescentes Mapuche (2001 – 2009)”, elaborado por la psicóloga Claudia Molina González y el organismo denominado Defensor Jurídico Social Autónomo Mapuche, ingresado al Comité de los Derechos del Niño en el 53° período de sesiones de Naciones Unidas en enero de 2010, en Ginebra, Suiza.
La Comisión Ética Contra la Tortura es una entidad conformada en marzo de 2001 por organizaciones de derechos humanos y personalidades de reconocida solvencia moral, con la finalidad de que el Estado de Chile asumiera su responsabilidad respecto de los sobrevivientes de prisión política y tortura durante la dictadura militar. Entre otras, la integran Amnistía Internacional-Chile; el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch); el Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Chile (Conferre); el Servicio Paz y Justicia (Serpaj); el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras); la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), la Asociación Americana de Juristas (AAJ); el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsal); la Coordinación Nacional de Ex Presos Políticos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos; Comisión Ética contra la Tortura de Santiago, Temuco, Valparaíso, San Antonio, y un equipo de trabajo exterior integrado por personas que residen en Francia, Suiza, Canadá, Bélgica e Italia.
La CECT – Chile está afiliada a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra.
ONU LLAMA A ESTADOS A RATIFICAR Y CUMPLIR LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA
En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó oficialmente, el 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo a las Victimas de la Tortura. La fecha es marcada todos los años por actos contra la tortura que son realizados en el mundo entero, con el fin de generar solidaridad con las víctimas y sus familiares y recordar que la práctica todavía persiste en algunos países, exige ser abolida.
“El día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura es una ocasión para destacar el derecho internacionalmente reconocido de todos los hombres y mujeres a vivir libres de tortura. Es una oportunidad para reafirmar nuestra decisión colectiva de prohibir la tortura y todos los tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes”, alertó el secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki-moon.
Diez años antes de la proclamación de esta fecha, entró en vigor la ‘Convención Contra la Tortura y Otros tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes’ para intentar hacer frente a uno de los mayores abusos contra los Derechos Humanos. Hoy, más de 124 de los 189 miembros de las Naciones Unidas ya son signatarios de esta Convención, pero infelizmente esto no garantiza que la práctica de la tortura esté abolida en esos países.
En mensaje oficial escrito el día internacional, Ban Ki-moon reforzó que la prohibición de la tortura es absoluta e inequívoca, y, que “No puede ser justificada bajo ninguna circunstancia, ni en estado de guerra, ni en repuesta al terrorismo, la inestabilidad política o cualquier otra emergencia política”.
A pesar de la claridad de este mensaje, el secretario puntualiza que muchos estados siguen practicando o tolerando la tortura. Consciente de ello, Ban Ki-moon llamó a todos los estados que todavía no lo hicieron, a que ratifiquen y cumplan sus obligaciones en virtud de la Convención Contra la Tortura y las disposiciones del Protocolo Facultativo.
SITUACIONES QUE CARACTERIZAN LA TORTURA
Según el Arto 1 de la Convención contra la Tortura, la práctica es caracterizada como “Todo acto por el cual se inflija internacionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, informaciones o una confesión, de castigar por un acto que haya cometido, o sospeche que se cometió, o de intimidar o coaccionar a esa persona u otras, o por cualquier otra razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un servidor público u otra persona en ejercicio de funciones públicas a instigación suya, o con su consentimiento o aceptación”.
Por Lucía Sepúlveda Ruiz / Natasha Pitts
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18. Juni 2010
Proyecto Ley de Obtentores: La batalla por los vegetales
Un registro más específico de propiedad intelectual sobre variedades vegetales y la actualización de los derechos de obtentores de semillas es la base del proyecto que derogará la actual ley sobre derechos de obtentores vegetales. La propuesta tiene enfrentadas a diversas organizaciones ambientalistas y empresas productoras de semillas por la posible apertura a la diversificación de los transgénicos en Chile y a la privatización de las semillas.
Desde enero de 2009 está en tramitación en el Congreso un proyecto de ley que actualiza las garantías jurídicas que poseen los productores de semillas y especies vegetales. También amplía sus derechos frente al registro de nuevas variedades. Este trámite se enmarca en la obligación que adquirió Chile al suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de adherirse al Convenio UPOV 91 que exige la regulación de los derechos del obtentor.
Los obtentores son todos quienes trabajen en el desarrollo de nuevas especies y variedades que radique un mejoramiento productivo. Para lo cual esta nueva ley les dará protección legal por medio de un registro de propiedad intelectual.
La actual ley Nº 19.342 del año 1994 sobre Regulación de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales, consagra el derecho y protección de las nuevas obtenciones (especies) vegetales, las cuales debido a su alto costo técnico y financiero, deben protegerse en un marco legal.
¿UN REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL O UNA PATENTE?
De acuerdo al proyecto original emanado en el mensaje presidencial del año 2008, la nueva normativa favorecerá el registro en Chile de nuevas especies vegetales creadas no sólo en nuestro país sino también en el extranjero. En este sentido, el nuevo escenario será favorable para el incremento de competitividad nacional.
Aquí es donde nacen las divergencias, ya que para las organizaciones de pequeños y medianos agricultores y ambientalistas, esto genera un escenario poco equitativo y, a su vez, abre las puertas para la privatización de las semillas. “Toda especie nativa que actualmente es parte de nuestro patrimonio y nuestra diversidad, podrá tener un dueño y ser, por tanto, propiedad intelectual de empresas nacionales o extranjeras. Para los efectos prácticos, el resultado es muy similar al generado por una patente”, sostiene María Elena Rozas, coordinadora regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL).
Pilar Chicago, abogada del Departamento de Patentes del Estudio Clarke Modet & Cº, sostiene que este proyecto no es un sistema de patentes. “Las plantas y/o vegetales no pueden patentarse”.
De acuerdo al proyecto, los agricultores tendrán a su disposición las semillas certificadas de las nuevas variedades y deberán comprarlas al precio de mercado y tendrán derecho a reembolsar parte de la cosecha en su propio predio. Según Belfor Portilla, miembro del Comité de propiedad intelectual de la Asociación Nacional de Productores de Semillas, Anpros, “los mecanismos de posibles subsidios para que el precio que paguen por la semilla certificada sea menor, obedecerá a políticas gubernamentales”.
María Elena Rozas, de RAP-AL, difiere de esa perspectiva, y sostiene que “el desmedro que enfrentarán los pequeños agricultores frente a los obtentores será abusivo y nos enfrentaremos a un aumento explosivo de los precios de las semillas y esto se traducirá en una merma para el desarrollo de la agricultura orgánica. A su vez, implicará un atentado contra las comunidades mapuche que por generaciones han protegido sus semillas y ahora cualquier persona que cuente con el resguardo de la ley, podrá registrarla como una variedad de una especie”.
UN CAMINO HACIA LOS TRANSGÉNICOS
Otra de las aprensiones de las organizaciones ambientalistas es la liberación que este proyecto pueda dar a los transgénicos.
De acuerdo a datos entregados por el Servicio Agrícola y Ganadero y RAP-AL, en Chile, durante la temporada 2008-2009 los cultivos de semillas transgénicas para exportación alcanzaron un total de 30.447,04 hectáreas, compuestas principalmente de maíz, soya y canola.
Al establecerse un registro de propiedad intelectual de las especies y semillas nuevas, también puede abrirse el camino a las variedades obtenidas por medio de la alteración genética, comúnmente llamados transgénicos.
Según Belfor Portilla, actualmente en Chile no se puede cultivar variedades transgénicas para el mercado interno; sólo para reexportación. “Su producción está sometida a rigurosos procedimientos de ingreso al país y aislación, establecidos por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, y si es aprobada la norma específica sobre variedades transgénicas para ser producidas en Chile, deberán someterse a las normas de propiedad intelectual que estén vigentes”.
Eso agrava aún más la situación, según María Elena Rozas, ya que esto permitiría un desarrollo explosivo de los cultivos transgénicos, lo cual va de la mano con el uso de plaguicidas y dejaría como consecuencia la contaminación de cultivos orgánicos.
Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Agricultura del Senado, con lo cual sólo bastan dos instancias para ser convertida en ley. Las organizaciones ambientalistas ya anunciaron que no darán tregua en esta batalla por la libre diversificación y patrimonio de las especies vegetales en Chile.
Por Claudia Pedreros Saá
El Ciudadano
Senador Navarro: “La invariabilidad del royalty es obscena y abusiva”
Senador Navarro: “La invariabilidad del royalty es obscena y abusiva”
Alejandro Navarro explicó por qué votó en contra de un artículo del proyecto sobre reconstrucción.
“Con un gusto amargo” por un debate “intransigente” por parte del gobierno y la oposición, terminó el senador del MAS Alejandro Navarro luego de la votación del proyecto de Ley de Reconstrucción que se votó ayer en la Cámara Alta, instancia que aprobó toda la moción, salvo el artículo que proponía la invariabilidad del royalty, enviándolo a Comisión Mixta.
Al respecto, Navarro dijo que votó en contra de esa medida por considerarla “obscena” porque señaló no estar de acuerdo “con garantizarles a las grandes mineras que no tendrán mayores impuestos hasta el año 2025 es abusivo. Es decir, cuatro gobiernos más que no podrían modificar el royalty, teniendo en cuenta que la proyección del crecimiento del consumo del cobre a partir del aumento de la demanda china y del precio del mismo, sobre los tres dólares la libra, hacen prever que si mantenemos una tasa impositiva como la que tenemos hoy más un aumento razonable, tendríamos más de 7 mil millones. Entonces, a las futuras generaciones, a los futuros gobiernos les están amarrando las manos sobre varios miles de millones que podrían cobrarse de las mineras, como lo que está ocurriendo en Australia”.
“La minera La Escondida-agregó- que son capitales australianos, ganó sólo en el primer trimestre de este año 1.025 millones de dólares y están teniendo utilidades que crecen en un 120% y en Australia el mismo grupo económico que controla escondida está teniendo que el congreso australiano le está poniendo un impuesto que aumenta a un 40% el royalty. En Chile el royalty es del 5%, por lo tanto, claramente es un royalty insuficiente que no es ni siquiera royalty, es un impuesto al servicio, por lo tanto hay un debate país que hacer, porque este país requiere que los más ricos, los poderosos pongan más dinero porque están teniendo hoy, año 2010, ganancias excesivas que no tienen en ningún otro lugar del mundo, y no se van a ir las mineras de Chile porque sigue siendo un buen negocio la minería”.
“Estoy disponible para votar a favor si se reduce a la mitad el tiempo de invariabilidad, es decir, no a los 8 años pedidos por el gobierno, si no 4, porque cualquier proyecto minero demora eso, entre 4 y 5 años, por tanto no es un impuesto sustantivo. Sin embargo, yo creo que hay otras fórmulas, a través del impuesto de primera categoría para poder aumentar unos 600 o 800 millones de dólares para las grandes empresas. El sector forestal y el pesquero tienen impuestos limitados y ha llegado la hora que todos los sectores productivos puedan también pagar impuestos y no solo la gente a través de IVA, que es el impuesto más regresivo, lo paga los pobres”.
Por otro lado, el legislador comentó que “sin ser pitoniso, la Concertación terminó votando a favor de todo el Proyecto, tal como yo lo dije hace un mes atrás. Por ello, creo que perdimos un tiempo precioso en haber buscado una fórmula alternativa a la propuesta del royalty y hoy tendríamos un proyecto terminado, no uno a medias en comisión mixta. La intransigencia fue dura, y pienso que eso fue debido al proceso de aprendizaje de ambos: la derecha está aprendiendo a hacer gobierno, y la Concertación está en la tarea de aprender a ser oposición”.
Agregó que “hay un maximalismo total en torno a las apreciaciones del gobierno, pero también de la oposición que llevó al extremo el debate sobre impuesto de primera categoría, el impuesto de timbre y estampillas, para después de cuatro semanas votar todo absolutamente a favor sin cambiar ni una coma. Yo lo dije en el primer minuto, esta es una Ley de Reconstrucción y había que entenderla como tal; no era una reforma tributaria. Por lo que era un pésimo escenario de la Concertación criticarlo y rechazarlo todo antes de tiempo. Sin ese escenario vacío habríamos aprobado los artículos mucho antes y podríamos haber dejado el debate para los puntos en discordia, como la invariabilidad del royalty”.
El parlamentario comentó que “hay senadores muy avezados en torno a todo esto y yo lo dije, era un pésimo escenario, un mal terreno de batalla para la oposición esta ley de financiamiento, porque esta es una ley de financiamiento para la reconstrucción y no una reforma tributaria”.
“QUIERO UNA REFORMA TRIBUTARIA DE VERDAD”
El senador del MAS señaló que lo que Chile necesita es una reforma tributaria de verdad “que aborde cómo nuestro país financia su programa social y particularmente, le cobremos impuestos a los que más ganan, es decir a las grandes empresas, a los más ricos y por cierto esta no era la ocasión de debatirlo. La Concertación durante 20 años no lo hizo, por tanto pretender que en 15 días dar este debate ahora era una contradicción imposible”.
“Vamos a hacer todos los esfuerzos a ver si tenemos una ley que permita recaudar ya sea con royalty o sin royalty, lo verá el próximo gobierno. Lo importante es recaudar los 700 millones que faltan y crecer económicamente y en eso vamos a seguir apoyando a este gobierno, al gobierno del presidente Piñera en materia de crecimiento para que dé empleo y en materia de recaudación tuvimos una diferencia, no solo responsabilidad de la oposición, hay a lo menos responsabilidad compartida, pero creo que vamos a tener ley de financiamiento en unos 10 días más a más tardar”.
El Ciudadano
12. Juni 2010
11. Juni 2010
Memoria histórica. Detenidos-desaparecidos en Chile. Primera parte
| por Raúl Auth Caviedes (Chile) | |
| miércoles, 09 de junio de 2010 | |
| Las declaraciones del embajador Miguel Otero al diario Clarín de Argentina demuestran cuán necesario resulta en recordar la realidad de lo ocurrido en Chile durante la cruel dictadura de Pinochet. Es abismante escuchar a este destacado miembro de RN decir que ignora la participación de Estados Unidos en la desestabilización del gobierno de Allende, que ha sido tan extensamente documentada. También es increíble que, sobre las violaciones a los derechos humanos, exprese: “yo no creo sinceramente que haya sido un acto institucional... hay gente que abusa de la autoridad y se extralimita”. Es grave ver que esta inconcebible opinión tuviera el respaldo de Carlos Larraín y de Juan Antonio Coloma, presidentes de RN y la UDI, respectivamente. Más seria aún fue la manifestación de absoluta concordancia manifestada por el senador José García Ruminot. Indefinidas parecieron las declaraciones del canciller, Alfredo Moreno, al expresar: “No representa la postura del gobierno. Son opiniones personales que son respetables y que naturalmente respeto”. Como testigo directo de lo acontecido en Chile durante la tiranía de Pinochet considero indispensable tomar partido por la verdad. Por ello, presentaré una serie de artículos sobre un tema extremadamente lamentable y penoso: los detenidos-desaparecidos. Este es el primero de ellos. El encontrar los cuerpos de los detenidos-desaparecidos en una dictadura y descubrir los culpables para juzgarlos es un problema casi insoluble.. Esto es especialmente dificultoso cuando las tiranías terminan en una transición pactada, que subrepticiamente garantiza impunidad. En España, la unanimidad del Consejo General del Poder Judicial ha suspendido al juez Garzón por intentar ubicar los restos, después de trascurridos más de 34 años de la muerte de Franco. En Chile, en la mayoría de los casos, se desconoce el destino de los cadáveres, lo que constituiría un desprestigio para los partidarios de la dictadura. Pero, paradojalmente el partido político, nacido al amparo de Pinochet, es mayoritario por votación popular y el Presidente Piñera, elegido por una coalición de derecha, fue uno de los fervientes defensores del dictador cuando estuvo detenido en Londres. No cabe duda que la principal violación a los DDHH es asesinar y hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas. En Chile, antes del 11 de septiembre de 1973, los casos de desapariciones forzadas, realizadas por agentes del Estado, habían sido motivo de gran conmoción pública. Originó gran revuelo el caso el profesor Manuel Anabalón Aedo ocurrido en 1932, durante la breve dictadura de Carlos Dávila, que luego provocaría el asesinato del periodista Luis Mesa Bell por su denuncia del hecho. El impacto social de estos crímenes motivaron al presidente Arturo Alessandri Palma a cambiar la dependencia del Servicio de Investigaciones, desde Carabineros, al Ministerio del Interior Raíz de la uniformidad metodológica de la represión en América Latina. En 1962, el Secretario de Defensa del gobierno del presidente Kennedy, Robert McNamara, como una reacción a la estabilización de la revolución cubana, después del fracaso de la invasión de la Bahía Cochinos, estableció la teoría de Seguridad y Desarrollo extendida a la totalidad de los países latinoamericanos. Con esta maniobra se pretendía impartir una ideología común antimarxista y evitar que otra nación de la zona siguiera el ejemplo cubano. Surgió así la Alianza para el Progreso y el establecimiento de una política de concientización y entrenamiento en contrainsurgencia de los militares de América Latina. Tenía la ventaja de no requerir invasiones con sus propias fuerzas armadas, lo que despertaba animadversiones nacionalistas en su contra. En los hechos se instalaba una especie de protectorado castrense de los países hispanoamericanos bajo la tuición de Estados Unidos. Las palabras expresadas por McNamara, al iniciar este proyecto, fueron claras respecto a su objetivo: “Probablemente el mayor rendimiento de nuestras inversiones en ayuda militar proviene del adiestramiento de oficiales seleccionados y de especialistas claves en nuestras escuelas militares y sus centros de adiestramiento en Estados Unidos y ultramar (...) Son los líderes del futuro, los hombres que dispondrán de pericia y la impartirá a sus fuerzas armadas. No es necesario que uno se detenga a explicar el valor de contar con hombres en cargos directivos con conocimiento de primera línea de cómo los norteamericanos actúan y piensan. Para nosotros no tiene precio hacernos amigos de esos hombres (...) Tenemos un largo camino que recorrer para crear e instrumentar las contramedidas efectivas a la guerra revolucionaria”. En 1965, quizás aún no se cosechaban los frutos de tal preparación en los militares dominicanos por expertos estadounidenses. Así, en el mes de abril de ese año, se produjo una rebelión constitucionalista, encabezada por el coronel Francisco Caamaño que pretendía reponer en su cargo de Presidente en la República Dominicana al escritor y político de tendencia socialista Juan Bosch, que había sido derrocado en 1962 por un golpe militar, apoyado por Estados Unidos, a los siete meses de desempeñar la Primera Magistratura. Invocando evitar una nueva Cuba, Lyndon Johnson, calificando a Bosch de comunista, ordenó invadir el país con 20.000 marines. Las tropas estadounidenses permanecieron allí hasta preparar el acceso al poder de un hombre de su confianza, el oportunista y ubicuo político Joaquín Balaguer. En Brasil, en 1964, ya se habían logrado las condiciones para que los militares entrenados en Estados Unidos depusieran al popular Presidente izquierdista Joao Goulart, siguiendo la Doctrina Continental de Seguridad Nacional entendida como la eliminación radical de los marxistas. Allí los uniformados brasileros usaron los métodos de contrainsurgencia aprendidos tales como matar despiadadamente, torturar, hacer desaparecer, violar, reprimir violentamente a cualquier individuo rotulado de comunista o afín a éstos. Fueron aún más lejos instalando, un centro de adiestramiento con asesores franceses experimentados en la guerra de liberación de Argelia. Después cosecharían plenos resultados en Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina, lo que explica la gran similitud de los procedimientos represivos utilizados en Brasil, cuyos militares servirían de eficientes asesores. Todos los golpes militares en esos países tendrían el mismo sello de deshumanización de terrorismo de Estado asimilado en la Escuela de las Américas. Esto explica que no hubiese diferencias en la forma de represión y asesinato de personas calificadas de marxistas en países de larga tradición democrática y tolerancia a diversas ideologías como Uruguay y Chile, porque sus Fuerzas Armadas y policiales tenían la misma formación doctrinaria y adiestramiento en los centros norteamericanos de contrainsurgencia. El general, Martín Balza, fue el único Comandante en Jefe latinoamericano que pidió perdón por las atrocidades cometidas por sus compañeros de armas, por lo cual fue duramente denostado por Pinochet, calificándolo de traidor. Balza. comentaba que el golpe dado en Argentina en 1976, había sido muy diferente a los anteriores por la brutalidad ejercida. Esta desigualdad se debió a que la represión estuvo a cargo de eficientes alumnos de la Escuela de las Américas. El éxito en implantar la ideología que los estadounidenses consideraban necesaria a sus intereses, se comprueba patentemente en una carta del coronel ® Benjamín Escobar Moreira publicada en la revista PEC de 26 de julio de 1968 que, en su parte final, decía: “Una cosa si puedo establecer perentoriamente. Que siendo un convencido y leal partidario de la democracia, estaré con Estados Unidos en su lucha contra la esclavitud y gustoso ofrendaré mi vida antes de aceptar la ignominia de la subyugación a las fuerzas imperialistas y regresivas del comunismo infamante”. De todas formas, Estados Unidos no descartó totalmente la invasión con sus propias fuerzas armadas. En octubre de 1983 la pequeña isla de Granada, de 90.000 habitantes, fue ocupada para detener la llamada “revolución del pueblo” encabezada por Maurice Bishop, muerto poco antes de la invasión. Ronald Reagan declaró “llegamos apenas a tiempo para evitar la ocupación de Granada por los cubanos”. En diciembre de 1989, George Bush padre, ordenó la operación “causa justa” para derrocar a Manuel Noriega, en base a la Doctrina de Seguridad Nacional.. Este corrupto dictador había sido agente pagado de la CIA y colaborador de los contra en Nicaragua, se le llamaba “el hombre de Washington en América Latina”. Pero había cometido el pecado de hacer cerrar la Escuela de las Américas y convertirse en una gran traficante de drogas hacia Estados Unidos. En esta acción murieron entre 3.000 y 5.000 panameños. Noriega fue apresado y condenado en USA, en donde recibió un trato preferencial. Ha sido liberado recientemente y extraditado a Francia, pero la Justicia panameña reclama que retorne a su país para responder por sus crímenes Motivaciones para hacer desaparecer los cadáveres. La acción de eliminar los cuerpos de las víctimas es aberrante y impropia a un comportamiento civilizado. Históricamente ha sido la forma más agraviante de dañar a un adversario. La desaparición definitiva del cadáver implica el permanecer en el limbo histórico de las “no personas”, constituyendo el mayor ultraje que se puede infringir a un ser humano. Las razones de los asesinos pueden ser diversas: 1.- En la tradición judeocristiana, es considerado trascendental enterrar los fallecidos y honrar sus tumbas. En los griegos, eran muy importantes las honras fúnebres, pues creían que el alma de un cuerpo que no era enterrado estaba condenada a vagar por la tierra eternamente. La célebre tragedia de Sófocles, “Antígona” recalca su trascendencia. Dentro de estos valores sociales, el impedirlo implica incrementar el dolor y la pesadumbre ocasionada por la defunción. El occiso, fuera de la muerte, sufre la afrenta de aparecer como una persona que nunca hubiese existido. El odio irracional, puede llevar a un individuo enajenado a provocar intencionadamente este inmenso daño psicológico a los familiares. Un escalofriante ejemplo es el caso del fiscal militar, Alfonso Podlech, quién, en Temuco, se negó a entregar el cadáver del jefe zonal del Servicio Nacional de Salud, doctor Hernán Henríquez. Este médico, consciente de no haber cometido delito alguno, al ser citado, se había prontamente presentado al regimiento respectivo, junto al dirigente de la FENATS, Alejandro Flores. Días más tarde se comunicó que ambos habían sido muertos en un intento de fuga y enterrados. A la viuda, Ruth Kries, Podlech se rehusó a entregar los restos de su marido, aduciendo rudamente: “los enemigos de la Patria no tienen derecho a tumba”. A los militares chilenos no les importó la existencia del artículo 120, del Convenio de Ginebra que, de acuerdo a su honor, estaban comprometidas a respetar. Esta disposición, que debe ser acatada por todas las fuerzas armadas del mundo, establece: “las autoridades en cuyo poder se encuentren los prisioneros, se cuidarán de que los fallecidos en cautiverio, sean enterrados honorablemente, si es posible, con arreglo a los ritos de la religión a que pertenezcan y de que las sepulturas sean respetadas, decentemente mantenidas y marcadas de modo que puedan ser siempre reconocidas. Los prisioneros serán enterrados individualmente, salvo caso de fuerza mayor que imponga una tumba colectiva”. 2.- El hacer desaparecer el cuerpo de un occiso, es un recurso utilizado con frecuencia por el victimario, para escapar de ser condenado por el crimen. Es difícil configurar el delito, si el cuerpo de la víctima no aparece, no puede tenerse absoluta certeza de su muerte. Generalmente, los asesinatos considerados perfectos, lo han sido por haber tenido éxito en el ocultamiento o eliminación definitiva de los restos de sus víctimas.. Esto hace entendible que, años después, cuando se descubrieron los cadáveres en los hornos de Lonquén, Pinochet, con mentalidad de tinterillo, adquirida en sus frustrados estudios de leyes, dio la orden de hacerlos desaparecer definitivamente. Los militares se preocuparon de desterrar todos los restos posibles, para eliminarlos, incinerándolos, lanzándolos al mar o llevándolos a lugares inaccesibles, evitando así el hallazgo de más cuerpos. Demuestra que Pinochet tenía conciencia del delito y su pretensión de encubrirlo a toda costa. Confiaba en que el pacto de silencio de los uniformados nunca se rompería, pese al gran número de involucrados. Nunca se imaginó que, con su detención en Londres, al producirse la instalación de una mesa de diálogo para ayudar a su regreso, la muralla del silencio se derribaría al reconocer los militares una masiva eliminación de los cuerpos. 3.- El temor y el odio a las víctimas, por haber constituido una amenaza inminente a las propias vidas, puede conducir hacia conductas extremas, como el asesinato con extrema crueldad y el hacer desaparecer los cuerpos. El afán de venganza resulta incontenible, todo aparece justificado al presentarse como una anticipación a la acción mortal del adversario Este fenómeno ocurrió en Uruguay y Argentina con los movimientos guerrilleros a los cuales se les atribuyeron funestos planes que amenazaban la vida de la población. En Brasil, los militares dieron a conocer un supuesto plan en que los partidarios del presidente Goulart pretendían asesinar a militares y a partidarios de la derecha. En Chile, copiando la pauta brasileña, se inventó la existencia del plan Zeta. Se utilizó la estrategia de hacer aparecer al golpe militar como un acción preventiva que se había anticipado a los propósitos criminales de los marxistas. Mediante esta táctica, los represores no se sienten dañando a seres indefensos, sino a perversos individuos que pretendían matarlos a ellos. Se promovió la falsa disyuntiva: eran ellos o nosotros Con este objetivo, se falsificaron pruebas de un plan de aniquilamiento de opositores, tanto de militares como de civiles, supuestamente fraguado por la Unidad Popular. El diario El Mercurio participó gustosamente en la maquinación de la dictadura informando el 23 de septiembre de 1973: “La abertura a dinamitazos de la caja fuerte de la subsecretaría del Interior dejó al descubierto el minucioso plan elaborado para que se cumpliera el 17 de septiembre, a fin de asesinar simultáneamente a los jefes de las Fuerzas Armadas, políticos de oposición, periodistas y profesionales que discrepaban con el gobierno depuesto” La mayoría del PDC creyó en la existencia del plan Zeta, y colaboró a su difusión tanto en Chile como en el extranjero. El 17 de septiembre, Patricio Aylwin, declaró a la prensa: Chile estuvo al borde del “Golpe de Praga” que habría sido tremendamente sangriento, y las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse a ese riesgo inminente“. Siete días más tarde manifestó al diario NC News Service “La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una acción preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado, que con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de 10.000 extranjeros que había en este país, pretendía o habría consumado una dictadura comunista”. El ex presidente Frei Montalva fue aún mas lejos en estas apreciaciones en sus declaraciones a diario ABC y en su carta a Mariano Rumor. “Ya estaban armadas las masas de guerrillas y bien preparado el exterminio de los jefes del Ejército (...) el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del Ejército, un armamento para más de treinta mil hombres, y el Ejército chileno no pasa normalmente de esa cifra (...) Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros, cuyas vidas no son ciertamente tan importantes como la de Chile, pero son muchas vidas humanas y todas amenazadas perentoriamente eran pocos los pasos que quedaban por dar para instaurar en plenitud en Chile una dictadura totalitaria” Muchas torturas, muertes y desapariciones se debieron a este supuesto plan que se demostró fue una siniestra artimaña para justificar el golpe militar. La propia CIA registró su inexistencia en sus informes. El general Gustavo Leigh admitiría, después de ser expulsado de la Junta Militar, que él fue engañado por falsos documentos –hojas sueltas- que le fueron presentados por el vicealmirante Patricio Carvajal, durante una sesión de la Junta. 4.- Hay un motivo aún más tenebroso y amargo de recordar. La muerte ha sido realizada con tal saña, que los cuerpos presentan horrendas lesiones, impresentables para cualquier persona, especialmente para los familiares. Es el caso de los ejecutados por la “caravana de la muerte”, encabezada por el general Sergio Arellano Stark. La impactante entrevista dada a TVN por el general Joaquín Lagos, 25 de enero del 2001, da una muestra de esta monstruosidad:: “Me daba vergüenza verlos. Si estaban hechos pedazos. No eran cuerpos humanos. De manera que yo quería armarlos, por lo menos dejarlos en forma decente, más o menos (...) Si les sacaban los ojos con los corvos, les quebraban las mandíbulas, todo, les quebraban las piernas... al final les daban el golpe de gracia. Se ensañaron... En la forma que procedieron me sentí con dolor, con impotencia, con rabia”. . Realmente el general Lagos se quedó corto, pues la imagen era: ojos, narices u orejas arrancadas con corvos, múltiples huesos fracturados, cráneos deshechos por heridas de bala, pedazos de cerebro esparcidos en el suelo, o heridas abdominales, con vísceras expuestas al exterior, era el espeluznante escenario. Este comandante de la Primera División del Ejército relató ante las cámaras que inicialmente no se atrevía a entregar los restos de estas personas tan cruelmente asesinadas, sólo lo hizo después de intentar ponerlos algo presentables con la ayuda de médicos, forzado por las manifestaciones de inmenso dolor y angustia de los familiares. La exposición del general Lagos Osorio ante TVN despertó gran conmoción pública y malestar e irritación entre los militares. Por esto, emitió una declaración en que puntualizaba la razón que le había llevado a entregar su testimonio: “Todo lo hice por mi honor de soldado y de hombre. Lo hice por el cariño que tengo a mi patria. Lo hice por la fe que tengo en Dios. Por la honorabilidad intachable de mi familia. Y más que nada, por respeto a tantas generaciones de jóvenes que durante mi carrera militar me correspondió el alto honor de educar. Hay que ser leal con ellos y preocuparse de nuestra juventud”. Ningún otro jefe militar de las zonas en donde ocurrieron estas masacres, cometidas por la comitiva del general Arellano, se atrevió a entregar los restos de los ajusticiados a los deudos. El coronel Ariosto Lapostol, hizo sepultar prontamente los cuerpos en una fosa común del cementerio de La Serena. El teniente coronel Oscar Haag, comandante del regimiento motorizado N° 1 de Copiapó, hizo extender los certificados de defunción y dispuso la sepultación inmediata de los cadáveres en una fosa común del cementerio de la ciudad, negando a los familiares la posibilidad de verlos. El coronel Rivera Desgroux, comandante en Calama, enfrentado a la circunstancia que los cuerpos estaban tan horriblemente masacrados, ofreció a las familias entregarlos un año después, pero con el propósito anticipado de no hacerlo, porque aún persistirían las terribles evidencias de la salvaje matanza. Los miembros de la comitiva de Arellano, dirigidos por Sergio Arredondo, predilecto de Pinochet, actuaron como una pandilla de psicóticos, carentes de todo control racional, poseídos de un frenesí de muerte en contra de seres humanos indefensos. Y esto sucedió en varias ciudades de Chile. Causa inconmensurable indignación el imaginar a las víctimas con sus cuerpos seriamente dañados, sometidos a una lenta y horrible agonía, suplicando a los militares que los mataran de una vez. Calificar este comportamiento como bestial, sería agraviar a las bestias que se comportan motivadas por sus instintos, inconscientes del daño que provocan. El día 24 de octubre de 1973, cuando la horrenda noticia de las masacres perpetradas por la comitiva, daba la vuelta al mundo, el vicealmirante Ismael Huerta manifestaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “El gobierno de Chile no puede aceptar bajo pretexto alguno que se pretenda señalar que ha amparado ofensas al pudor y vejaciones. Nuestro gobierno rechaza de la manera más enérgica cualquier denuncia al respecto, la considera carente de fundamento y está en condiciones de afirmar categóricamente que desde el 11 de septiembre no ha habido ninguna actitud atentatoria a la dignidad humana. Cualquier atentado a los derechos esenciales del hombre es, a nuestro juicio, incompatible con la vida civilizada. Más aún, desde el primer instante el nuevo gobierno instruyó a los efectivos militares a que actuaran permanentemente en concordancia con los principios cristianos y humanistas que inspiraban e inspirarán la acción del nuevo gobierno de Chile y que hicieran cuanto fuera posible para salvaguardar los Derechos Humanos”. Fue una declaración de inaudito descaro y desvergüenza que ha quedado como un documento acusador de la dictadura de Pinochet ante la opinión mundial. Estas masacres no fueron una excepción, por el contrario, constituyeron casi la regla. Cualquier persona que se vio en la necesidad de visitar el Instituto Médico Legal en Santiago se encontraba con una situación dantesca que nunca olvidaría, como ocurrió con el autor de este artículo. Esto se subraya con la descripción de un dirigente democratacristiano de la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo que concurrió a identificar los cadáveres de compañeros comunistas arrestados hacía varios días, a fines de septiembre de 1973, por efectivos del Ejército.. Su relato fue: “Nunca olvidaré sus rostros y cuerpos hechos pedazos. Estaban todos ellos apiñados en montones humanos, prácticamente irreconocibles. No eran solo los proyectiles de guerra, destrozando sus cuerpos y sus caras, era más que eso, era como si la furia en su máxima crueldad e irracionalidad se hubiera desencadenado sobre ellos despedazando todos sus miembros...” En esta forma se lo relató al ex diputado Andrés Aylwin (Simplemente lo que vi. 1973-1990). martes, 08 de junio de 2010 * Fuente : El Clarin |
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