18. Juni 2010
Proyecto Ley de Obtentores: La batalla por los vegetales
Un registro más específico de propiedad intelectual sobre variedades vegetales y la actualización de los derechos de obtentores de semillas es la base del proyecto que derogará la actual ley sobre derechos de obtentores vegetales. La propuesta tiene enfrentadas a diversas organizaciones ambientalistas y empresas productoras de semillas por la posible apertura a la diversificación de los transgénicos en Chile y a la privatización de las semillas.
Desde enero de 2009 está en tramitación en el Congreso un proyecto de ley que actualiza las garantías jurídicas que poseen los productores de semillas y especies vegetales. También amplía sus derechos frente al registro de nuevas variedades. Este trámite se enmarca en la obligación que adquirió Chile al suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de adherirse al Convenio UPOV 91 que exige la regulación de los derechos del obtentor.
Los obtentores son todos quienes trabajen en el desarrollo de nuevas especies y variedades que radique un mejoramiento productivo. Para lo cual esta nueva ley les dará protección legal por medio de un registro de propiedad intelectual.
La actual ley Nº 19.342 del año 1994 sobre Regulación de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales, consagra el derecho y protección de las nuevas obtenciones (especies) vegetales, las cuales debido a su alto costo técnico y financiero, deben protegerse en un marco legal.
¿UN REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL O UNA PATENTE?
De acuerdo al proyecto original emanado en el mensaje presidencial del año 2008, la nueva normativa favorecerá el registro en Chile de nuevas especies vegetales creadas no sólo en nuestro país sino también en el extranjero. En este sentido, el nuevo escenario será favorable para el incremento de competitividad nacional.
Aquí es donde nacen las divergencias, ya que para las organizaciones de pequeños y medianos agricultores y ambientalistas, esto genera un escenario poco equitativo y, a su vez, abre las puertas para la privatización de las semillas. “Toda especie nativa que actualmente es parte de nuestro patrimonio y nuestra diversidad, podrá tener un dueño y ser, por tanto, propiedad intelectual de empresas nacionales o extranjeras. Para los efectos prácticos, el resultado es muy similar al generado por una patente”, sostiene María Elena Rozas, coordinadora regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL).
Pilar Chicago, abogada del Departamento de Patentes del Estudio Clarke Modet & Cº, sostiene que este proyecto no es un sistema de patentes. “Las plantas y/o vegetales no pueden patentarse”.
De acuerdo al proyecto, los agricultores tendrán a su disposición las semillas certificadas de las nuevas variedades y deberán comprarlas al precio de mercado y tendrán derecho a reembolsar parte de la cosecha en su propio predio. Según Belfor Portilla, miembro del Comité de propiedad intelectual de la Asociación Nacional de Productores de Semillas, Anpros, “los mecanismos de posibles subsidios para que el precio que paguen por la semilla certificada sea menor, obedecerá a políticas gubernamentales”.
María Elena Rozas, de RAP-AL, difiere de esa perspectiva, y sostiene que “el desmedro que enfrentarán los pequeños agricultores frente a los obtentores será abusivo y nos enfrentaremos a un aumento explosivo de los precios de las semillas y esto se traducirá en una merma para el desarrollo de la agricultura orgánica. A su vez, implicará un atentado contra las comunidades mapuche que por generaciones han protegido sus semillas y ahora cualquier persona que cuente con el resguardo de la ley, podrá registrarla como una variedad de una especie”.
UN CAMINO HACIA LOS TRANSGÉNICOS
Otra de las aprensiones de las organizaciones ambientalistas es la liberación que este proyecto pueda dar a los transgénicos.
De acuerdo a datos entregados por el Servicio Agrícola y Ganadero y RAP-AL, en Chile, durante la temporada 2008-2009 los cultivos de semillas transgénicas para exportación alcanzaron un total de 30.447,04 hectáreas, compuestas principalmente de maíz, soya y canola.
Al establecerse un registro de propiedad intelectual de las especies y semillas nuevas, también puede abrirse el camino a las variedades obtenidas por medio de la alteración genética, comúnmente llamados transgénicos.
Según Belfor Portilla, actualmente en Chile no se puede cultivar variedades transgénicas para el mercado interno; sólo para reexportación. “Su producción está sometida a rigurosos procedimientos de ingreso al país y aislación, establecidos por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, y si es aprobada la norma específica sobre variedades transgénicas para ser producidas en Chile, deberán someterse a las normas de propiedad intelectual que estén vigentes”.
Eso agrava aún más la situación, según María Elena Rozas, ya que esto permitiría un desarrollo explosivo de los cultivos transgénicos, lo cual va de la mano con el uso de plaguicidas y dejaría como consecuencia la contaminación de cultivos orgánicos.
Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Agricultura del Senado, con lo cual sólo bastan dos instancias para ser convertida en ley. Las organizaciones ambientalistas ya anunciaron que no darán tregua en esta batalla por la libre diversificación y patrimonio de las especies vegetales en Chile.
Por Claudia Pedreros Saá
El Ciudadano
Senador Navarro: “La invariabilidad del royalty es obscena y abusiva”
Senador Navarro: “La invariabilidad del royalty es obscena y abusiva”
Alejandro Navarro explicó por qué votó en contra de un artículo del proyecto sobre reconstrucción.
“Con un gusto amargo” por un debate “intransigente” por parte del gobierno y la oposición, terminó el senador del MAS Alejandro Navarro luego de la votación del proyecto de Ley de Reconstrucción que se votó ayer en la Cámara Alta, instancia que aprobó toda la moción, salvo el artículo que proponía la invariabilidad del royalty, enviándolo a Comisión Mixta.
Al respecto, Navarro dijo que votó en contra de esa medida por considerarla “obscena” porque señaló no estar de acuerdo “con garantizarles a las grandes mineras que no tendrán mayores impuestos hasta el año 2025 es abusivo. Es decir, cuatro gobiernos más que no podrían modificar el royalty, teniendo en cuenta que la proyección del crecimiento del consumo del cobre a partir del aumento de la demanda china y del precio del mismo, sobre los tres dólares la libra, hacen prever que si mantenemos una tasa impositiva como la que tenemos hoy más un aumento razonable, tendríamos más de 7 mil millones. Entonces, a las futuras generaciones, a los futuros gobiernos les están amarrando las manos sobre varios miles de millones que podrían cobrarse de las mineras, como lo que está ocurriendo en Australia”.
“La minera La Escondida-agregó- que son capitales australianos, ganó sólo en el primer trimestre de este año 1.025 millones de dólares y están teniendo utilidades que crecen en un 120% y en Australia el mismo grupo económico que controla escondida está teniendo que el congreso australiano le está poniendo un impuesto que aumenta a un 40% el royalty. En Chile el royalty es del 5%, por lo tanto, claramente es un royalty insuficiente que no es ni siquiera royalty, es un impuesto al servicio, por lo tanto hay un debate país que hacer, porque este país requiere que los más ricos, los poderosos pongan más dinero porque están teniendo hoy, año 2010, ganancias excesivas que no tienen en ningún otro lugar del mundo, y no se van a ir las mineras de Chile porque sigue siendo un buen negocio la minería”.
“Estoy disponible para votar a favor si se reduce a la mitad el tiempo de invariabilidad, es decir, no a los 8 años pedidos por el gobierno, si no 4, porque cualquier proyecto minero demora eso, entre 4 y 5 años, por tanto no es un impuesto sustantivo. Sin embargo, yo creo que hay otras fórmulas, a través del impuesto de primera categoría para poder aumentar unos 600 o 800 millones de dólares para las grandes empresas. El sector forestal y el pesquero tienen impuestos limitados y ha llegado la hora que todos los sectores productivos puedan también pagar impuestos y no solo la gente a través de IVA, que es el impuesto más regresivo, lo paga los pobres”.
Por otro lado, el legislador comentó que “sin ser pitoniso, la Concertación terminó votando a favor de todo el Proyecto, tal como yo lo dije hace un mes atrás. Por ello, creo que perdimos un tiempo precioso en haber buscado una fórmula alternativa a la propuesta del royalty y hoy tendríamos un proyecto terminado, no uno a medias en comisión mixta. La intransigencia fue dura, y pienso que eso fue debido al proceso de aprendizaje de ambos: la derecha está aprendiendo a hacer gobierno, y la Concertación está en la tarea de aprender a ser oposición”.
Agregó que “hay un maximalismo total en torno a las apreciaciones del gobierno, pero también de la oposición que llevó al extremo el debate sobre impuesto de primera categoría, el impuesto de timbre y estampillas, para después de cuatro semanas votar todo absolutamente a favor sin cambiar ni una coma. Yo lo dije en el primer minuto, esta es una Ley de Reconstrucción y había que entenderla como tal; no era una reforma tributaria. Por lo que era un pésimo escenario de la Concertación criticarlo y rechazarlo todo antes de tiempo. Sin ese escenario vacío habríamos aprobado los artículos mucho antes y podríamos haber dejado el debate para los puntos en discordia, como la invariabilidad del royalty”.
El parlamentario comentó que “hay senadores muy avezados en torno a todo esto y yo lo dije, era un pésimo escenario, un mal terreno de batalla para la oposición esta ley de financiamiento, porque esta es una ley de financiamiento para la reconstrucción y no una reforma tributaria”.
“QUIERO UNA REFORMA TRIBUTARIA DE VERDAD”
El senador del MAS señaló que lo que Chile necesita es una reforma tributaria de verdad “que aborde cómo nuestro país financia su programa social y particularmente, le cobremos impuestos a los que más ganan, es decir a las grandes empresas, a los más ricos y por cierto esta no era la ocasión de debatirlo. La Concertación durante 20 años no lo hizo, por tanto pretender que en 15 días dar este debate ahora era una contradicción imposible”.
“Vamos a hacer todos los esfuerzos a ver si tenemos una ley que permita recaudar ya sea con royalty o sin royalty, lo verá el próximo gobierno. Lo importante es recaudar los 700 millones que faltan y crecer económicamente y en eso vamos a seguir apoyando a este gobierno, al gobierno del presidente Piñera en materia de crecimiento para que dé empleo y en materia de recaudación tuvimos una diferencia, no solo responsabilidad de la oposición, hay a lo menos responsabilidad compartida, pero creo que vamos a tener ley de financiamiento en unos 10 días más a más tardar”.
El Ciudadano
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