¡Corra al quiosco antes que se agote!
El miedo, el que obliga a callar, el que genera silencio, el que erradica de las mentes la esperanza de cambiar la sociedad que habitamos, es la mejor política para defender un sistema como el que institucionaliza esta democracia, que pretende hacernos creer que todo está hecho, que el mundo es como es y no hay que desgastarse en tratar de cambiarlo.
Esa es la lógica del Estado dominante, infundiendo el mismo miedo que instauró la dictadura y el mismo que consolidó la Concertación durante sus veinte años. El miedo, el argumento de los fantasmas que podían regresar y que no permitieron actuar en concordancia con la ética, con el deber ser, con lo que se debía hacer sino sólo “en la medida de lo posible”. Y lo posible se mantuvo en un rango reducido, cada vez más reducido: No ha habido Justicia, casi no ha habido castigo para los culpables, y hoy la impunidad se instala en desfachateces como la de Carabineros, que mantiene trabajando en la institución a Walter Ramírez Inostroza, el cabo asesino de Matías Catrileo mientras se sigue persiguiendo al pueblo Mapuche o a cualquiera que se permita cuestionar lo establecido. ¿No da para sospechas? ¿O por lo menos para dudas?
En esta edición de El Ciudadano, la número 89, se abordan diversos temas relacionados con la institucionalización del miedo, a modo de política del Estado.
Una entrevista con Brian Loveman, autor del libro adictos al fracaso, quien hace un análisis de las relaciones de Estados Unidos con los países de América Latina, que muestra la forma en que se ha exacerbado la pobreza, la desigualdad y la violencia en nuestro continente.
Luego de terminada la huelga de hambre que se extendió por casi tres meses, un reportaje que hace un balance de la situación en que se mantiene la lucha mapuche. Contrario a lo que se ha dicho, luego de depuesta la medida de los comuneros, permanece latente, a la espera de nuevas acciones si el Gobierno no cumple a cabalidad sus ofertas.
Por otro lado, cómo ha actuado el Ministerio Público en el llamado “caso bombas”, que mantiene encarcelados a un grupo de personas que no han sido declaradas culpables antes del juicio, y el empeño que ha mostrado el Fiscal Peña en privarlos de libertad, a pesar de que no se han mostrado pruebas materiales de su vinculación con los atentados explosivos.
En un relato histórico, luego de pasada la fiebre por el bicentenario, conozca que la lucha por la independencia y la emancipación no la libraron sólo los criollos, sino que hubo otras que se libraron desde antes y después de que se instauraran las repúblicas en diversos puntos de América Latina.
Colombia es el país del continente qué más dinero gasta en armas. La militarización de su territorio ha afectado no sólo a los grupos insurgentes sino que a un gran número de civiles que han sufrido coletazos de la política de seguridad democrática del ex presidente Uribe, la que continúa con el nuevo mandatario, Juan Manuel Santos.
Y en nuestro tema de portada, la verdad de Saif Khan, el paquistaní acusado de posible asociación ilícita y procesado por la ley antiterrorista, el cual ni siquiera sigue siendo perseguido por la Embajada de Estados Unidos, y señala que el Ministro Hinzpeter no trabaja por los intereses de Chile.
El Ciudadano, noticias que importan.
15. Oktober 2010
Aprobado royalty que regala a las mineras seis años extra de invariabilidad
La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que modifica la tributación de las empresas mineras. Ahora sólo queda que el Ejecutivo despache el proyecto para su promulgación.
14. Oktober 2010
Se viene el estallido 9
Se viene el estallido 9 : Lo que ha quedado enterrado en la mina San José.
- El espectáculo de la tragedia, el periodismo criollo justifica su banalidad apelando a que los extranjeros hacen lo mismo que ellos.
- Quienes son los \”mineros de Chile\” y cómo evaden impuestos.
- El fraude tras el chi chi chi le le le.
- El cobre lo nacionalizó Allende, lo aprobó unánimemente el congreso, lo mantuvo nacionalizado Pinochet y lo privatizó la concertación.
- Se \”vende barato algo muy caro\”: El regateo de los concertacionistas agrava la infamia.
- Sobre Cristián Barra el operador político de Alberto Espina.
- El convenio 169 de la OIT un caso de mendicidad jurídica. #mapuche
Se viene el estallido es la twitcam de #violenciaycontrol que se transmite por la radio Antivero de San Fernando y en Podcaster.
Contacte a su autor en twitter ( @azetaene )
- El espectáculo de la tragedia, el periodismo criollo justifica su banalidad apelando a que los extranjeros hacen lo mismo que ellos.
- Quienes son los \”mineros de Chile\” y cómo evaden impuestos.
- El fraude tras el chi chi chi le le le.
- El cobre lo nacionalizó Allende, lo aprobó unánimemente el congreso, lo mantuvo nacionalizado Pinochet y lo privatizó la concertación.
- Se \”vende barato algo muy caro\”: El regateo de los concertacionistas agrava la infamia.
- Sobre Cristián Barra el operador político de Alberto Espina.
- El convenio 169 de la OIT un caso de mendicidad jurídica. #mapuche
Se viene el estallido es la twitcam de #violenciaycontrol que se transmite por la radio Antivero de San Fernando y en Podcaster.
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“El royalty es una traición de la clase política a los trabajadores”
LA MOVILIZACIÓN PENDIENTE
¿Hasta que punto la clase política está comprometida con las multinacionales de la minería?
¿Hasta que punto la clase política está comprometida con las multinacionales de la minería?
13. Oktober 2010
Más de 300 casos de nuevos ejecutados durante la dictadura presentados antes comisiones Rettig y Valech
Más de 300 casos de nuevos ejecutados y desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet y más de 28 mil casos de torturados y prisioneros políticos fueron presentados antes las comisiones Rettig y Valech , afirmaron hoy fuentes de estas entidades.
Ambas comisiones dedicadas a investigar las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, tienen ahora un plazo hasta fines de febrero de 2011 para evaluar cada una de las nuevas presentaciones y resolver si califican o no a las nuevas víctimas.
La Comisión Valech , que en 2004 certificó en Chile 27.255 casos de tortura cometidos durante la dictadura (1973-1990), comenzó a recibir a partir del pasado 17 de febrero nuevos testimonios de víctimas del régimen militar.
Durante seis meses, la Comisión recibió nuevas denuncias no solo de víctimas de prisión política y tortura, sino también de casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del periodo que comprende entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Ahora, esta instancia también recogió testimonios de nuevos casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, sucesos que se documentaron en 1991 a través del trabajo de la Comisión Rettig.
En declaraciones a Efe algunos miembros de la comisión Retting que pidieron no revelar su identidad calificaron de "altísima" la nueva cifra de los eventuales ejecutados y desaparecidos.
En el mismo sentido lo han hecho integrantes de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, acerca de las más de 28 mil nuevas presentaciones.
En el caso de las nuevas denuncias en Rettig, éstas han sido interpuestas por familiares de las probables nuevas víctimas. En el caso de Valech, fueron los propios afectados quienes acudieron a reportar su caso.
El total de denuncias presentadas durante 1990 a la primera comisión que redactó el llamado Informe Rettig, fue de 3.550 y posteriormente fueron interpuestas otras 1.200 denuncias ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Sin embargo, el mencionado informe consolidado de 1996 sólo calificó 3.197 casos, entre desaparecidos y ejecutados.
En tanto, la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech) en 2004 calificó 27.255 casos, entre prisioneros políticos y torturados, y otros 102 casos de menores de edad nacidos en prisión o detenidos con sus padres.
La calificación final para los más de 300 nuevos casos de desaparecidos y ejecutados y sobre 28 mil prisioneros torturados presentados, se espera para fines de febrero de 2011.
La comisión de calificación está integrada entre otros por la delegada presidencial de Derechos Humanos de Chile, María Luisa Sepúlveda y Sergio Valech, obispo emérito que la dirigió en 2004, y será asesorada por abogados, asistentes sociales y psicólogos.
noticias.terra.com
Ambas comisiones dedicadas a investigar las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, tienen ahora un plazo hasta fines de febrero de 2011 para evaluar cada una de las nuevas presentaciones y resolver si califican o no a las nuevas víctimas.
La Comisión Valech , que en 2004 certificó en Chile 27.255 casos de tortura cometidos durante la dictadura (1973-1990), comenzó a recibir a partir del pasado 17 de febrero nuevos testimonios de víctimas del régimen militar.
Durante seis meses, la Comisión recibió nuevas denuncias no solo de víctimas de prisión política y tortura, sino también de casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del periodo que comprende entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Ahora, esta instancia también recogió testimonios de nuevos casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, sucesos que se documentaron en 1991 a través del trabajo de la Comisión Rettig.
En declaraciones a Efe algunos miembros de la comisión Retting que pidieron no revelar su identidad calificaron de "altísima" la nueva cifra de los eventuales ejecutados y desaparecidos.
En el mismo sentido lo han hecho integrantes de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, acerca de las más de 28 mil nuevas presentaciones.
En el caso de las nuevas denuncias en Rettig, éstas han sido interpuestas por familiares de las probables nuevas víctimas. En el caso de Valech, fueron los propios afectados quienes acudieron a reportar su caso.
El total de denuncias presentadas durante 1990 a la primera comisión que redactó el llamado Informe Rettig, fue de 3.550 y posteriormente fueron interpuestas otras 1.200 denuncias ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Sin embargo, el mencionado informe consolidado de 1996 sólo calificó 3.197 casos, entre desaparecidos y ejecutados.
En tanto, la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech) en 2004 calificó 27.255 casos, entre prisioneros políticos y torturados, y otros 102 casos de menores de edad nacidos en prisión o detenidos con sus padres.
La calificación final para los más de 300 nuevos casos de desaparecidos y ejecutados y sobre 28 mil prisioneros torturados presentados, se espera para fines de febrero de 2011.
La comisión de calificación está integrada entre otros por la delegada presidencial de Derechos Humanos de Chile, María Luisa Sepúlveda y Sergio Valech, obispo emérito que la dirigió en 2004, y será asesorada por abogados, asistentes sociales y psicólogos.
noticias.terra.com
12. Oktober 2010
Miles de personas marchan en apoyo al pueblo mapuche
Alrededor de 8 mil personas marcharon este lunes 11 de octubre por el centro de Santiago apoyando las demandas del pueblo mapuche en la tradicional conmemoración del llamado “día de la raza”. La convocatoria, realizada por la organización “Meli Wixan Mapu”, se realizó bajo la consigna “nuestra historia nos juzgará, no un Estado opresor”.
Miles de personas coparon la calzada norte de la Alameda entre Plaza Italia y calle Miraflores con banderas, lienzos, gritos y consignas varias sumándose al llamado realizado por el grupo “Meli Wixan Mapu” de Santiago, para marchar a partir de las 11 de la mañana hacia el cerro Welen apoyando las reivindicaciones del pueblo mapuche.
Miles de personas coparon la calzada norte de la Alameda entre Plaza Italia y calle Miraflores con banderas, lienzos, gritos y consignas varias sumándose al llamado realizado por el grupo “Meli Wixan Mapu” de Santiago, para marchar a partir de las 11 de la mañana hacia el cerro Welen apoyando las reivindicaciones del pueblo mapuche.
La política del shock.
La política del shock.
Por Ariel Zúñiga Núñez (azetaene)
Horas después del terremoto del 27 de febrero de este año escribí que el caos producido por el cataclismo podía ser utilizado como una excusa perfecta para militarizar la zona, implementar un capitalismo aún más agresivo, desmovilizar a las organizaciones anticapitalistas e incrementar el poder de la clase dirigente nacional. Lamentablemente no me equivoqué, incluso se podría decir que mis malos augurios fueron superados por la realidad.
Piénsese que tales pronósticos se hicieron mientras gobernaba la recientemente laureada en Canadá como la mujer coraje 2010, la socialista de balneario Michelle Bachelet Jeria (funada justamente por ciudadanos chilenos por su militarización de la araucanía). La llegada de Piñera aseguraba que el desbande se acrecentara y así fue.
Salvo políticas comunicacionales la zona derruida sigue tal cual, el invierno se sorteó a base de caridad televisada y altamente rentable para los donantes-inversionistas. Mediaguas del hogar de cristo vendidas a siete veces su valor al fisco, armadas por militares y sonrientes voluntarios de un techo para Chile. Dinero público a raudales para los oligopolístas del retail de la construcción. Un manto de silencio mediático a la disidencia y represión a los que osaran mencionar lo ocurrido.
Todo lo anterior habría sido exactamente igual, salvo algunos matices estéticos, si la concertación hubiese seguido gobernando. La nota distintiva, la rúbrica de la “nueva forma de gobernar”, fue el de meter a martillazos un vergonzoso proyecto de falso royalty, una impunidad tributaria que se extendía a cambio de una “imposición voluntaria”.
Los estados, desde que existen, se definen por capacidad de imponer tributos. Nuestra innovadora clase política ha encontrado el modo de dejar de hacerlo y aún así reclamar soberanía sobre el territorio en que las multinacionales explotan los minerales. O quizá el ingenio de nuestra clase política es el de hacernos creer que esos minerales, que la constitución declara que son nuestros, simplemente no lo son y además tampoco es parte de nuestro país el sitio en que están emplazadas las explotaciones mineras. Así podríamos entenderlo todo más fácilmente: No nos pagan impuestos ni royalty porque no son ni nuestros los minerales ni se los explota dentro de nuestro territorio; sería una extensión del “país virtual” creado con el tratado binacional minero con Argentina.
Y mientras en Argentina se aprueba una ley de glaciares que deja a la Barrick Gold colgando como loro en el alambre, en Chile, o lo que queda de él, Camilo Escalona se abraza mientras ríe a carcajadas con Laurence Golborne, el señor Corales de la mina San José y autor del infame proyecto que extiende la impunidad tributaria (llamada eufemísticamente invariabilidad).
Porque jamás existió una discrepancia conceptual entre la concertación y el gobierno en este asunto. Para que se entienda el rol de nuestra clase política, como viles mercenarios de las mineras extranjeras, Aylwin, Frei y Lagos (tres de nuestros cuatro ex presidentes vivos) se reunieron de inmediato con Piñera en la Moneda para tratar de salvar el proyecto. Lagos declaró que Piñera estaba siendo testarudo (el camello hablando de jorobas) pues era posible un proyecto de consenso. Lagos Weber, el hijo del ex presidente que nos lo instalaron como una extensión del pecado original, explicó públicamente la tesis.
Pues bien, la carcajada de Escalona demostró que la intención de la concertación jamás fue la de pedir a las multinacionales el valor justo por nuestros minerales sino que se lo vendiera (o regalara) un poquitito menos barato.
Lo que hace diferente a Piñera de sus predecesores es que en vez que tener una cara de palo tiene una de acero inoxidable y revestida con teflón. Su infame proyecto de impunidad tributaria era tan abiertamente lesivo para el país como el aprobado en definitivas pero fue capaz de acusar a los opositores del mismo (los que sólo regateaban) de antipatriotas y opositores a la “reconstrucción nacional”.
Qué más se puede esperar de un prófugo de la justicia electo como mal menor ante un candidato aún más momio y tránsfuga que él como Eduardo Frei Ruiz Tagle. Así y todo, de malas ganas y a falta de alternativa, votó por Piñera menos de un tercio de la población nacional; sólo participan de las elecciones los mayores de cuarenta años, chilenos atropellados por la aplanadora de la realidad; sujetos sujetados que no son más que jirones de sueños rotos.
Cualquier coyuntura ha sido usada para incrementar su poder y el de los suyos.
Ya sabemos todos los desmadres producidos con la excusa de la “reconstrucción”.
Piñera trató de aprovechar la coyuntura del indulto bicentenario para aprobar una ley de punto final y hasta para hacerlo por decreto.
La movilización de los Mapuche para hacer más dura la ley antiterrorista limando las asperezas que pudieran hacerla susceptible de nulidad constitucional.
Se saca a los civiles de las cortes militares pero se deja a los milicos, y a los pacos, sujetos a ella (lo que asegura su impunidad) y además hace más duras las sanciones en contra del maltrato que pudieren recibir.
El show de los mineros enterrados en proceso de rescate para tratar de aprobar, entre gallos y medianoche, la central termoeléctrica de Barrancones. Aquí fue tanto el descaro que hasta el esnobismo farandulero se opuso con tenacidad revirtiendo la medida.
¿Qué más podíamos esperar de la aplicación del convenio 169 de la OIT?
Piñera envío un proyecto que no cuenta con la consulta previa que exige el documento, por lo tanto, será una aplicación fallida del instrumento internacional, una manera de rechazar el convenio sin admitirlo.
Los Mapuche y la ciudadanía en general están extenuados por la larga huelga, es fin de semana largo así que muchos están en la playa, pegando en la pera, borrachos, drogados o gastando el dinero que no tienen en conciertos de rock que se pueden escuchar en casa bebiendo una piscola... dicho de otro modo es el momento propicio para una nueva cuchufleta de nuestro presidente, un engendro de brazos cortos y dedos muy largos.
Y si fuera poco detrás de la cortina del montado rescate en la mina San José se podrían llevar el oro del banco central en un barco sin que nadie se entere.
¿Quién podrá defendernos? Quien debiera hacerlo es la oposición, aquella que se conduele con la situación del perraje para que voten por ellos en las próximas elecciones. Es decir, quien debiera defendernos es la misma concertación que acaba de vender su voto a las grandes mineras (por una suma no revelada).
Lo más probable es que no lo hagan, y que nuestro cansancio y desorganización lleven a la aprobación-desaprobación del convenio 169 de la OIT postergando las demandas indígenas, apagando con bencina el incendio en el sur y en Rapa Nui.
Los países tienen los gobiernos que se merecen y nos falta mucho trabajo para merecernos un estadista, un patriota, al menos alguien decente. Nos queda mucho por luchar y construir, ni Piñera ni los concertafachos darán algo sin que previamente sean amenazados; recordemos que nuestro presidente sólo da su brazo a torcer si por ello va a ganar millones de dólares o porque le secuestran un hijo.
Por Ariel Zúñiga Núñez (azetaene)
Horas después del terremoto del 27 de febrero de este año escribí que el caos producido por el cataclismo podía ser utilizado como una excusa perfecta para militarizar la zona, implementar un capitalismo aún más agresivo, desmovilizar a las organizaciones anticapitalistas e incrementar el poder de la clase dirigente nacional. Lamentablemente no me equivoqué, incluso se podría decir que mis malos augurios fueron superados por la realidad.
Piénsese que tales pronósticos se hicieron mientras gobernaba la recientemente laureada en Canadá como la mujer coraje 2010, la socialista de balneario Michelle Bachelet Jeria (funada justamente por ciudadanos chilenos por su militarización de la araucanía). La llegada de Piñera aseguraba que el desbande se acrecentara y así fue.
Salvo políticas comunicacionales la zona derruida sigue tal cual, el invierno se sorteó a base de caridad televisada y altamente rentable para los donantes-inversionistas. Mediaguas del hogar de cristo vendidas a siete veces su valor al fisco, armadas por militares y sonrientes voluntarios de un techo para Chile. Dinero público a raudales para los oligopolístas del retail de la construcción. Un manto de silencio mediático a la disidencia y represión a los que osaran mencionar lo ocurrido.
Todo lo anterior habría sido exactamente igual, salvo algunos matices estéticos, si la concertación hubiese seguido gobernando. La nota distintiva, la rúbrica de la “nueva forma de gobernar”, fue el de meter a martillazos un vergonzoso proyecto de falso royalty, una impunidad tributaria que se extendía a cambio de una “imposición voluntaria”.
Los estados, desde que existen, se definen por capacidad de imponer tributos. Nuestra innovadora clase política ha encontrado el modo de dejar de hacerlo y aún así reclamar soberanía sobre el territorio en que las multinacionales explotan los minerales. O quizá el ingenio de nuestra clase política es el de hacernos creer que esos minerales, que la constitución declara que son nuestros, simplemente no lo son y además tampoco es parte de nuestro país el sitio en que están emplazadas las explotaciones mineras. Así podríamos entenderlo todo más fácilmente: No nos pagan impuestos ni royalty porque no son ni nuestros los minerales ni se los explota dentro de nuestro territorio; sería una extensión del “país virtual” creado con el tratado binacional minero con Argentina.
Y mientras en Argentina se aprueba una ley de glaciares que deja a la Barrick Gold colgando como loro en el alambre, en Chile, o lo que queda de él, Camilo Escalona se abraza mientras ríe a carcajadas con Laurence Golborne, el señor Corales de la mina San José y autor del infame proyecto que extiende la impunidad tributaria (llamada eufemísticamente invariabilidad).
Porque jamás existió una discrepancia conceptual entre la concertación y el gobierno en este asunto. Para que se entienda el rol de nuestra clase política, como viles mercenarios de las mineras extranjeras, Aylwin, Frei y Lagos (tres de nuestros cuatro ex presidentes vivos) se reunieron de inmediato con Piñera en la Moneda para tratar de salvar el proyecto. Lagos declaró que Piñera estaba siendo testarudo (el camello hablando de jorobas) pues era posible un proyecto de consenso. Lagos Weber, el hijo del ex presidente que nos lo instalaron como una extensión del pecado original, explicó públicamente la tesis.
Pues bien, la carcajada de Escalona demostró que la intención de la concertación jamás fue la de pedir a las multinacionales el valor justo por nuestros minerales sino que se lo vendiera (o regalara) un poquitito menos barato.
Lo que hace diferente a Piñera de sus predecesores es que en vez que tener una cara de palo tiene una de acero inoxidable y revestida con teflón. Su infame proyecto de impunidad tributaria era tan abiertamente lesivo para el país como el aprobado en definitivas pero fue capaz de acusar a los opositores del mismo (los que sólo regateaban) de antipatriotas y opositores a la “reconstrucción nacional”.
Qué más se puede esperar de un prófugo de la justicia electo como mal menor ante un candidato aún más momio y tránsfuga que él como Eduardo Frei Ruiz Tagle. Así y todo, de malas ganas y a falta de alternativa, votó por Piñera menos de un tercio de la población nacional; sólo participan de las elecciones los mayores de cuarenta años, chilenos atropellados por la aplanadora de la realidad; sujetos sujetados que no son más que jirones de sueños rotos.
Cualquier coyuntura ha sido usada para incrementar su poder y el de los suyos.
Ya sabemos todos los desmadres producidos con la excusa de la “reconstrucción”.
Piñera trató de aprovechar la coyuntura del indulto bicentenario para aprobar una ley de punto final y hasta para hacerlo por decreto.
La movilización de los Mapuche para hacer más dura la ley antiterrorista limando las asperezas que pudieran hacerla susceptible de nulidad constitucional.
Se saca a los civiles de las cortes militares pero se deja a los milicos, y a los pacos, sujetos a ella (lo que asegura su impunidad) y además hace más duras las sanciones en contra del maltrato que pudieren recibir.
El show de los mineros enterrados en proceso de rescate para tratar de aprobar, entre gallos y medianoche, la central termoeléctrica de Barrancones. Aquí fue tanto el descaro que hasta el esnobismo farandulero se opuso con tenacidad revirtiendo la medida.
¿Qué más podíamos esperar de la aplicación del convenio 169 de la OIT?
Piñera envío un proyecto que no cuenta con la consulta previa que exige el documento, por lo tanto, será una aplicación fallida del instrumento internacional, una manera de rechazar el convenio sin admitirlo.
Los Mapuche y la ciudadanía en general están extenuados por la larga huelga, es fin de semana largo así que muchos están en la playa, pegando en la pera, borrachos, drogados o gastando el dinero que no tienen en conciertos de rock que se pueden escuchar en casa bebiendo una piscola... dicho de otro modo es el momento propicio para una nueva cuchufleta de nuestro presidente, un engendro de brazos cortos y dedos muy largos.
Y si fuera poco detrás de la cortina del montado rescate en la mina San José se podrían llevar el oro del banco central en un barco sin que nadie se entere.
¿Quién podrá defendernos? Quien debiera hacerlo es la oposición, aquella que se conduele con la situación del perraje para que voten por ellos en las próximas elecciones. Es decir, quien debiera defendernos es la misma concertación que acaba de vender su voto a las grandes mineras (por una suma no revelada).
Lo más probable es que no lo hagan, y que nuestro cansancio y desorganización lleven a la aprobación-desaprobación del convenio 169 de la OIT postergando las demandas indígenas, apagando con bencina el incendio en el sur y en Rapa Nui.
Los países tienen los gobiernos que se merecen y nos falta mucho trabajo para merecernos un estadista, un patriota, al menos alguien decente. Nos queda mucho por luchar y construir, ni Piñera ni los concertafachos darán algo sin que previamente sean amenazados; recordemos que nuestro presidente sólo da su brazo a torcer si por ello va a ganar millones de dólares o porque le secuestran un hijo.
11. Oktober 2010
¿Qué es el Royalty Minero?
¿Qué es el Royalty Minero?
El royalty, es una regalía que debe pagar quien explota un recurso, generalmente no renovable de un país. En sí no es un impuesto, es un derecho a , que se paga para poder extraer, en este caso los minerales. Y se les paga a todos los chilenos, a través de los pagos al Estado.
El 70% o más de la población, según una reciente encuesta del diario La Tercera, es partidaria del royalty, pero este diario no especifica, qué es este royalty, ni el cómo, ni el cuánto, o sea la gran mayoría de nuestros ciudadanos, están favor de esta regalía, pero no tienen claro cómo aplicarla.
En Chile hoy, existe un remedo de royalty, que se le aplica en una forma muy sesgada a no más de diez empresas mineras, y solo por una pasta, el Cobre.
El royalty, es una regalía que debe pagar quien explota un recurso, generalmente no renovable de un país. En sí no es un impuesto, es un derecho a , que se paga para poder extraer, en este caso los minerales. Y se les paga a todos los chilenos, a través de los pagos al Estado.
El 70% o más de la población, según una reciente encuesta del diario La Tercera, es partidaria del royalty, pero este diario no especifica, qué es este royalty, ni el cómo, ni el cuánto, o sea la gran mayoría de nuestros ciudadanos, están favor de esta regalía, pero no tienen claro cómo aplicarla.
En Chile hoy, existe un remedo de royalty, que se le aplica en una forma muy sesgada a no más de diez empresas mineras, y solo por una pasta, el Cobre.
10. Oktober 2010
Causa mapuche: La herida de Chile
La herida de Chile
José Aylwin
Le Monde Diplomatique (Chile)
Frente a la protesta social mapuche por la imposición de inversiones o los impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuche acusados de cometer actos terroristas.
El bicentenario ha dejado al descubierto una de las heridas más profundas de Chile, la de su relación con los pueblos originarios. Aunque desde el gobierno y la prensa se hayan esforzado en esconder esta herida, las celebraciones oficiales, al igual que las privadas, no han podido ignorarla.
Se trata de una herida antigua, consecuencia de la forma cómo el Estado chileno se construyó -a través de la imposición y la fuerza- sobre los territorios de estos pueblos, en muchos casos bastante después de 1810. En el caso del extremo sur, por ejemplo, el establecimiento de la soberanía chilena sobre Tierra del Fuego resultó en el exterminio del pueblo selknam u ona. En el caso de los mapuche, el Estado se constituyó sobre sus territorios ancestrales, los que les habían sido reconocidos por los españoles a través de parlamentos, mediante el copamiento militar y la radicación forzada de sus comunidades en menos de un 5% de sus tierras de ocupación ancestral.
A las políticas de asimilación forzada del siglo XIX, siguieron las de integración cultural del siglo XX, y más recientemente, aquellas impulsadas desde el Estado que han resultado en la expansión hacia sus comunidades de las inversiones forestales, hidroeléctricas, acuícolas, así como en la apropiación de sus recursos naturales.
Frente a la protesta social mapuche por la imposición de dichas inversiones, o los impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuche acusados de cometer actos terroristas, hecho que ha preocupado a diversas instancias de derechos humanos de la ONU.
Es esta realidad la que 34 personas mapuche privadas de libertad en distintos penales del sur en virtud de procesos o condenas por hechos vinculados a la defensa de sus tierras, considerados por el Estado como terroristas, han dejado al descubierto a través de la huelga de hambre que impulsan, protesta que en los días del bicentenario superaba los 65 días de duración. La huelga mapuche tiene como fundamento el reclamo de un derecho humano básico, que ningún Estado que se precie de democrático puede desconocer: el derecho a un juicio justo. Los huelguistas mapuche exigen además, el término de los abusos y maltratos de agentes del Estado en contra de sus comunidades, los que han causado la muerte o afectado la integridad física y síquica de quienes las integran, incluyendo niños y ancianos.
La actitud del mundo político frente a esta ya larga huelga ha dejado mucho que desear; basta señalar que hasta un par de semanas antes del bicentenario, tanto el gobierno como la oposición habían prestado poca atención a los mapuche y a sus demandas. Así, mientras el gobierno se negaba a todo diálogo e impulsaba acciones judiciales para alimentar forzadamente a los huelguistas, sectores de la oposición condicionaban el debate de los temas planteados por los mapuche al término de la huelga de hambre. Parte importante de la prensa, además, silenció esta huelga, posiblemente pensando que ello terminaría por desmotivarla.
A pesar de ello, los presos mapuche prosiguieron la huelga, con la convicción de estar demandando lo justo. El inminente riesgo de muerte de los huelguistas y el temor a que ella opacase las celebraciones del bicentenario, como si estas no hubiesen sido bastante opacas, llevó al gobierno -luego de haber trascurrido más de 50 días de huelga- a presentar dos iniciativas legales; la primera para reforma la ley antiterrorista que se les aplica, y la otra para la reforma de la justicia militar que conoce algunas de las causas que se siguen en su contra. Posiblemente el mismo temor llevó a muchos en la oposición concertacionista a apoyar -tardíamente- las demandas de los huelguistas, y a reconocer que la aplicación de ley antiterrorista en los procesos que se siguieron en su contra bajo las administraciones de Lagos y Bachelet, fue errada.
Mesa de diálogo
Aunque los proyectos de reforma legal presentados por el ejecutivo para estos efectos presentaban serias deficiencias desde la perspectiva de los derechos humanos -al mantener como delitos terroristas acciones que no necesariamente tienen tal carácter, como el delito de incendio; o al mantener la competencia de la justicia militar para conocer los delitos que militares cometen en contra de civiles-, ellos abrieron las puertas a un debate en el parlamento sobre las causas detrás de los conflictos que han llevado a los mapuche a la cárcel, y sobre los mecanismos para poner término a su juzgamiento arbitrario.
En días previos al bicentenario, además, el gobierno accedió públicamente a establecer una mesa de diálogo exigida por los mapuche en huelga de hambre con sus representantes y abogados, y la Iglesia Católica manifestó su disposición a actuar como facilitadora de dicho diálogo. Lamentablemente, las esperanzas que los anuncios del ejecutivo pudieron haber generado en los mapuche en huelga de hambre se han visto frustradas en los últimos días. Ello en primer término por el anuncio realizado por el presidente Piñera en el marco de las celebraciones del bicentenario de conformar una mesa de dialogo con representantes mapuche en torno al Plan Araucanía, iniciativa incluida en su programa de gobierno a instancias de sectores empresariales, omitiendo toda referencia o inclusión a los urgentes problemas planteados por los huelguistas mapuche.
Plan Araucanía
Dicho plan se orienta a promover la superación de la pobreza que afecta a la región, y particularmente a los mapuche, a través de la inversión pública y privada, del fortalecimiento del desarrollo productivo, fomentando la inserción regional en los mercados nacionales y globales. Tal propuesta se basa en la premisa errónea de que los problemas que afectan al pueblo mapuche y su relación con el Estado están únicamente vinculados a su condición de pobreza y que estos se resuelven con la inyección de recursos económicos y el desarrollo productivo. No se aborda en ella otras dimensiones de los problemas de relacionamiento entre éste y otros pueblos indígenas con el Estado chileno, tales como la necesidad de restituir sus tierras, territorios y recursos de propiedad legal y/o ancestral que les han sido usurpadas, la de su exclusión de las instancias en las que se toman decisiones sobre los temas que les conciernen, o el desconocimiento de su derecho a asumir el control de sus propios asuntos en materias políticas, económicas y culturales.
No se trata de cuestionar la necesidad de que el gobierno impulse el diálogo y la consulta con los pueblos los indígenas cuando proponga iniciativas como el Plan Araucanía u otras medidas administrativas o legislativas susceptible de afectarles. Por el contrario, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile, está obligado a ello. Sin embargo, tal como lo señala el mismo Convenio 169, uno de los requisitos de todo diálogo o consulta con los pueblos indígenas es que éste sea realizado de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias (art. 6.2).
Un análisis más profundo del diálogo propuesto por el presidente Piñera, en el contexto del bicentenario en torno al Plan Araucanía, nos lleva a concluir que éste no cumple con estos requisitos esenciales de toda consulta de conformidad con el Convenio 169. Ello por cuanto al no abordar la problemática de los presos mapuche en huelga de hambre, distrae la atención de su crítica realidad de salud y de la urgente necesidad de dar respuesta a sus exigencias de justicia, relegando el diálogo con ellos a un segundo plano, como en la práctica ha ocurrido.
La mesa de diálogo propuesta por el gobierno, además, no es apropiada a las circunstancias, ya que, como bien saben sus autoridades, ellas requieren de la atención urgente de la problemática que afecta a los presos mapuche, y de la solución de sus demandas de justicia, única forma de contribuir verdaderamente a promover el anhelado “reencuentro histórico” con el pueblo mapuche y otros pueblos indígenas en el año del bicentenario.
Las posibilidades de una solución a las demandas de los presos mapuche, y con ello a la huelga se han visto seriamente deterioradas además por la negativa del ejecutivo a aceptar los cambios introducidos en el Congreso por parlamentarios vinculados a la defensa de los derechos humanos a los proyectos de reforma legal que este propusiera. En efecto, la eliminación de los delitos en contra de la propiedad como delitos terroristas, la limitación introducida a la facultad de los particulares para interponer acciones por delitos terroristas, y las limitaciones en el plazo de las policías para poner a los detenidos por estos delitos a disposición de la justicia, fueron eliminadas en la tramitación del proyecto de ley antiterrorista en la Cámara a instancias del ejecutivo. Con ello se diluye la posibilidad de que los proyectos de reforma legal den respuesta a las demandas mapuche, y por lo mismo, permitan superar la huelga de hambre.
Lejos de abordarse esta herida de Chile en el marco del bicentenario ella se ve profundizada como consecuencia de la actitud del gobierno de Piñera. Mientras Chile siga maltratando a sus habitantes más antiguos, como nos dijera hace pocos años el fallecido Premio Nobel de Literatura José Saramago, mientras se siga identificando como un “Estado-nación” y no reconozca plenamente la diversidad étnica y cultural que representan los pueblos indígenas, así como los derechos que les corresponden como tales, lamentablemente se mantendrá la herida que la huelga dejó al descubierto.
www.lemondediplomatique.cl
José Aylwin
Le Monde Diplomatique (Chile)
Frente a la protesta social mapuche por la imposición de inversiones o los impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuche acusados de cometer actos terroristas.
El bicentenario ha dejado al descubierto una de las heridas más profundas de Chile, la de su relación con los pueblos originarios. Aunque desde el gobierno y la prensa se hayan esforzado en esconder esta herida, las celebraciones oficiales, al igual que las privadas, no han podido ignorarla.
Se trata de una herida antigua, consecuencia de la forma cómo el Estado chileno se construyó -a través de la imposición y la fuerza- sobre los territorios de estos pueblos, en muchos casos bastante después de 1810. En el caso del extremo sur, por ejemplo, el establecimiento de la soberanía chilena sobre Tierra del Fuego resultó en el exterminio del pueblo selknam u ona. En el caso de los mapuche, el Estado se constituyó sobre sus territorios ancestrales, los que les habían sido reconocidos por los españoles a través de parlamentos, mediante el copamiento militar y la radicación forzada de sus comunidades en menos de un 5% de sus tierras de ocupación ancestral.
A las políticas de asimilación forzada del siglo XIX, siguieron las de integración cultural del siglo XX, y más recientemente, aquellas impulsadas desde el Estado que han resultado en la expansión hacia sus comunidades de las inversiones forestales, hidroeléctricas, acuícolas, así como en la apropiación de sus recursos naturales.
Frente a la protesta social mapuche por la imposición de dichas inversiones, o los impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuche acusados de cometer actos terroristas, hecho que ha preocupado a diversas instancias de derechos humanos de la ONU.
Es esta realidad la que 34 personas mapuche privadas de libertad en distintos penales del sur en virtud de procesos o condenas por hechos vinculados a la defensa de sus tierras, considerados por el Estado como terroristas, han dejado al descubierto a través de la huelga de hambre que impulsan, protesta que en los días del bicentenario superaba los 65 días de duración. La huelga mapuche tiene como fundamento el reclamo de un derecho humano básico, que ningún Estado que se precie de democrático puede desconocer: el derecho a un juicio justo. Los huelguistas mapuche exigen además, el término de los abusos y maltratos de agentes del Estado en contra de sus comunidades, los que han causado la muerte o afectado la integridad física y síquica de quienes las integran, incluyendo niños y ancianos.
La actitud del mundo político frente a esta ya larga huelga ha dejado mucho que desear; basta señalar que hasta un par de semanas antes del bicentenario, tanto el gobierno como la oposición habían prestado poca atención a los mapuche y a sus demandas. Así, mientras el gobierno se negaba a todo diálogo e impulsaba acciones judiciales para alimentar forzadamente a los huelguistas, sectores de la oposición condicionaban el debate de los temas planteados por los mapuche al término de la huelga de hambre. Parte importante de la prensa, además, silenció esta huelga, posiblemente pensando que ello terminaría por desmotivarla.
A pesar de ello, los presos mapuche prosiguieron la huelga, con la convicción de estar demandando lo justo. El inminente riesgo de muerte de los huelguistas y el temor a que ella opacase las celebraciones del bicentenario, como si estas no hubiesen sido bastante opacas, llevó al gobierno -luego de haber trascurrido más de 50 días de huelga- a presentar dos iniciativas legales; la primera para reforma la ley antiterrorista que se les aplica, y la otra para la reforma de la justicia militar que conoce algunas de las causas que se siguen en su contra. Posiblemente el mismo temor llevó a muchos en la oposición concertacionista a apoyar -tardíamente- las demandas de los huelguistas, y a reconocer que la aplicación de ley antiterrorista en los procesos que se siguieron en su contra bajo las administraciones de Lagos y Bachelet, fue errada.
Mesa de diálogo
Aunque los proyectos de reforma legal presentados por el ejecutivo para estos efectos presentaban serias deficiencias desde la perspectiva de los derechos humanos -al mantener como delitos terroristas acciones que no necesariamente tienen tal carácter, como el delito de incendio; o al mantener la competencia de la justicia militar para conocer los delitos que militares cometen en contra de civiles-, ellos abrieron las puertas a un debate en el parlamento sobre las causas detrás de los conflictos que han llevado a los mapuche a la cárcel, y sobre los mecanismos para poner término a su juzgamiento arbitrario.
En días previos al bicentenario, además, el gobierno accedió públicamente a establecer una mesa de diálogo exigida por los mapuche en huelga de hambre con sus representantes y abogados, y la Iglesia Católica manifestó su disposición a actuar como facilitadora de dicho diálogo. Lamentablemente, las esperanzas que los anuncios del ejecutivo pudieron haber generado en los mapuche en huelga de hambre se han visto frustradas en los últimos días. Ello en primer término por el anuncio realizado por el presidente Piñera en el marco de las celebraciones del bicentenario de conformar una mesa de dialogo con representantes mapuche en torno al Plan Araucanía, iniciativa incluida en su programa de gobierno a instancias de sectores empresariales, omitiendo toda referencia o inclusión a los urgentes problemas planteados por los huelguistas mapuche.
Plan Araucanía
Dicho plan se orienta a promover la superación de la pobreza que afecta a la región, y particularmente a los mapuche, a través de la inversión pública y privada, del fortalecimiento del desarrollo productivo, fomentando la inserción regional en los mercados nacionales y globales. Tal propuesta se basa en la premisa errónea de que los problemas que afectan al pueblo mapuche y su relación con el Estado están únicamente vinculados a su condición de pobreza y que estos se resuelven con la inyección de recursos económicos y el desarrollo productivo. No se aborda en ella otras dimensiones de los problemas de relacionamiento entre éste y otros pueblos indígenas con el Estado chileno, tales como la necesidad de restituir sus tierras, territorios y recursos de propiedad legal y/o ancestral que les han sido usurpadas, la de su exclusión de las instancias en las que se toman decisiones sobre los temas que les conciernen, o el desconocimiento de su derecho a asumir el control de sus propios asuntos en materias políticas, económicas y culturales.
No se trata de cuestionar la necesidad de que el gobierno impulse el diálogo y la consulta con los pueblos los indígenas cuando proponga iniciativas como el Plan Araucanía u otras medidas administrativas o legislativas susceptible de afectarles. Por el contrario, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile, está obligado a ello. Sin embargo, tal como lo señala el mismo Convenio 169, uno de los requisitos de todo diálogo o consulta con los pueblos indígenas es que éste sea realizado de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias (art. 6.2).
Un análisis más profundo del diálogo propuesto por el presidente Piñera, en el contexto del bicentenario en torno al Plan Araucanía, nos lleva a concluir que éste no cumple con estos requisitos esenciales de toda consulta de conformidad con el Convenio 169. Ello por cuanto al no abordar la problemática de los presos mapuche en huelga de hambre, distrae la atención de su crítica realidad de salud y de la urgente necesidad de dar respuesta a sus exigencias de justicia, relegando el diálogo con ellos a un segundo plano, como en la práctica ha ocurrido.
La mesa de diálogo propuesta por el gobierno, además, no es apropiada a las circunstancias, ya que, como bien saben sus autoridades, ellas requieren de la atención urgente de la problemática que afecta a los presos mapuche, y de la solución de sus demandas de justicia, única forma de contribuir verdaderamente a promover el anhelado “reencuentro histórico” con el pueblo mapuche y otros pueblos indígenas en el año del bicentenario.
Las posibilidades de una solución a las demandas de los presos mapuche, y con ello a la huelga se han visto seriamente deterioradas además por la negativa del ejecutivo a aceptar los cambios introducidos en el Congreso por parlamentarios vinculados a la defensa de los derechos humanos a los proyectos de reforma legal que este propusiera. En efecto, la eliminación de los delitos en contra de la propiedad como delitos terroristas, la limitación introducida a la facultad de los particulares para interponer acciones por delitos terroristas, y las limitaciones en el plazo de las policías para poner a los detenidos por estos delitos a disposición de la justicia, fueron eliminadas en la tramitación del proyecto de ley antiterrorista en la Cámara a instancias del ejecutivo. Con ello se diluye la posibilidad de que los proyectos de reforma legal den respuesta a las demandas mapuche, y por lo mismo, permitan superar la huelga de hambre.
Lejos de abordarse esta herida de Chile en el marco del bicentenario ella se ve profundizada como consecuencia de la actitud del gobierno de Piñera. Mientras Chile siga maltratando a sus habitantes más antiguos, como nos dijera hace pocos años el fallecido Premio Nobel de Literatura José Saramago, mientras se siga identificando como un “Estado-nación” y no reconozca plenamente la diversidad étnica y cultural que representan los pueblos indígenas, así como los derechos que les corresponden como tales, lamentablemente se mantendrá la herida que la huelga dejó al descubierto.
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Máquinas de guerra: Blackwater, Monsanto y Bill Gates
Un reporte de Jeremy Scahill publicado en The Nation (Blackwater’s Black Ops, 15/9/2010) reveló que el ejército mercenario más grande del mundo, Blackwater (ahora llamado Xe Services) le vendió servicios clandestinos de espionaje a la trasnacional Monsanto. Blackwater cambió de nombre en 2009, luego de hacerse famosa en el mundo por las denuncias sobre sus abusos en Irak, incluidas masacres de civiles. Sigue siendo el mayor contratista privado del Departamento de Estado de Estados Unidos en "servicios de seguridad", es decir para practicar el terrorismo de Estado dándole al gobierno la posibilidad de negarlo.....
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