El Presidente de la Fesuc (Federación de Supervisores y Profesionales de Codelco), Ricardo Calderón, realizó una exposición a la Comisión de Minería del Senado donde manifestó su inquietud por el rechazo del Ejecutivo al plan de inversiones propuesto por el directorio de la empresa para el 2010. Además, aclaró que en Chile lo que se cobra es un impuesto específico y no un royalty, que es el pago que se efectúa al titular de un derecho, el Estado en este caso, a cambio de usar o explotar o extraer recursos naturales no renovables.
Durante 45 minutos se reunió el directorio de la Federación de Supervisores y Profesionales de Codelco (Fesuc), encabezado por su presidente Ricardo Calderón, con la Comisión de Minería del Senado, oportunidad en que expresaron su preocupación por la decisión del gobierno de no reinvertir parte de los excedentes de la compañía este año sino obligarle a realizar las inversiones que necesita a través de endeudamiento.
En la oportunidad, Calderón hizo una exposición detallada a los parlamentarios acerca de la enorme cantidad de recursos que Codelco ha entregado al fisco y, a su vez como “el Estado durante la historia de la compañía le ha negado los recursos mínimos necesarios para invertir y desarrollarse.”
El dirigente dio cuenta a los parlamentarios acerca de la propuesta que el Directorio de la cuprífera estatal entregó a los ministerios de Hacienda y Minería, que contemplaba capitalizar 378 millones de dólares, iniciativa rechazada por el Ejecutivo.
El presidente de Fesuc enfatizó que “el endeudamiento tiene límites y si no se capitalizan recursos por 15 mil millones de dólares en los próximos años, el peligro es que posteriormente Codelco se privatice o se la haga morir lentamente y con ello Chile pierda la posibilidad de seguir recibiendo esta importante renta”.
Basado en cifras oficiales, en su reporte Calderón señaló que el dinero fresco entregado al Estado “significa el doble de lo que todas las empresas mineras privadas han pagado en impuestos en los últimos 36 años, lo cual equivale a 62 mil millones de dólares hasta el 2007, lo cual demuestra que la nacionalización fue una muy buena decisión para Chile”.
“Sólo los excedentes de este quinquenio, estimados a partir del primer cuatrimestre de este año llegarían a 38 mil millones de dólares”, aseguró el líder de los más de 2.300 supervisores y profesionales de Codelco afiliados a Fesuc.
“EN CHILE LO QUE SE COBRA ES UN IMPUESTO ESPECÍFICO Y NO UN ROYALTY”
En segundo término Calderón planteó a los senadores que en Chile “se debe transparentar y sincerar el debate respecto al mal llamado “royalty”, pues en Chile, México y Perú no existe, pero sí en Estados Unidos, Canadá Noruega y Australia y en el resto de los países del mundo”.
“Lo que tenemos en nuestro país es un impuesto específico a la minería y como referencia en Australia en estos momentos hay una discusión acerca de si aumentar o no los gravámenes e impuestos a un 57 por ciento”, aseguró.
Luego agregó que “una regalía o royalty es el pago que se efectúa al titular de un derecho, el Estado en este caso, a cambio de usar o explotar o extraer recursos naturales no renovables, en Chile lo que se cobra es un impuesto específico y no un royalty”.
“Según el artículo 24 de la Constitución Política de Chile, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y los privados tienen sólo derechos de concesión de exploración o explotación”, apuntó Calderón.
En la actualidad el Impuesto Específico a la Minería, según la ley aprobada por el Congreso el año 2005, durante el Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, es de un 5%.
Por Carlos Antonio Vergara
El Ciudadano
Julián Alcayaga: “La renacionalización del cobre debe ser la base del programa del PS”
El próximo domingo 4 de julio se realizan elecciones internas en el Partido Socialista de Chile (PS), en la que compiten cuatro listas. Sin embargo, los medios de comunicación solo han destacado dos listas: una encabezada por el diputado Osvaldo Andrade y el senador Fulvio Rossi, y otra lista que encabezan Álvaro Elizalde y el diputado Marcelo Díaz.
Las otras dos listas, que se sitúan en la izquierda del PS, ni siquiera son mencionadas. Se trata de la lista “D” Recuperación, participación, socialismo, en la que destacan dirigentes como Adolfo Lara, Alfonso Guerra o Cecilia Suárez; y la lista más izquierdista, la “B”, llamada Frente Allendista, de la que forma parte el economista y presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre Julián Alcayaga.
Para que sus importantes posturas también pudieran ser conocidas, El Ciudadano conversó con él.
Julián, usted ha sido tenaz crítico de la política minera de la Concertación. Sin embargo, aparece ahora participando en una elección de un partido que conforma esta coalición ¿Puede explicarnos esa aparente contradicción?
Desde 1962 milito en el PS y, efectivamente, desde 1993 he atacado por todos los medios a mi alcance la entreguista política minera de los gobiernos de la Concertación. Pero ello no impide que yo continúe siendo socialista.
He criticado a estos gobiernos precisamente porque me he mantenido fiel a los principios, a la ética y a la cultura socialista, y en virtud de esos principios después del golpe de Estado, trabajé en la reorganización del PS clandestino, aunque duré muy poco porque fui detenido en febrero de 1974 y condenado a 10 años de prisión, desde donde me enviaron a Francia, en septiembre de 1976.
Yo ya he sido anteriormente candidato al Comité Central del PS, pero no he sido elegido, por dos razones principales: Primero, los sectores que dominan en el PS hicieron desaparecer una gran cantidad de los votos que yo obtuve, así como de los otros candidatos de nuestra lista de izquierda que lideraba la querida compañera Carmen Lazo. Además, estos sectores, mediante el acarreo de “militantes de papel”, es decir que aparecen solo para las elecciones, logran dejar afuera a los verdaderos militantes.
Pero estas elecciones no tienen por qué ser diferentes a las anteriores…
Existe una gran diferencia. La Concertación ya no está en el poder y el acarreo ya no se puede producir en la misma proporción, porque los “militantes de papel”, que se inscribieron en el Partido solo para tener una pega, ya la han perdido o tienen miedo de perderla y, por lo tanto, ya no se les puede obligar a ir a votar, sobre todo cuando existe el rumor que desde el gobierno y la derecha van a vigilar los lugares de votación, a fin descubrir a los operadores políticos. Los verdaderos militantes no tienen esos temores.
¿Cuál es su programa?
Se necesitarían varias páginas para describirlo, pero básteme decir que mi objetivo principal es que en el Programa del PS vuelva a figurar como elemento esencial la Renacionalización del Cobre, y que el próximo candidato presidencial del PS o que apoye el PS, tenga la Renacionalización como punto primordial de su programa de gobierno.
Por Francisco Marín
El Ciudadano
Uno de los rubros que propone Piñera para la reconstrucción de Chile es el alza del impuesto a las utilidades de las empresas. Con ello calcula que ingresarán a las arcas fiscales 1260 millones de dólares que representan 39% del total de 3231 millones de dólares que el gobierno espera recaudar con el conjunto medidas propuestas. Según el plan el impuesto a las utilidades subirá de 17% a 20% en 2011, para bajar en 2012 a 18,5% y volver a 17% en 2013.
De qué manera los mayores impuestos que propone Piñera se anulan, porque lo que obtiene con una mano lo devuelve con la otra
En realidad se trata de un financiamiento inocuo, o neutro, pues según la Ley del impuesto a la renta [DL Nº 824, publicado el 27 de diciembre de 1974. Ley actualizada el 19 de junio de 2001 y el 2 de mayo de 2008, según Ley 20263] dicho impuesto es sólo retención y crédito. Esto es, en virtud de un pago provisional mensual [PPM] durante el año tributario respectivo, dicho impuesto ingresa por algunos meses a las arcas fiscales y luego se descuenta en el momento que los socios de la empresa o accionistas pagan el Impuesto Global Complementario, o impuesto a las personas con la tasa marginal del 40% [desde 0 a 40%]. Desde el año 1974 las empresas no pagan impuesto, quienes pagan son las personas; ¡en consecuencia si no se aumenta el Impuesto Global Complementario, no hay incremento de impuestos!
Agreguemos a esto que los inversionistas o empresas extranjeras en Chile por repatriación de utilidades caen en el régimen general del 35% de impuesto, al cual descuentan el 17% con lo cual terminan pagando el 18%. Régimen que los favorece con relación a sus colegas chilenos que descuentan a la tasa marginal del Impuesto Global Complementario de 40% el 17%, con lo cual la obligación tributaria se establece en 23%.
Consideremos además que las transnacionales del cobre gozan de un estatus impositivo privilegiado mediante el cual remiten intereses por créditos externos [intereses que pagan un impuesto del 4%], monto diez veces mayor que las remesas de utilidades [Véase año comercial 2002].[1] Con ello transforman el 17% de impuesto a la renta en un 4%. Su justificación es legal pues las remesas por intereses y otras remuneraciones pagadas al exterior son consideradas como Gasto Tributario de las transnacionales operando en Chile. Con ello, amparadas en la legislación vigente, disminuyen su renta imponible y por consiguiente su tributación. Sin terminar con este régimen impositivo la propuesta del gobierno no pasa de ser un volador de luces. Dejar en su concepción de retención y crédito el impuesto a la renta es un fraude a la credibilidad de la opinión pública.
El impacto de las franquicias tributarias, el llamado Gasto Tributario, muestra de qué manera el Estado deja de percibir 8.207 millones de dólares, lo que equivale a 24% de todo lo que se recauda y representa 3,96% del PIB. Sólo por concepto de Impuesto a la Renta las franquicias tributarias representaron en 2009, 6.677 millones de dólares, esto es, 3,23% del PIB [Véase Informe de Finanzas Públicas, Ministerio de Hacienda. Dirección de Presupuestos, 2009]. Las franquicias anulan el pago del impuesto a las utilidades. Nótese que estas mismas franquicias neutralizarán 281 millones de dólares que el plan Piñera prevé recaudar del alza de las contribuciones. Sin una revisión fundamental de la legislación impositiva, una vez más las grandes fortunas de este país, y las transnacionales, habrán burlado la igualdad ante la ley y en este caso preciso, las llamadas de solidaridad que el país exige escuchar.
Mediante un Impuesto a la Renta bis se pretende burlar el precio que el Estado de Chile debiera cobrar por la explotación de un recurso natural que se va y nunca más vuelve
En relación al mal llamado royalty [4% a 5% del resultado operacional], que en realidad es un Impuesto a la Renta bis y que en su régimen de invariabilidad afectaba a la Gran Minería hasta el año 2020; con la propuesta se propone una invariabilidad tributaria hasta el año 2028. Nueva fórmula que deja a la buena voluntad de las empresas transnacionales tributar en el rango de 3,5% a 9% según el resultado de la minera. Sólo el mayor precio del cobre podría garantizar en el futuro, alguna recaudación adicional al fisco pues antes de iniciarse el ciclo alto en el precio [2] las transnacionales del cobre domiciliadas en Chile, mediante el cobro de “precios de transferencia” [exportación] a sus filiales, fijaban precios menores, y adicionalmente declaraban costos altos, con lo cual presentaban, alegremente, cero utilidades. En esas circunstancias poco importaba que el régimen de invariabilidad fuera de 42% o que el impuesto se fijara en 35%, si al final del ejercicio declaraban cero utilidades.
El royalty es un precio –no un impuesto– por el derecho a explotar el mineral, cuyo dominio por mandato constitucional, es del Estado, es decir pertenece a todos los chilenos. El Estado ejerce sobre las reservas minerales un dominio exclusivo, absoluto, inextinguible e imprescriptible [Art. 19 nº 24 inciso 6 de la Constitución Política del Estado].
La Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras [LOCCM o Ley Minera 18097, promulgada el 21 de enero de 1982] establece de manera inconstitucional el régimen de la concesión plena, donde esta pasa a ser título y modo de transferir el dominio. En virtud de esta verdadera capitis diminutio el régimen de Pinochet [por la mano de su ministro de Minería, José Piñera] enajenó el dominio del Estado a favor de las transnacionales.
Si se restablece el imperio de la Constitución el concesionario debe ser considerado, al igual que en el derecho anglosajón, un arrendatario [lessee], esto es, un mero tenedor [tenant], y en esa calidad lo que se le concede es el arriendo del yacimiento [mining lease]. Según el Código Civil chileno [Art. 1915], “el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado” [el subrayado es mío - HV]. En consecuencia, corresponde al gobierno Piñera acatar la disposición constitucional, restablecer el imperio del derecho, y de esa manera eliminar la actual ficción de royalty que en realidad es un Impuesto a la Renta bis.
Una propuesta tributaria
Los anuncios del gobierno tendrán algún grado de credibilidad si se eliminara el impuesto-crédito. Sin embargo, existe otra solución en la lógica de un alza del impuesto a la renta de 20%, efectiva y permanente. Nuestra propuesta consiste en que las empresas deben tributar efectivamente 20% sobre sus utilidades devengadas, dejando radicada la tributación total de la actividad empresarial en la empresa y no en las personas como ocurre en la actualidad. Conjuntamente con ello proponemos que el impuesto a las personas tenga una tasa marginal del 20% [desde 0 a 20%], bajándola del 40% actual, afectando a todas las rentas que se perciban, con excepción de las que provienen de la actividad empresarial. Con lo cual no solamente los pagos serán efectivos sino que además se igualará la situación de todos los contribuyentes cualquiera que sea su actividad y origen de las rentas.
Sin reformas fundamentales al sistema tributario chileno, como las ya expuestas –eliminación del Impuesto a la Renta crédito del impuesto personal y tributación de 20% radicada en las empresas, tasa marginal de 20% del Impuesto Global Complementario, eliminación de franquicias tributarias injustificadas– la reconstrucción y el crecimiento de la economía, dependerá, al igual que lo fue la protección social del gobierno Bachelet, del precio del cobre, sometido a las fluctuaciones del precio del mercado internacional; y agréguese en este caso de la buena voluntad de las transnacionales –caso único en la historia de la Humanidad de un “impuesto voluntario”– y de impuestos regresivos [IVA entre otros], que nuevamente deberá pagar el conjunto de la población trabajadora.
* Héctor Vega es Director de Fortín Mapocho.com. Profesor del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Universidad ARCIS.
Notas
[1] Conclusión del estudio “Cobre tributación de las grandes empresas mineras” por Dante Restaino Di Benedetto en Royalty. Regalía o Renta Minera. Jorge Lavandero Illanes. Impresos y Ediciones Lafken. Santiago, Chile. 2003. El estudio se basa en Informe del Tesorero General de la República, presentado ante la Comisión Especial Encargada del Estudio de la Tributación de las Empresas Mineras” del Senado, bajo la presidencia del Senador Jorge Lavandero. El informe presenta en forma global y detallada por formulario y tipo de impuesto lo recaudado durante el año comercial 2002. El Informe incluye todo tipo de pagos, en los cuales se incluyen impuestos de retención, Impuesto a la Renta y devoluciones solicitadas. En el análisis de Dante Restaino ante la Comisión del Senado se señala que “el año 2002 las remesas por intereses de créditos externos fueron diez veces mayores que las remesas de utilidades. Las remesas por intereses por créditos externos fueron de US$ 363 millones 386.886 afectos al 4% y las remesas de utilidades fueron de US$ 36 millones 570.980 afectas al 35%. Si la remesa de intereses se afectara con un 35%, el país habría recibido una mayor recaudación de US$ 112 millones 650.000”. El mismo estudio agrega que “el total de las remesas por intereses y otras remuneraciones pagadas al exterior por US$ 394 millones 37.491, es gasto tributario para las empresas en Chile, lo que disminuye su renta imponible y la tributación respectiva” Finalmente se concluye que, “la constitución de las grandes empresas como sociedades de responsabilidad limitada a cambio de sociedad anónima han producido una menor recaudación de US$ 108 millones. Op. cit. ps. 161-168.
[2] El período 2003-2008 cubre el ciclo del precio alto del cobre en los mercados internacionales, para seguir a la baja en 2009, reiniciándose aparentemente el 2010 un nuevo ciclo al alza. Según información del Banco Central los envíos del mes de febrero alcanzaron la suma de US$ 2.741,3 millones, frente a los US$ 1.427,8 del mismo mes de 2009. El precio promedio mensual a febrero de este año fue de US$ 3,10 por libra, precio que casi duplica los US$ 1,61 por libra del mismo mes del año pasado. Las proyecciones de la Comisión Chilena del Cobre [Cochilco] elevan la producción a 5,7 millones de toneladas, esto es, 7,3% superior a la producción de 2009. El valor de las exportaciones se estima para este año a US$ 36.500 millones lo que representa un aumento de alrededor de 36% con relación al año anterior.
19/04/10
Hector Vega
SEREC
28. Juni 2010
¿COMO PAGAR LA RECONSTRUCCIÓN? Por Héctor Vega*
Día Mundial contra la Tortura: Comisión Ética denuncia que en Chile se reprime a quienes exigen cambios
El informe 2010 de la Comisión Ética Contra la Tortura “a Chile en sus 200 años”, entregado el 23 de junio en la oficina de partes de La Moneda, sostiene que la represión –tortura incluida– se está utilizando en el país contra aquellos que exigen cambios, especialmente contra trabajadores, estudiantes y el pueblo mapuche que se activan contra un sistema sociopolítico que “excluye del acceso a bienes y servicios fundamentales a gran parte de la población y se ha impuesto y mantenido recurriendo a la represión estatal”. Por su parte, la ONU hizo un llamado para que los estados ratifiquen y cumplan sus obligaciones en virtud del Convenio Internacional contra la Tortura.
El informe 2010, de 70 páginas, incluye la Agenda de Derechos Humanos levantada por Amnistía Internacional y apoyada por una gran diversidad de organizaciones; un artículo sobre la Tortura y Legislación Internacional del abogado Roberto Garretón. A ello se agrega un estudio sobre la desigualdad del periodista Paul Walder, y una denuncia sobre la condición actual de los ex presos políticos, suscrita por Juan Rojas, ex preso político.
El informe de la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), que apunta a problemas que tienen que ver especialmente con el uso de la tortura y tratos inhumanos crueles y degradantes, y con la denuncia de la impunidad en contra de los torturadores, se entrega cada año como parte de la conmemoración del Día Internacional Contra la Tortura, el 26 de junio.
LA LEY ANTITERRORISTA
En el caso de los mapuche, denuncia la aplicación de la ley 18.314 de 1984, conocida como Ley Antiterrorista, la utilización de la tortura en las detenciones, tratos inhumanos a menores y miembros de comunidades, y la vigencia de la impunidad por los asesinatos de mapuche de ayer y hoy. Al momento de la entrega de este informe, se recuerda que un comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío, fue asesinado por la espalda por un carabinero del Gope.
Hay 57 presos políticos mapuche procesados o sentenciados por ley antiterrorista, contraviniendo las recomendaciones de Roberto Stavenhagen, Relator Especial de la ONU para la situación de los pueblos indígenas, que en 2003 señaló que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”.
A ello se suma el Informe de Amnistía Internacional, al afirmar que al continuar aplicándose la Ley Antiterrorista, se está incumpliendo “tanto las promesas formuladas anteriormente por el gobierno respecto de no hacer uso de estas leyes, como las recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos”.
La Ley Antiterrorista, señalan, viola las garantías procesales y el debido proceso establecido en normas internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que subraya la importancia de tener derecho al debido proceso. Permite la existencia de “testigos sin rostro”, que pueden acusar e inculpar sin identificarse, violando así el derecho a un juicio justo y siguiendo bajo la vigencia del concepto de “enemigo interno”, emanado de la Ideología de la Seguridad Nacional.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Además, recuerda el informe, han sido acusados y perseguidos periodistas extranjeros y artistas visuales nacionales. El caso de Elena Varela, recientemente absuelta de todo cargo por la justicia, es un ejemplo patético, pues ha debido soportar seis años de persecución injusta, acusaciones falsas y detenciones arbitrarias, antes de ser sobreseída, y su material de trabajo no le ha sido devuelto.
Similar situación ha afectado, entre otros, a Azel Luzarraga, escritor y músico vasco, detenido el 31 de diciembre de 2009 por la Ley Antiterrorista, bajo la acusación de colocación de bombas. En febrero de 2010 se decretó su arresto domiciliario y el arraigo nacional.
LA VIDA HUMANA Y LAS CÁRCELES
Asegura la comisión que parecieran olvidadas por las autoridades las recomendaciones al Estado chileno por el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), sobre el cumplimiento de compromisos contraídos al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, algunas de las cuales se refieren a las deficientes condiciones al interior de las cárceles. Ello a la luz de lo que sucedió para el terremoto, cuando al menos tres reos murieron por efecto de los disparos de gendarmes que aplicaron la ley de fuga en un momento de catástrofe, y otro reo, Horacio Núñez, murió quemado por el incendio provocado por los presos, al ser aplastado por un muro y encontrarse encadenado en su cama.
Las tres víctimas de los gendarmes son Luis Guillermo López Valenzuela (26 años); Jonathan Andrés Aguirre Aguirre (21 años); y Rodolfo Leal Medina (32 años) y el informe documenta que el ministro de Justicia de la época, Carlos Maldonado, manifestó al respecto que la situación descrita constituiría “un triunfo” para la mantención del orden, sin detenerse en el valor de la vida de un ser humano.
Respecto de quienes sufrieron prisión política y tortura durante la dictadura, la Comisión llama a superar la exclusión de la calidad de víctimas del terrorismo de Estado de los detenidos en manifestaciones públicas; los que fueron torturados fuera de los recintos oficiales de detención; los extranjeros; los chilenos torturados en el exterior en el marco de la Operación Cóndor y quienes fueron objeto de detención por menos de cinco días.
Agregan que la pensión mensual otorgada a las víctimas vulnera el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura, donde se reconoce para las víctimas “el derecho a una indemnización justa y adecuada”; no ha habido reparaciones jurídicas y morales para los afectados; tampoco ha habido medidas educativas y de prevención de la tortura; e insisten en que debe derogarse la cláusula que impide a los tribunales tener acceso a las imputaciones concretas de los delitos denunciados ante la Comisión Valech.
La CECT reitera, ante los 200 años de vida de la República, la proposición de reabrir indefinidamente la acreditación de las víctimas chilenas o extranjeras por violaciones a los derechos humanos cometidos en territorio nacional o en el exterior por agentes represivos del Estado chileno; aprobar una nueva ley de reparación que asuma las propuestas iniciales de la Comisión Valech, y eliminar legislativamente la cláusula que impide el acceso del Poder Judicial a las denuncias de tortura.
Se llama a la derogación de la Ley de auto Amnistía de la dictadura; juicio y castigo a los agentes del Estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos como son la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria de prisioneros, delitos imprescriptibles que no pueden ser objeto de amnistía alguna.
CONTENIDOS DEL INFORME
El informe 2010, de 70 páginas, incluye la Agenda de Derechos Humanos levantada por Amnistía Internacional y apoyada por una gran diversidad de organizaciones; un artículo sobre la Tortura y Legislación Internacional del abogado Roberto Garretón. A ello se agrega un estudio sobre la desigualdad del periodista Paul Walder, y una denuncia sobre la condición actual de los ex presos políticos, suscrita por Juan Rojas, ex preso político.Pablo Ruiz escribe denunciando la continuidad de participación de uniformados chilenos que cursan estudios en la Escuela de las Américas, actualmente situada en Fort Benning, Estados Unidos, y Hervi Lara se refiere a un tema estrechamente relacionado: el Gope (fuerzas especiales de Carabineros) y la tortura.
Finalmente, en la parte gruesa del informe, Beatriz Brinkman escribe sobre los derechos del Pueblo Mapuche, y Lucía Sepúlveda aporta un registro documentado sobre Tortura y Prisión Política a luchadores sociales mapuche, que incluye el listado de casos de 96 presos políticos y procesados mapuche, de los cuales 57 personas cumplen prisión efectiva, y también 57 están siendo procesados o han sido condenadas por la legislación antiterrorista. En forma especial se alude al caso de la lonko Juana Calfunao, una de las fundadoras de la Comisión Ética, quien permanece en prisión por más de 3 años y a quien le ha sido negado el acceso a la libertad condicional.
También se detallan las escasas sentencias absolutorias y las querellas (pendientes) por tortura o tratos inhumanos presentadas a la justicia. Un análisis final se refiere a la estrategia ideada por los fiscales de re-formalización de los presos como una nueva modalidad que permite extender los plazos de detención sin juicio oral y complejizar las tareas de la defensa.
Hay testimonios de casos de tortura, y como anexo se entrega el informe “Cronología y Descripción de Situaciones de Represión y Violencia Ejercidas por Instituciones Policiales del Estado de Chile contra Niños, Niñas y Adolescentes Mapuche (2001 – 2009)”, elaborado por la psicóloga Claudia Molina González y el organismo denominado Defensor Jurídico Social Autónomo Mapuche, ingresado al Comité de los Derechos del Niño en el 53° período de sesiones de Naciones Unidas en enero de 2010, en Ginebra, Suiza.
La Comisión Ética Contra la Tortura es una entidad conformada en marzo de 2001 por organizaciones de derechos humanos y personalidades de reconocida solvencia moral, con la finalidad de que el Estado de Chile asumiera su responsabilidad respecto de los sobrevivientes de prisión política y tortura durante la dictadura militar. Entre otras, la integran Amnistía Internacional-Chile; el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch); el Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Chile (Conferre); el Servicio Paz y Justicia (Serpaj); el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras); la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), la Asociación Americana de Juristas (AAJ); el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsal); la Coordinación Nacional de Ex Presos Políticos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos; Comisión Ética contra la Tortura de Santiago, Temuco, Valparaíso, San Antonio, y un equipo de trabajo exterior integrado por personas que residen en Francia, Suiza, Canadá, Bélgica e Italia.
La CECT – Chile está afiliada a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra.
ONU LLAMA A ESTADOS A RATIFICAR Y CUMPLIR LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA
En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó oficialmente, el 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo a las Victimas de la Tortura. La fecha es marcada todos los años por actos contra la tortura que son realizados en el mundo entero, con el fin de generar solidaridad con las víctimas y sus familiares y recordar que la práctica todavía persiste en algunos países, exige ser abolida.
“El día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura es una ocasión para destacar el derecho internacionalmente reconocido de todos los hombres y mujeres a vivir libres de tortura. Es una oportunidad para reafirmar nuestra decisión colectiva de prohibir la tortura y todos los tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes”, alertó el secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki-moon.
Diez años antes de la proclamación de esta fecha, entró en vigor la ‘Convención Contra la Tortura y Otros tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes’ para intentar hacer frente a uno de los mayores abusos contra los Derechos Humanos. Hoy, más de 124 de los 189 miembros de las Naciones Unidas ya son signatarios de esta Convención, pero infelizmente esto no garantiza que la práctica de la tortura esté abolida en esos países.
En mensaje oficial escrito el día internacional, Ban Ki-moon reforzó que la prohibición de la tortura es absoluta e inequívoca, y, que “No puede ser justificada bajo ninguna circunstancia, ni en estado de guerra, ni en repuesta al terrorismo, la inestabilidad política o cualquier otra emergencia política”.
A pesar de la claridad de este mensaje, el secretario puntualiza que muchos estados siguen practicando o tolerando la tortura. Consciente de ello, Ban Ki-moon llamó a todos los estados que todavía no lo hicieron, a que ratifiquen y cumplan sus obligaciones en virtud de la Convención Contra la Tortura y las disposiciones del Protocolo Facultativo.
SITUACIONES QUE CARACTERIZAN LA TORTURA
Según el Arto 1 de la Convención contra la Tortura, la práctica es caracterizada como “Todo acto por el cual se inflija internacionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, informaciones o una confesión, de castigar por un acto que haya cometido, o sospeche que se cometió, o de intimidar o coaccionar a esa persona u otras, o por cualquier otra razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un servidor público u otra persona en ejercicio de funciones públicas a instigación suya, o con su consentimiento o aceptación”.
Por Lucía Sepúlveda Ruiz / Natasha Pitts
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